INTRODUCCIÓN

La Constitución del Ecuador de 2008 constituye el soporte esencial de los derechos humanos en la nación. La Constitución es una de las más avanzadas en la región en términos de reconocimiento y protección de derechos. En el entramado de los estados democráticos, los derechos fundamentales no son simplemente declaraciones programáticas; representan el pilar fundamental que sustenta la legitimidad del poder público y la convivencia social. Su reconocimiento, salvaguarda y aseguramiento efectivo son fundamentales para garantizar la dignidad propia de cada individuo y para restringir el uso arbitrario de la autoridad.

En este sentido, la fortaleza de una democracia se evalúa a través de la solidez de su sistema de derechos esenciales, demostrando su habilidad para balancear la autoridad gubernamental con las libertades y prerrogativas incuestionables de sus habitantes. Las políticas públicas deben responder de manera contundente y eficaz a las demandas ciudadanas, lo cual es esencial para una democracia que se valore de ser representativa y perceptiva (Bellei Tagle, 2024).

Por consiguiente, la conceptualización y defensa de los derechos humanos representan uno de los mayores logros civilizatorios, erigiéndose como un estándar universal de protección para la dignidad inherente de todo ser humano. A nivel global, la adopción de instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 sentó las bases para un consenso internacional sobre los principios de libertad, igualdad y justicia. Sin embargo, su implementación y garantía efectiva no se limitan a un marco mundial; se contextualizan y adaptan a las realidades específicas de cada región (Berrocal Duran et al., 2023).

El desarrollo de una sociedad realmente globalizada no puede desvincularse de una comprensión y aplicación sólida de los derechos humanos, que actúen como un marco ético y jurídico para la interacción y coexistencia entre diversas culturas y sistemas políticos en un mundo cada vez más interdependiente (Santano, 2020).

Ante este panorama, la Constitución de la República del Ecuador, proclamada en 2008, representa un giro fundamental en la historia jurídica y política del país y de la región. Más allá de ser un mero compendio de normas, esta Carta Magna se instituyó como un verdadero fundamento en la garantía y protección de los derechos, adoptando un enfoque innovador y progresista. Su diseño no solo amplió significativamente el catálogo de derechos reconocidos, incluyendo no solo los tradicionales derechos civiles y políticos, sino también una robusta gama de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, además de incorporar los pioneros Derechos de la Naturaleza. Este texto constitucional también fortaleció los mecanismos y garantías para la efectiva justiciabilidad de estos derechos, sentando las bases para un Estado constitucional de derechos y justicia. Así, la Constitución de 2008 redefinió la relación entre el Estado, la sociedad y los individuos, elevando la dignidad humana y la protección ambiental a un nivel sin precedentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Núñez Bucay et al. (2023), señalan que la Constitución de 2008 estableció un Estado constitucional de derecho, caracterizado por la supremacía normativa, un catálogo de derechos fundamentales, un órgano de control jurisdiccional y la rigidez constitucional. En este contexto, los derechos son concebidos como "lo indecidible por el constituyente", y las garantías constitucionales, normativas, políticas públicas y jurisdiccionales, son los instrumentos que aseguran su desarrollo progresivo y protección eficaz. Sin embargo, sin paz social, se menoscaban otros derechos fundamentales como la seguridad, la educación, la salud y la participación ciudadana, frenando el desarrollo integral de la sociedad (Duque Salvador et al., 2024).

En tal sentido, esta Constitución, pionera en la región, no solo establece un extenso catálogo de derechos fundamentales, sino que también articula de manera explícita mecanismos y principios orientados a asegurar que el Estado, a través de sus políticas públicas, sea un garante efectivo de esos derechos. (Díaz Salambay et al., 2024). Así mismo, la materialización en la protección de los derechos abarca desde la eficacia de los mecanismos de garantía jurisdiccional (como la acción de protección), hasta el desarrollo de políticas públicas inclusivas y la generación de una cultura de respeto y exigibilidad. Este proceso complejo y continuo enfrenta diversos obstáculos, como la persistencia de desigualdades, la capacidad institucional del Estado y los retos en la ejecución de las sentencias.

