INTRODUCCIÓN
La corrupción de funcionarios en la administración pública en América Latina constituye un problema histórico y arraigado, cuya persistencia se extiende desde mediados de la década de 1985 hasta el año 2025. Este fenómeno ha generado repercusiones sustanciales en los planos filosófico, epistemológico, socioeconómico y político, afectando, de manera directa, el desarrollo integral de la región. El presente trabajo propone una revisión sistemática amplia que no solo analiza cómo las prácticas corruptas distorsionan la distribución de los recursos, alteran la estructura productiva y ralentizan el crecimiento económico en los países latinoamericanos, sino también examina las bases filosóficas y epistemológicas que las sostienen. Asimismo, se incorpora el estudio del papel emergente de la ciberseguridad como herramienta clave para su abordaje desde una perspectiva multidimensional.
La corrupción es concebida como el ejercicio indebido del poder en favor de intereses personales o de círculos próximos, la cual altera la distribución equitativa de los recursos, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones y suscitando cuestionamientos de gran calado en el ámbito de la ética política y la teoría del Estado (Ayul, Chaluisa, Shiguango & Miranda, 2024). Desde el plano filosófico, este fenómeno pone en tensión los principios de justicia y equidad, erosiona la legitimidad de las estructuras democráticas y repercute de manera directa en la cohesión social.
Castilla, Chipana & Caballero (2022), sostienen que la corrupción evidencia la aparición de marcos alternativos que cuestionan tanto la eficacia como la legitimidad de los sistemas gubernamentales. Este fenómeno merma la capacidad operativa de las instituciones públicas y transforma la relación entre el Estado y la ciudadanía, afectando la confianza social y debilitando la cohesión comunitaria. No obstante, la comprensión de estos impactos sigue siendo limitada, especialmente al considerar la diversidad y complejidad de la corrupción en distintos entornos. Cabe señalar que esta práctica propicia la conformación de redes informales que operan al margen de los marcos legales y formales del Estado y, cuyo efecto sobre la eficiencia y la justicia del sistema, aún no se encuentra plenamente esclarecido.
Es imprescindible realizar un análisis riguroso que determine en qué medida las reformas estructurales han enfrentado la corrupción, con especial atención a su contribución a la eficiencia institucional y a la mejora de los estándares de gobernanza. Este enfoque no debe limitarse a los efectos inmediatos, sino también considerar cómo las transformaciones reconfiguran de forma sostenida las relaciones entre administración, organizaciones y ciudadanía.
Desde una perspectiva epistemológica, el análisis de la corrupción en la administración pública latinoamericana exige un abordaje crítico que trascienda sus expresiones superficiales y se adentre en las condiciones estructurales que favorecen su persistencia. Entre estos factores destacan la concentración asimétrica del poder, la persistencia de marcadas desigualdades socioeconómicas y la ausencia de mecanismos sólidos y eficaces de rendición de cuentas.
El enfoque epistemológico y filosófico planteado en este estudio surge a partir de la consideración de la corrupción en Latinoamérica no como un problema únicamente técnico o administrativo, sino también como una realidad con dimensiones éticas y políticas de gran profundidad (Ayul et al., 2024; Tello & Cornejo 2023). En consecuencia, su abordaje requiere una estrategia integral que contemple tanto la implementación de reformas estructurales como la transformación de las actitudes y conductas individuales y colectivas en el seno de la sociedad y del Estado. La lucha contra este fenómeno no debe circunscribirse a la sanción de actos ilícitos, pero sí orientarse a la consolidación de una cultura de transparencia y rendición de cuentas, donde la ética y la justicia se erijan como fundamentos esenciales de la administración pública (Ayul et al., 2024; Tello & Cornejo 2023).
Tomando como base lo antes expuesto, el objetivo de esta investigación giró en torno a llevar a cabo un análisis profundo sobre la corrupción ejercida por funcionarios en la administración pública latinoamericana, poniendo especial énfasis en su relación con la eficacia organizacional. A través de la revisión de antecedentes históricos y el examen de casos representativos, se buscó ofrecer una visión renovada del modo en el cual este fenómeno ha incidido en la eficiencia y credibilidad de las instituciones públicas de la región. La evaluación se centró en su impacto sobre la eficacia, la transparencia y la justicia institucional, factores cuya degradación conlleva a una disminución de la confianza ciudadana y a un deterioro de la cohesión social.
MÉTODO
Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura científica, siguiendo los lineamientos establecidos por la declaración PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). El estudio se desarrolló bajo un enfoque descriptivo, orientado a recopilar, examinar y sintetizar información pertinente sobre la temática abordada. En este marco, la revisión consistió en un análisis minucioso de múltiples investigaciones, con el propósito de identificar hallazgos relevantes enfocados en la comprensión del fenómeno de la corrupción de funcionarios en la administración pública latinoamericana.
La selección de documentos se efectuó a partir de las bases de datos Scopus y SciELO, considerando un periodo de búsqueda comprendido entre 2018 y 2025. Se revisaron investigaciones desarrolladas en distintos países y publicadas en español e inglés, garantizando diversidad en el corpus. La selección consideró títulos, resultados y conclusiones vinculados con la temática, asegurando que los trabajos incluidos provinieran exclusivamente de revistas científicas indexadas, lo que garantizó la calidad y validez de las fuentes consultadas. Los criterios de inclusión se centraron en la relación de los estudios con las variables clave de la investigación, incorporando tanto enfoques cualitativos como cuantitativos. El proceso arrojó un total de 20 artículos pertinentes: 10 provenientes de Scopus y 10 de SciELO, seleccionados por su relevancia para la temática, todos ellos ajustados a los estándares requeridos. Para asegurar la relevancia y calidad de los materiales, se estableció como criterio principal la presencia de un enfoque de análisis científico de la corrupción de funcionarios en la administración pública latinoamericana. Solo se seleccionaron artículos publicados en revistas indexadas, con información actualizada y resultados directamente vinculados a los objetivos del estudio. La primera fase de depuración consistió en la revisión de títulos, resúmenes y metodologías, priorizando aquellos documentos de acceso abierto y con disponibilidad de texto completo. Asimismo, se descartaron trabajos que no cumplían con los objetivos de la investigación, conservándose únicamente aquellos que aportaban evidencia sólida y coherente con la línea de análisis planteada.
El proceso de exclusión de estudios se llevó a cabo siguiendo criterios metodológicos rigurosos. En primer lugar, se descartaron los documentos duplicados y aquellos que no cumplían con los estándares mínimos de calidad o pertinencia, tales como los que presentaban títulos, resúmenes o hipótesis desvinculados de la temática investigada. También fueron excluidos los artículos que no correspondían a investigaciones científicas, los que se encontraban incompletos o carecían de información verificable y confiable. De igual manera, se eliminaron los trabajos que no guardaban una relación directa con el objeto de análisis o que se encontraban fuera del periodo temporal establecido para esta revisión. Tras este proceso de depuración, se seleccionaron 20 estudios que reunieron los criterios de inclusión definidos, constituyendo una base sólida y representativa para el análisis, tal como se muestra en la Figura 1.
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Registros identificados en Scielo (n=30) |
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Filtrado |
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Registros excluidos por criterio de búsqueda: (n=50) |
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Elegibilidad |
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Artículos Seleccionados (n= 50) |
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Artículos excluidos a nivel de título y resumen (n= 10) |
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Artículos s texto completo evaluados para el estudio (n=40) |
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Artículos a texto completo excluidos por incumplir los criterios de inclusión (n= 20) |
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Incluidos |
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Artículos incluidos para el análisis (n=20) |
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Artículos de investigación cualitativos, cuantitativos y mixtos |
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Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos (adaptación PRISMA).
Elaboración: Los autores.
RESULTADOS
Tabla 1. Artículos elegidos para la revisión sistemática en Scielo y Scopus.