Por ejemplo, la justicia indígena es presentada como un sistema versátil para resolver conflictos internos, pero sujeta a las normativas constitucionales, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la participación de las mujeres. Un mecanismo clave para asegurar este cumplimiento es la acción extraordinaria de protección, interpuesta ante la Corte Constitucional, que actúa como garante de la supremacía constitucional frente a las decisiones de la justicia indígena (Laaz Hidrovo y Garay Delgado, 2024).

Surge la siguiente interrogante ¿La Constitución de la República del Ecuador de 2008 y su desarrollo jurídico posterior han configurado la protección de los derechos fundamentales? Se formula como objetivo general analizar los derechos fundamentales en Ecuador y su protección jurídica y constitucional actual.

MÉTODO

La investigación se lleva a cabo mediante un diseño bibliográfico-documental, para ello, se conforma una población de estudio basada en documentos escritos, trabajos arbitrados, normas y leyes. Toda la información recopilada se somete a un análisis de contenido detallado para así obtener los resultados presentados.

Para la generación de nuevo conocimiento, se aplica el método analítico-sintético. Este método implica la descomposición mental del sistema estudiado en sus componentes para una comprensión profunda, seguida de una síntesis crítica de la información. Este proceso permite construir un método de análisis del fenómeno de estudio y, en consecuencia, producir información relevante.

Adicionalmente, se emplea el método inductivo-deductivo. Este enfoque, según Dávila (2006), se basa en la exploración rigurosa de los hechos para el descubrimiento de la verdad, evitando especulaciones. De esta manera, se transita desde afirmaciones generales hacia conclusiones específicas, enriqueciendo el análisis y la interpretación de los hallazgos.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

La constitución de 2008 como constitución de derechos

La Constitución de la República del Ecuador, establecida en 2008, superó el concepto convencional de una ley esencial para establecerse como una Constitución de Derechos. Esto implicó no solo una actualización del sistema legal del país, sino que también reconfiguraba la relación entre el Estado y los ciudadanos al situar la salvaguarda y garantía de los derechos humanos en el núcleo de su estructura. A diferencia de textos constitucionales previos, la Carta Magna de 2008 adoptó una visión integral y progresista, ampliando significativamente el catálogo de derechos a dimensiones no convencionales como los derechos de la naturaleza y los del Buen Vivir, y estableciendo mecanismos robustos para su justiciabilidad. Esta transformación profunda la posicionó como un referente en el constitucionalismo latinoamericano, marcando un compromiso estatal explícito con la defensa y promoción de la dignidad humana y el bienestar colectivo.

Montalvo Terán et al. (2024), destacan cómo la Constitución de la República del Ecuador de 2008 eleva la seguridad jurídica a la categoría de principio rector del sistema legal. Esto implica que las leyes, reglamentos y actos administrativos deben ser claros, coherentes, no retroactivos (salvo excepciones constitucionales) y aplicados de manera uniforme y predecible. La seguridad jurídica es vital porque permite a los ciudadanos planificar sus acciones, conocer sus derechos y obligaciones, y tener la certeza de que las decisiones judiciales y administrativas serán consistentes con el marco normativo vigente.

La Constitución de 2008 marcó un precedente al reconocer a la naturaleza como sujeto de derechos, dotándola de la capacidad de ser protegida y restaurada. Sin embargo, el autor subraya que la mera enunciación de estos derechos no garantiza su efectividad. Aquí es donde entran en juego las garantías políticas, concebidas como la voluntad y la capacidad estatal para traducir esos derechos en acciones concretas a través de políticas públicas ambientales robustas y eficaces (Lozano Espinoza, 2024). Igualmente, Chamorro-Pinchao et al. (2021), destacan que la Constitución de 2008, al incorporar el Buen Vivir, introdujo una filosofía de vida que va más allá del crecimiento económico, centrándose en la armonía con la naturaleza, el desarrollo humano pleno y la satisfacción de las necesidades esenciales para una vida digna y colectiva.

Por otro lado, bajo esta Constitución, la Corte Constitucional del Ecuador se constituyó como el máximo órgano de interpretación y aplicación de la Carta Magna, asumiendo un rol central en la defensa de los derechos y la supremacía constitucional. Esto implicó la instauración de una serie de garantías jurisdiccionales. (Zambrano Moran et al., 2022).