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N° |
BASE DE DATOS |
AUTORES/AÑO |
TITULO |
REVISTA |
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1 |
SCIELO |
Abello-Galvis, Ricardo, & Arévalo-Ramírez, Walter. (2022). |
Los actos de corrupción como violación del derecho internacional de los derechos humanos desde la responsabilidad internacional del Estado. |
Revista Estudios Constitucionales |
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2 |
SCIELO |
Alfaro, K. (2021). |
Corrupción
en el Perú y su incremento en el marco de la emergencia sanitaria |
Revista Economía y Negocios |
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3 |
SCIELO |
Basabe-Serrano, S. (2024). |
La corrupción judicial en América Latina: Ecuador en perspectiva comparada. |
Revista Perfiles Latinoamericanos |
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4 |
SCIELO |
Hernández, J. (2024). |
Luchando contra la corrupción en América Latina y el Caribe a nivel supranacional: equilibrios y desafíos de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. |
Revista Derecho Del Estado |
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5 |
SCIELO |
Cifuentes, M. & Navia, P. (2021). |
El combate a la corrupción como prioridad ciudadana para la acción gubernamental: El caso de Chile, 2000-2019. |
Revista Opinión Pública |
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6 |
SCIELO |
Pastrana, A. (2019). |
Estudio sobre la corrupción en América Latina. |
Revista Mexicana de opinión pública |
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7 |
SCIELO |
Sandoval, I. (2023) |
Institucionalización vs burocratización en el combate a la corrupción en México. |
Revista Gestión y política pública. |
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8 |
SCIELO |
Saha, S. & Sen, K. (2021). |
La relación entre corrupción y crecimiento: ¿Importa el régimen político? |
Revista de Economía Institucional |
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9 |
SCIELO |
Picón, C & Boehm, F. (2024) |
¿La democracia reduce la corrupción? Un análisis contrafactual causal entre países. |
Revista de Administración Pública. |
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10 |
SCIELO |
Zavaleta, E. (2023) |
La Corrupción en la Administración Pública y su impacto en el desarrollo político, económico y social, en el contexto Peruano. |
Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo |
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11 |
SCOPUS |
Palacios, J., Rodríguez, R., Fuerte, L. & Pereyra, V. (2022) |
Problemática de la corrupción en el Perú. |
Revista de Ciencias Sociales |
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12 |
SCOPUS |
Carlà, F. & García, M. (2024) |
Problemas y desafíos de la investigación histórica sobre la corrupción. La República Romana. |
Revista Eunomia |
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13 |
SCOPUS |
Cuzme, L. (2023). |
Hacia la comprensión de los determinantes históricos y macroeconómicos de la corrupción en el Ecuador: un estudio desde la criminología crítica. |
Revista Encuentros |
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14 |
SCOPUS |
Vaquero, A. & Cadaval, M. (2022) |
Reflexiones y propuestas para combatir la corrupción pública en la administración local. |
Revista Española de la Transparencia |
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15 |
SCOPUS |
Gutiérrez, M. Ángel. (2024). |
La detección de la corrupción en México y el Sistema Nacional Anticorrupción. Cuestiones Constitucionales. |
Revista Mexicana de Derecho Constitucional |
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16 |
SCOPUS |
González, M. (2022). |
¿Por qué los ciudadanos aceptan pagar sobornos? Tolerancia a la corrupción en América. |
Revista América Latina Hoy |
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17 |
SCOPUS |
Chaparro, H., Espinosa, A., & Páez, D. (2021). |
Percepción de eficacia en el control de la corrupción y su relación con el clima socioemocional y la identidad nacional en el Perú: Un estudio experimental. |
Revista De Psicología |
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18 |
SCOPUS |
Martínez, R. (2023). |
La corrupción en el Perú: situación, respuestas y resultados. |
Revista Oficial Del Poder Judicial |
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19 |
SCOPUS |
Meza, O. & Pérez, E. (2021) |
Corruption consolidation in local governments: A grounded analytical framework. |
Revista Public Administration |
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20 |
SCOPUS |
Rezzoagli et al. (2021) |
Privatización y corrupción: una revisión sistemática de la literatura. |
Revista Política y Sociedad |
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Elaboración: Los autores.
Los resultados del análisis plasmado en la tabla 1 evidencian que la corrupción de funcionarios ejerce un efecto profundamente negativo sobre la administración pública en Latinoamérica. De acuerdo con Abello & Arévalo (2022), este fenómeno puede configurarse como un hecho ilícito a nivel internacional desde la perspectiva de la responsabilidad del Estado, en tanto sus manifestaciones constituyen violaciones al derecho internacional de los derechos humanos tanto en el plano constitucional como en el internacional (Infante, Paronyan & Isea, 2024). En esta línea, algunos órganos de supervisión del sistema universal de las Naciones Unidas han comenzado a avanzar, aunque de manera cautelosa, en la consideración de este enfoque.
Pastrana (2019), sostiene que la corrupción deteriora múltiples dimensiones esenciales en la administración pública, al afectar no solo los procesos de gobernanza, sino también la protección e igualdad en el ejercicio de los derechos humanos, así como la transparencia y eficacia en la provisión de servicios públicos (Infante et al., 2024). Este fenómeno debilita, de manera sistemática, las instituciones políticas y sociales, a la vez que refuerza las brechas de desigualdad, obstaculizando tanto el desarrollo sostenible como el bienestar colectivo en las sociedades latinoamericanas. La corrupción en la administración pública constituye un obstáculo crítico para el desarrollo político, económico y social, al profundizar las desigualdades estructurales existentes. Según Alfaro (2021), subraya que el análisis de la relación entre corrupción y desigualdad social resulta esencial para comprender la magnitud del problema y formular estrategias integrales de mitigación. Al reconocer que la corrupción no solo distorsiona la gestión pública, sino también reproduce brechas sociales, permite plantear políticas más efectivas y sostenibles.
Los resultados recientes sobre la corrupción judicial no solo ofrecen una base para estructurar una agenda de investigación multinivel, sino también revelan la fragilidad institucional y la falta de independencia que caracterizan a muchos sistemas judiciales en Latinoamérica (Guerra, Isea & Infante, 2024). Según Basabe (2024), un análisis sistemático y multinivel permite comprender cómo estas prácticas de corrupción se reproducen en diferentes escalas, generando patrones que afectan la imparcialidad, la credibilidad y la eficacia de la justicia (Gómez & Troya, 2023). La persistencia de estas dinámicas pone en entredicho la autonomía judicial y perpetúa la desconfianza ciudadana hacia el Estado. Por ello, la lucha contra la corrupción en este ámbito no puede reducirse a sanciones aisladas, por cuanto requiere reformas estructurales profundas orientadas a garantizar la independencia judicial, fortalecer los mecanismos de control interno y consolidar una cultura institucional basada en la transparencia y la responsabilidad.
Hernández (2024), sostiene que la corrupción genera un impacto profundo y devastador sobre la administración pública y la gobernabilidad, al debilitar las bases mismas de las instituciones estatales. Este fenómeno deteriora la confianza ciudadana en sus representantes y pone en riesgo la consolidación del Estado de derecho. En contextos donde los mecanismos de control y supervisión carecen de solidez, la impunidad se convierte en un factor estructural que facilita la continuidad de prácticas corruptas. Dicho círculo vicioso no solo normaliza la corrupción, sino también erosiona la legitimidad del gobierno, comprometiendo la estabilidad democrática y debilitando las estructuras encargadas de garantizar justicia y equidad.
Cifuentes & Navia (2021), subrayan la relevancia de adoptar un enfoque integral que no limite el análisis de la corrupción a un fenómeno aislado, sino que lo examine en estrecha relación con la desigualdad social. Este abordaje multidimensional resulta clave para impulsar regulaciones gubernamentales más justas y efectivas, capaces de responder a las necesidades de toda la ciudadanía. En esta línea, combatir simultáneamente la corrupción y la desigualdad exige investigaciones que indaguen cómo las políticas anticorrupción pueden diseñarse de manera que garanticen la protección de los sectores más vulnerables. Tal perspectiva profundiza la comprensión de las dinámicas estructurales que perpetúan la exclusión, abriendo el camino hacia la formulación de soluciones inclusivas que fortalezcan la equidad y la justicia social.