Mecanismos de protección jurídica y constitucional de los derechos

Los instrumentos, elaborados meticulosamente por el sistema legal, actúan como protecciones fundamentales que habilitan a los ciudadanos a demandar el respeto de sus derechos, rectificar las infracciones y, finalmente, restringir la autoridad del Estado. Desde acciones directas ante tribunales hasta procedimientos administrativos y la labor de organismos especializados, estos mecanismos aseguran que la Constitución no sea una promesa vacía, sino una norma viva y operativa que tutela efectivamente la dignidad y las libertades de las personas.

Así mismo, el derecho al trabajo en el contexto de los derechos humanos en general, su garantía efectiva es interdependiente con la realización de otros derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda. (Hernández-Infante et al., 2025). En este mismo orden, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana ha sido el motor principal para el reconocimiento y la evolución efectiva de los derechos, entre ellos los de la naturaleza, transformando la innovadora previsión constitucional en un conjunto de principios y decisiones vinculantes que marcan un referente global en el constitucionalismo ambiental (Martínez Moscoso et al., 2023).

A pesar del catálogo extenso de derechos y principios que caracterizan a la Constitución de 2008, considerada una de las más avanzadas de la región, este texto no está exento de dificultades. Entre ellas, se señalan las lagunas interpretativas y los conflictos de competencia que surgen entre los diferentes organismos del Estado (López, 2024).

La Corte Constitucional y el acceso a los derechos fundamentales en Ecuador

El siguiente cuadro presenta una selección de trabajos de investigación que abordan dos aspectos cruciales del sistema ecuatoriano. Por un lado, se examina el rol de la Corte Constitucional ecuatoriana como árbitro, analizando su influencia en la interpretación y aplicación de la Constitución, así como su papel en la resolución de conflictos entre poderes del Estado y en la garantía de los derechos fundamentales. Por otro lado, estos estudios también exploran los diversos problemas de acceso a los derechos que enfrenta la ciudadanía en Ecuador. La recopilación de estos trabajos permite una comprensión más profunda de las falencias que se tienen que superar y las dinámicas que impactan la efectiva administración de los derechos fundamentales en el país.

Tabla 1.

Investigaciones.

Autor(es)	Estudio	Aportes	Aspecto
Cruz Santos (2022)	La Corte Constitucional del Ecuador (CCE): la labor de la jurisdicción constitucional como límite de las funciones estatales y algunas de sus críticas.	El texto destaca que la existencia de la jurisdicción constitucional, encarnada en la Corte Constitucional del Ecuador, es esencial para asegurar la posición suprema de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Esta labor de la CCE funciona como un límite fundamental a las funciones estatales, asegurando que el ejercicio del poder por parte de los diversos órganos del Estado se mantenga dentro de los confines establecidos por la Carta Magna.	Rol de la Corte Constitucional.
Puedmag Usiña et al. (2024)	Observatorio digital para el monitoreo y control del derecho a la justicia.	Un hallazgo significativo de la investigación es que la discriminación por etnia fue identificada como el acto de injusticia más frecuente en la zona de estudio. Esta revelación subraya la persistencia de barreras que impiden el pleno ejercicio del derecho a la justicia para ciertos grupos de la población, haciendo aún más apremiante la necesidad de mecanismos de monitoreo y control.	Problemas de acceso a los derechos.
Vargas Yumbo et al. (2024)	La desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador.	La investigación revela que, en la práctica ecuatoriana, estas garantías están siendo "desnaturalizadas", lo que se manifiesta en sentencias y resoluciones que, en ocasiones, contravienen la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La propia Corte Constitucional ha señalado que esta desnaturalización constituye un "fraude a la confianza" depositada en los jueces.	Problemas de acceso a los derechos.
López Torres (2023)	Tendencias sobre política criminal en Ecuador: Desafíos en la protección de los derechos ciudadanos.	Enfatiza el desafío de garantizar una justicia equitativa y el respeto a los derechos humanos en un contexto de alta presión social por resultados en materia de seguridad.	Problemas de acceso a los derechos.
Chinga Aspiazu (2022)	La Corte Constitucional del Ecuador. ¿El sexto poder del Estado?	La investigación profundiza en la evolución del constitucionalismo en Ecuador y el papel determinante que la Corte Constitucional ha asumido en la protección de los derechos y en la configuración del modelo de Estado.	Rol de la Corte Constitucional.
Véliz Valencia (2022)	Contribución de la Constitución de la República del Ecuador en la ampliación del término persona.	Destaca un cambio significativo: la designación de la naturaleza como sujeto de derechos. Este punto es crucial para la discusión sobre la definición precisa del término "persona".	Rol de la Corte Constitucional.