Además, Zavaleta (2023), desarrolla un análisis comparativo que pone en evidencia diferencias sustanciales en la manera en la cual la corrupción es percibida en distintos contextos latinoamericanos, así como en su efecto sobre la confianza ciudadana y el desarrollo económico sostenible. Dichas variaciones permiten comprender que el impacto de la corrupción no es homogéneo, sino que depende de factores políticos, institucionales y sociales propios de cada país. Este hallazgo subraya la necesidad de diseñar estrategias diferenciadas de control y prevención, ajustadas a las particularidades nacionales, con el fin de fortalecer tanto la legitimidad institucional como las condiciones para un crecimiento económico inclusivo y sostenible.
Picón & Boehm (2024), plantea que resulta fundamental analizar cómo la democracia incide de manera directa en la disminución de la corrupción, atendiendo a los factores y procesos que posibilitan la consolidación de esta relación de forma efectiva en cada contexto nacional. Los estudios que abordan la interacción entre administración pública y corrupción son clave para comprender los retos que enfrentan los Estados en términos de gobernabilidad.
Saha & Sen (2021), sostienen que la corrupción ejerce un efecto negativo sobre el desempeño económico de los países. No obstante, en varias naciones del este y sudeste asiático se ha observado un crecimiento económico acelerado a pesar de la persistencia de altos niveles de corrupción en la administración pública, fenómeno conocido como la paradoja del este asiático. Una característica compartida por estos países es su carácter autocrático. A partir de este marco, los autores reevalúan la relación entre corrupción y crecimiento económico, encontrando evidencia de que dicha relación varía en función del régimen político. Asimismo, se concluye que, en las democracias, la corrupción elevada anula los beneficios potenciales del sistema político, impidiendo que la democracia contribuya al crecimiento económico de manera efectiva.
Según Sandoval (2023), las respuestas tecnocráticas tradicionales frente a la malversación sistémica resultan insuficientes, ya que suelen omitir factores decisivos como la gestión política y la persistencia de la impunidad. El autor plantea la necesidad de un enfoque estructural para comprender la corrupción, el cual se sustenta en lo que denomina el “doble fraude” estructural. Desde esta perspectiva, la corrupción trasciende la mera suma de conductas individuales y debe entenderse como un fenómeno profundamente enraizado en las dinámicas de poder. Dichas estructuras favorecen la reproducción de la dominación política, consolidando escenarios de impunidad que dificultan la transformación institucional. Como indica Palacios et al. (2022), la corrupción genera un proceso de deterioro progresivo en la gobernabilidad de la administración pública, al debilitar la legitimidad institucional y disminuir la confianza ciudadana en los órganos del Estado. Este fenómeno, lejos de ser aislado, desencadena un círculo vicioso que intensifica la crisis política y social, comprometiendo la estabilidad nacional y limitando las posibilidades de un desarrollo sostenible e inclusivo.
Según Vaquero & Cadaval (2022), en los últimos años la administración pública española ha experimentado con especial intensidad los efectos negativos de la corrupción, particularmente en el ámbito local. La fragmentación del sistema municipal genera estructuras de control menos rigurosas, lo que facilita prácticas corruptas, sobre todo en el sector urbanístico. Asimismo, la limitada capacidad institucional reflejada en la carencia de recursos humanos, materiales y tecnológicos debilita de forma significativa la capacidad de prevención y sanción de dichas conductas. En este contexto, los autores plantean diversas medidas orientadas a reforzar la integridad en la gestión pública, destacando entre ellas la necesidad de establecer una normativa estatal para regular la actividad de los grupos de presión o lobbies.
La corrupción constituye un fenómeno complejo y multidimensional que deteriora de manera profunda el funcionamiento de la administración pública. La corrupción engloba un conjunto de prácticas, conductas y actitudes tanto individuales como colectivas, percibidas como ilegítimas o contrarias a la moral, que desafían los principios y normas establecidos en la sociedad. En este sentido, se trata de una problemática que rebasa el ámbito jurídico, ya que también involucra dimensiones éticas y sociales, afectando las relaciones de poder, debilitando la confianza ciudadana y comprometiendo la estabilidad de las instituciones públicas (Ayul et al., 2024). Según Cuzme (2023), resulta fundamental comprender que la corrupción no debe entenderse únicamente como una suma de conductas individuales, sino como un fenómeno profundamente entrelazado con las estructuras de poder y las dinámicas sociales que favorecen su reproducción y permanencia en el tiempo.
González (2022), sostiene que la corrupción debilita la legitimidad gubernamental, amenazando la estabilidad y la eficacia de la democracia en el ámbito de la administración pública. La pérdida de confianza ciudadana desencadena dos efectos directos sobre la gobernabilidad. En primer lugar, limita la capacidad del Estado para diseñar e implementar políticas públicas efectivas, pues la corrupción obstaculiza la materialización de iniciativas orientadas a responder a las demandas sociales. En segundo lugar, deteriora la participación cívica, elemento esencial para el sostenimiento de un sistema democrático sólido, ya que la desconfianza institucional desincentiva el involucramiento ciudadano en los procesos políticos. Este círculo de deslegitimación y apatía termina por socavar los fundamentos democráticos y comprometer el bienestar colectivo.
Chaparro et al. (2021), llevan a cabo una revisión amplia del concepto de corrupción, explorando sus manifestaciones tanto en el plano individual como en sus dimensiones micro y macro sociales. El estudio se desarrolla desde un enfoque multidimensional que reconoce la complejidad del fenómeno, integrando variables de carácter psicosocial, estructural e institucional. Este aporte ofrece una mirada innovadora al resaltar el papel de los factores psicosociales en la configuración de la respuesta social frente a la corrupción, subrayando la importancia de comprender no solo sus implicancias normativas o políticas, sino también sus efectos en la dinámica social y en la confianza pública.
Martínez (2023), señala, a partir de su revisión estadística, que la tasa de denuncias vinculadas a corrupción constituye uno de los indicadores más relevantes del sistema penal peruano en los últimos años. Este incremento ha sido interpretado como reflejo tanto del fortalecimiento de los mecanismos institucionales de control y denuncia como de una mayor sensibilidad social frente a estos delitos. El estudio permite examinar de manera crítica la evolución reciente del tratamiento penal de la corrupción en el país, poniendo de relieve la relación existente entre el aumento de las denuncias. Todo ello se da en un contexto en el que la corrupción persiste como un fenómeno extendido y de difícil erradicación.
Gutiérrez (2024) tuvo como propósito examinar los mecanismos con los que cuenta el Estado mexicano para identificar y combatir la corrupción. En este marco, se analizó el diseño normativo, institucional y de políticas públicas adoptado por el país con miras a enfrentar este fenómeno. El estudio también revisa los antecedentes de las estrategias anticorrupción, señalando las principales reformas normativas y transformaciones estructurales que han dado lugar al régimen de responsabilidades actualmente vigente. Asimismo, se describe la implementación y operatividad del Sistema Nacional Anticorrupción, concebido para articular de manera más eficiente las acciones de prevención, detección y sanción de prácticas corruptas.
Meza (2021), sostiene que la corrupción se consolida y adquiere eficacia mediante la implementación de mecanismos que privilegian intereses particulares en el ámbito público y privado. Estos procesos se sustentan en beneficios personales, así como en la ausencia de transparencia y en ambigüedades de carácter estructural y normativo. Tales condiciones generan un impacto significativo en la administración pública.
Rezzoagli et al. (2021), subraya que la corrupción constituye uno de los problemas más persistentes en América Latina, con efectos que trascienden tanto a los gobiernos como a la sociedad en su conjunto. Las prácticas corruptas, al infiltrarse en dichos procesos, comprometen la transparencia y la equidad, generando resultados que no solo perpetúan la desigualdad, sino también erosionan la confianza ciudadana en las políticas estatales y en la capacidad del gobierno para gestionar de manera justa los recursos públicos.
DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos confirman que la corrupción constituye un fenómeno complejo, multidimensional y profundamente arraigado en las estructuras de poder de Latinoamérica. Tal como señalan Abello & Arévalo (2022), sus impactos van más allá de los ámbitos normativos o administrativos, alcanzando dimensiones sociales, económicas y políticas que comprometen seriamente la gobernabilidad y el desarrollo sostenible; sus manifestaciones no deben reducirse únicamente a conductas individuales ilícitas, sino que pueden ser entendidas también como violaciones de carácter internacional a los derechos humanos (Infante et al., 2024).