Elaboración: Los autores.

En este marco, la Corte Constitucional del Ecuador se erige como el máximo órgano de interpretación y aplicación de la Constitución, asumiendo un rol central en la defensa de los derechos y la supremacía constitucional a través de diversas garantías jurisdiccionales. No obstante, a pesar de su extenso catálogo de derechos y principios avanzados, la Constitución de 2008 enfrenta dilemas importantes. Se han identificado lagunas interpretativas, conflictos de competencia entre organismos estatales y, preocupantemente, la "desnaturalización" de las garantías jurisdiccionales por medio de sentencias que, en ocasiones, contravienen el espíritu constitucional.

CONCLUSIONES

La Constitución de la República del Ecuador de 2008 representa un fundamento en el constitucionalismo latinoamericano, al trascender la noción tradicional de una ley suprema para establecerse como una Constitución de Derechos. Este cambio reconfiguró profundamente la relación entre el Estado y la ciudadanía, colocando la salvaguarda y garantía de los derechos humanos en el centro de su estructura jurídica. Su visión integral y progresista amplió significativamente el catálogo de derechos a dimensiones no convencionales, como los derechos de la naturaleza y los del Buen Vivir, y consolidó mecanismos robustos para su justiciabilidad. Esto la posicionó como un referente internacional, reflejando un compromiso estatal explícito con la dignidad humana y el bienestar colectivo.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/i1ch

Bellei Tagle, C. (2024). Derechos humanos para una mejor democracia: Un poco de contexto, dilemas y propuestas para el Chile de hoy. Aula Virtual, 5(12), e416. https://doi.org/10.5281/zenodo.14850318

Berrocal Duran, J., Villa Villa, S., Rojas Archila, G., y Bermúdez Gómez, J. (2023). Evolución de los derechos humanos en el contexto histórico de las democracias occidentales desde mediados del siglo XX a principios del siglo XXI. Justicia, 28(44), 55-64. https://doi.org/10.17081/just.28.44.6545

Chamorro Pinchao, C., Loor Cedeño, G., y Agreda Gómez, J. (2021). El buen vivir y la inclusión: Una reflexión desde la legislación educativa ecuatoriana. Revista Electrónica Educare, 25(2), 203-219. https://dx.doi.org/10.15359/ree.25-2.12

Chinga Aspiazu, Y. (2022). La Corte Constitucional del Ecuador. ¿El sexto poder del Estado? Iuris Dictio, (30), 25-40. https://n9.cl/5y395r

Cruz Santos, A. (2022). La Corte Constitucional del Ecuador (CCE): la labor de la jurisdicción constitucional como límite de las funciones estatales y algunas de sus críticas. Iuris Dictio, (30), 99-114. https://n9.cl/afxc0

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847

Díaz Salambay, K. M., Patiño Escobar, D. L., Toinga Cuvi, M. D., y Silva Montoya, O. F. (2024). Garantías de políticas públicas en la Constitución del Ecuador del 2008. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1), 635-645. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.3662

Duque Salvador, J. A., García Díaz, S. A., Venegas Andrade, J. B., e Infante Miranda, M. E. (2024). El derecho a la paz social como bien común, Alpachaca, Ibarra, Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1), 153-161. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.3458

Hernández Infante, R. C., Infante Miranda, M. E., Pupo Pupo, Y., e Isea Argüelles, J. J. (2025). El trabajo: Derecho humano fundamental. IUSTITIA SOCIALIS, 10(18), 170-181. https://doi.org/10.35381/racji.v10i18.4382

Laaz Hidrovo, P., y Garay Delgado, F. (2024). La acción extraordinaria de protección ante las decisiones de la justicia indígena. Cuestiones Políticas, 42(80), 175-195. https://n9.cl/9vs0di

López, I. (2024). Evolución de las constituciones del Ecuador: virtudes y desafíos hasta el año 2008. Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, 54(141), 1-22. https://doi.org/10.18566/rfdcp.v54n141.a2

López Torres, J. (2023). Tendencias sobre política criminal en Ecuador: Desafíos en la protección de los derechos ciudadanos. Revista Arbitrada Interdisciplinaria Koinonía, 8(Supl. 2), 925-948. https://doi.org/10.35381/r.k.v8i2.3000