Se observa un consenso al considerar que la corrupción erosiona la legitimidad del Estado y debilita sus instituciones. Estudios como de Hernández (2024) y Palacios et al. (2022), destacan que la persistencia de la impunidad alimenta un círculo vicioso que normaliza estas prácticas, reduciendo la confianza ciudadana y minando la estabilidad democrática. Este hallazgo se refuerza con lo señalado por González (2022), quien enfatiza que la desconfianza institucional no solo obstaculiza la capacidad del Estado para diseñar políticas efectivas, sino que además disminuye la participación cívica, deteriorando la base misma del sistema democrático.
De manera complementaria, diversos autores plantean la necesidad de analizar la corrupción en relación con la desigualdad social. Alfaro (2021), Cifuentes & Navia (2021) subrayan que este vínculo resulta clave para comprender la magnitud del problema y diseñar políticas inclusivas que protejan a los sectores más vulnerables. En esa línea, la corrupción no se limita a distorsionar la gestión pública, sino que actúa como un mecanismo que reproduce desigualdades estructurales y amplía las brechas sociales, lo que coincide con lo advertido por Pastrana (2019) sobre los efectos negativos en la provisión de servicios públicos y la protección de derechos fundamentales.
La evidencia también muestra que el fenómeno no se presenta de manera homogénea en la región. Zavaleta (2023), aporta un análisis comparativo que revela diferencias en la percepción y en los efectos de la corrupción en distintos contextos latinoamericanos, lo cual indica que las estrategias de prevención y control deben adaptarse a las particularidades de cada país. Este planteamiento contrasta con visiones más generalistas, pues advierte que la implementación de políticas anticorrupción estandarizadas puede resultar insuficiente o ineficaz si no se ajusta a realidades políticas e institucionales específicas.
Otro aspecto relevante es el papel de la justicia y su relación con la corrupción. Basabe (2024), evidencia que la fragilidad institucional de los sistemas judiciales en la región contribuye a perpetuar prácticas corruptas, afectando la imparcialidad y la eficacia de la justicia (Gómez & Troya, 2023). En este sentido, las reformas aisladas resultan insuficientes, siendo necesario avanzar hacia transformaciones estructurales que fortalezcan la independencia judicial y consoliden mecanismos de control efectivos.
Asimismo, el análisis comparativo con contextos extra-regionales, como el estudio de Saha & Sen (2021), sobre la paradoja asiática, permite ampliar la discusión al mostrar que la relación entre corrupción y crecimiento económico no es lineal ni universal, sino que depende, en gran medida, de las características del régimen político. Este resultado invita a problematizar las categorías tradicionales que entienden la corrupción únicamente como un obstáculo para el desarrollo, y a reconocer que su impacto se configura de manera diferenciada según el contexto político y social.
En síntesis, los resultados discuten la corrupción como un fenómeno sistémico que no puede reducirse a conductas individuales, tal como lo plantea Cuzme (2023), sino que debe entenderse en estrecha relación con estructuras de poder, desigualdades sociales y dinámicas institucionales. Esta perspectiva integral permite replantear los marcos de análisis y las estrategias de intervención, subrayando la necesidad de políticas diferenciadas, inclusivas y estructurales que permitan avanzar hacia una gestión pública más legítima, eficiente y orientada al bienestar colectivo.
Finalmente, la revisión de las experiencias de México como indica Gutiérrez (2024) y en España como lo señala Vaquero & Cadaval (2022), muestran que los marcos normativos e institucionales han avanzado. Sin embargo, la sola existencia de estructuras legales no garantiza su efectividad debido a la limitada capacidad institucional y la persistencia de intereses privados en la gestión pública. Meza (2021) señala que el combate a la corrupción requiere no solo de normas, sino también de un cambio cultural profundo y de la implementación de políticas públicas sostenidas que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
CONCLUSIONES
El análisis realizado proporciona amplias evidencias para señalar que la corrupción de los funcionarios públicos dentro de la administración pública latinoamericana es un problema complejo y multidimensional que está profundamente arraigado en las estructuras políticas y economías de la región. No se trata de prácticas aisladas o meras desviaciones individuales, tampoco es un conjunto de incidentes aislados, ni desviaciones individuales, sino más bien un conjunto de interconexiones con el poder político, económico y social que han fortalecido las prácticas de impunidad y debilitado sistemáticamente el orden institucional legitimado.
Uno de los resultados más relevantes es que la corrupción de funcionarios no solo deteriora el funcionamiento administrativo del Estado, sino que debilita de manera integral la legitimidad de las instituciones públicas. La pérdida de confianza ciudadana se traduce en desafección política, menor participación social y una creciente percepción de impunidad que, en conjunto, erosionan los cimientos de la gobernabilidad democrática.
Es claro que la corrupción impacta directamente las crecientes desigualdades sociales, al privilegiar los intereses privados y sacrificar el bien común, extendiendo los amplios huecos de la exclusión histórica mientras restringe el acceso equitativo a oportunidades, servicios y recursos. El problema sigue existiendo principalmente debido a la falta de aplicación de la ley y a los débiles mecanismos de control. También hay evidencia que demuestra los efectos multiplicadores de la desigualdad de la corrupción.
Es fundamental mantener y ampliar las investigaciones sobre la dinámica de la corrupción y su estrecha relación con la desigualdad en distintos contextos. No basta con identificar los factores que favorecen la permanencia de estos fenómenos; también es necesario comprender las interacciones sociales, económicas y políticas que los alimentan y reproducen. Este enfoque permite desentrañar los mecanismos estructurales que sostienen prácticas corruptas y desigualdades persistentes, ofreciendo una visión más integral del problema.
No se trata únicamente de prácticas individuales ilícitas, sino de dinámicas sostenidas que reproducen desigualdad, erosionan la legitimidad institucional y consolidan redes de poder que operan al margen de la legalidad. Estas transformaciones deben concebirse como un proceso integral y continuo, capaz de generar instituciones más sólidas y legítimas, al tiempo que fomentan una cultura democrática basada en la confianza y el compromiso colectivo.
Una de las estrategias más relevantes en la lucha contra la corrupción de funcionarios es la incorporación de tecnologías de gobierno electrónico. El nivel de corrupción se reduce a medida que la gestión de tecnologías en cualquiera de los procesos aumenta. La incorporación del gobierno electrónico y el uso de internet ayudan en el trabajo y reducen el costo y el tiempo involucrados en los procesos. Las actividades relacionadas con la gestión, registro e informes, así como diferentes documentos oficiales, pueden ser completadas rápidamente, ya que se utilizan sistemas electrónicos. Los documentos y registros están protegidos y pueden ser recuperados rápidamente del almacenamiento. El acceso remoto y el acceso a muchos usuarios ayuda en la circulación rápida y la información puede ser transmitida rápidamente.
Otro aspecto crítico identificado es el impacto de la corrupción en los sistemas judiciales y de control, donde la falta de independencia, la fragilidad institucional y la prevalencia de redes de poder impiden una fiscalización efectiva. Este déficit fortalece la percepción de impunidad y debilita la credibilidad de los mecanismos de justicia, lo que agrava la desconfianza ciudadana hacia el Estado.
Para lograr una administración pública libre de corrupción, es necesario adoptar un enfoque estructural que vaya más allá de centrarse en comportamientos individuales para abordar los factores subyacentes que sustentan el fenómeno. Esto conlleva la reconfiguración de las instituciones para que sean más inclusivas, representativas y transparentes, de modo que los sistemas de control se fortalezcan y haya una distribución equitativa de recursos. Tal cambio no solo mejoraría la efectividad de la política pública, sino también ayudaría a cerrar las brechas de desigualdad que enfrentan muchos países de latinoamericana.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTOS
Gracias a quienes colaboraron con el desarrollo del presente análisis documental, por sus apreciables y significativos aportes.
REFERENCIAS CONSULTADAS
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