Lozano Espinoza, M. (2024). Garantías políticas y la naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador de 2008. Cuestiones Políticas, 42(80), 30-44. https://doi.org/10.46398/cuestpol.4280.02

Martínez Moscoso, A., Alarcón Peña, P., y Sánchez Espinosa, M. (2023). Los derechos de la naturaleza en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana. Reconocimiento y evolución histórica. Díkaion, 32(1), e32117. https://doi.org/10.5294/dika.2023.32.1.17

Montalvo Terán, K. A., Yépez Enríquez, A. E., y Infante Miranda, M. E. (2024). La seguridad jurídica fundamentada en la normativa legal ecuatoriana. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1), 172-180. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.3463

Núñez Bucay, D. A., Suárez Merino, E. N., Cornejo Aguiar, J. S., & Benavides Salazar, C. F. (2023). Parámetros de procedibilidad de la acción extraordinaria de protección. IUSTITIA SOCIALIS, 8(1), 377-386. https://doi.org/10.35381/racji.v8i1.2742

Puedmag Usiña, D., Molina Gutiérrez, T., e Infante Miranda, M. (2024). Observatorio digital para el monitoreo y control del derecho a la justicia. Iustitia Socialis. Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Criminalísticas, 9(16), 95-113. https://doi.org/10.35381/racji.v9i16.3173

Santano, A. (2020). Derechos humanos para el desarrollo de una sociedad realmente globalizada. Opinión Jurídica, 19(38), 39-57. https://doi.org/10.22395/ojum.v19n38a2

Vargas Yumbo, J. A., Herrera Villacis, M. B., Chumbia Tungui, N. L., y Miranda Chávez, L. R. (2024). La desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1), 680–691. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.3666

Véliz Valencia, Y. (2022). Contribución de la Constitución de la República del Ecuador en la ampliación del término persona. Revista San Gregorio, (50), 201-215. https://doi.org/10.36097/rsan.v0i50.1764

Zambrano Moran, A. N., Ronquillo Riera, O. I., y Moreno Arvelo, P. M. (2022). Evolución del control constitucional en el Ecuador. IUSTITIA SOCIALIS, 7(12), 38-42. https://doi.org/10.35381/racji.v7i12.1574

©2025 por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

RESUMEN

Descriptores: Derechos humanos; constitución; sistemas jurídicos. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

INTRODUCCIÓN

MÉTODO

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

La constitución de 2008 como constitución de derechos

Mecanismos de protección jurídica y constitucional de los derechos

La Corte Constitucional y el acceso a los derechos fundamentales en Ecuador

Tabla 1.

Investigaciones.

Autor(es)

Estudio

Aportes

Aspecto

Cruz Santos (2022)

La Corte Constitucional del Ecuador (CCE): la labor de la jurisdicción constitucional como límite de las funciones estatales y algunas de sus críticas.

Rol de la Corte Constitucional.

Puedmag Usiña et al. (2024)

Observatorio digital para el monitoreo y control del derecho a la justicia.

Problemas de acceso a los derechos.

Vargas Yumbo et al. (2024)

La desnaturalización de las garantías jurisdiccionales en el Ecuador.

Problemas de acceso a los derechos.

López Torres (2023)

Tendencias sobre política criminal en Ecuador: Desafíos en la protección de los derechos ciudadanos.

Enfatiza el desafío de garantizar una justicia equitativa y el respeto a los derechos humanos en un contexto de alta presión social por resultados en materia de seguridad.

Problemas de acceso a los derechos.

Chinga Aspiazu (2022)

La Corte Constitucional del Ecuador. ¿El sexto poder del Estado?

La investigación profundiza en la evolución del constitucionalismo en Ecuador y el papel determinante que la Corte Constitucional ha asumido en la protección de los derechos y en la configuración del modelo de Estado.

Rol de la Corte Constitucional.

Véliz Valencia (2022)

Contribución de la Constitución de la República del Ecuador en la ampliación del término persona.

Destaca un cambio significativo: la designación de la naturaleza como sujeto de derechos. Este punto es crucial para la discusión sobre la definición precisa del término "persona".

Rol de la Corte Constitucional.

Elaboración: Los autores.

CONCLUSIONES

FINANCIAMIENTO

AGRADECIMIENTO

REFERENCIAS CONSULTADAS