INTRODUCCIÓN

La Cumbre Mundial sobre la alimentación efectuada en Roma en el año 1996 fue el escenario donde se definió por primera vez la seguridad alimentaria:

La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias, a fin de llevar una vida activa y sana. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 1996).

El concepto constituye una manera de abordar la lucha contra el hambre y la malnutrición a nivel mundial. También se reconoció que la seguridad alimentaria no depende solo de la disponibilidad de alimentos, sino también del acceso a esos alimentos por diferentes vías como la producción propia, el mercado o la asistencia alimentaria, y de su utilización adecuada en términos de nutrición (Kılıç, 2022; Zambiasi, 2023).

Por otra parte, está el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2) conocido como “Hambre Cero” que surge como prioridad global de la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se calcula que más de 600 millones de personas en todo el mundo se enfrentarán al hambre en el 2030 (Moran, 2015). Este objetivo tiene como meta erradicar el hambre para el año 2030, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición de todas las personas del planeta y promover una agricultura sostenible (Krutilin,2022; Maisiri, 2024).

A nivel regional, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San Salvador” de 1988 reconoce en su artículo 12 el derecho de toda persona a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual (Cuvi Rodríguez, 2022). Ante este enorme desafío los países de la región se percataron de que erradicar el hambre y la desnutrición no requería solo de voluntad política sino también de sistemas legales (Maffra & Hayes, 2023). Contar con un marco legal para la seguridad alimentaria en América Latina permite establecer una base sólida para ejecutar políticas públicas efectivas, establecer coordinaciones institucionales y crear sistemas alimentarios sostenibles.

Por su parte, la Ley Marco de Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria adoptada por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlamento Latinoamericano y Caribeño, 2012), establece un marco normativo integral para garantizar el derecho a la alimentación en la región. Esta legislación marco busca orientar a los Estados miembros en la creación de políticas públicas que promuevan la disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad de los alimentos, fortaleciendo la soberanía alimentaria mediante el apoyo a la producción local, la protección de los pequeños agricultores y la integración de enfoques intersectoriales. Asimismo, subraya la necesidad de adoptar medidas que reduzcan las desigualdades en el acceso a alimentos nutritivos y culturalmente apropiados, fomentando la cooperación regional para enfrentar los desafíos comunes en materia de la seguridad alimentaria. Su relevancia radica en: garantiza el derecho a una alimentación adecuada, refuerza la soberanía alimentaria protegiendo la producción local, fomenta la colaboración intersectorial e intergubernamental, protege a agricultores y productores, y asegura el cumplimiento de compromisos internacionales, como el ODS 2 (Lobo Guerra, 2022).

De esta manera, la implementación de marcos legales para abordar la inseguridad alimentaria en América Latina ha sido diversa y refleja tanto avances como retos significativos. Persisten problemas asociados a la efectividad en su aplicación, la falta de coordinación intersectorial y la sostenibilidad de las políticas públicas, lo que destaca la necesidad de realizar un análisis comparativo que permita identificar sus fortalezas y limitaciones en sus enfoques y resultados.

En el presente trabajo se realiza un estudio comparativo de las legislaciones sobre la seguridad alimentaria en ocho países de América Latina que cuentan con este marco legal, estos son: Guatemala, Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Perú y México. El análisis incluye el contexto histórico, los objetivos, las estructuras u organismos creados, los programas implementados y los desafíos encontrados en su implementación. Así, el objetivo fue evaluar cómo estas legislaciones son capaces de garantizar el derecho a la alimentación, identificando similitudes, diferencias y desafíos en su implementación. Cabe destacar que, factores como la pobreza estructural, la desigualdad social, el cambio climático y las crisis políticas limitan la capacidad de los países para garantizar el derecho a una alimentación adecuada. A su vez, las diferencias en los enfoques normativos reflejan desigualdades estructurales que dificultan una respuesta regional unificada y eficiente.

MÉTODO

Para desarrollar el presente análisis comparativo sobre el marco legal de la seguridad alimentaria en América Latina, se empleó un enfoque cualitativo fundamentado en un exhaustivo estudio documental. Este enfoque, se diseñó para garantizar la profundidad y precisión del análisis, por lo que se estructuró en una serie de etapas metodológicas que permitieron abordar de manera sistemática las complejidades inherentes al tema en cuestión.

Etapa 1. Selección de países y normativas.

Se identificaron ocho países de América Latina con legislación específica en materia de la seguridad alimentaria. La selección se basó en la existencia de leyes nacionales orientadas a garantizar el derecho a la alimentación, así como en la relevancia de sus marcos legales dentro del contexto regional.

Etapa 2. Revisión de fuentes legales.

Se analizaron textos legales, incluyendo constituciones, leyes específicas y decretos relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria en cada país. Igualmente, se revisaron informes de organismos internacionales, como la FAO, las Naciones Unidas y estudios académicos que evaluaron el impacto de estas legislaciones.

Etapa 3. Análisis heurístico-comparativo.

Se examinaron similitudes y diferencias entre los marcos legales utilizando heurísticas basadas en categorías como fueron: año de promulgación y vigencia, Enfoque normativo predominante (seguridad o soberanía alimentaria), instituciones creadas y su funcionalidad, programas y estrategias implementadas, principales avances y desafíos en la aplicación de las leyes

Etapa 4. Validación y triangulación de los resultados.

Los hallazgos obtenidos fueron contrastados con informes regionales y globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 2, y con evaluaciones independientes de la FAO. Esta triangulación aseguró la consistencia y fiabilidad de los resultados.

Etapa 5. Generación de conclusiones.

A través de un proceso de síntesis cognitiva, se identificaron patrones comunes y desafíos recurrentes en los marcos legales analizados. Estos resultados se integraron en una discusión crítica sobre la capacidad de los sistemas jurídicos para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria en la región.

RESULTADOS

Tras la implementación de los métodos previamente descritos, se procede a exponer los principales hallazgos obtenidos, los cuales permiten arrojar luz sobre los aspectos más relevantes del análisis realizado.

El derecho fundamental a la alimentación

Los derechos fundamentales son garantías inherentes a todas las personas, esenciales para proteger su dignidad y permitir su desarrollo en sociedad. Respaldados por constituciones y tratados internacionales, buscan asegurar la libertad, igualdad y dignidad frente a abusos de poder, promoviendo condiciones de vida justas (Moya, 2021). Aunque varían según el contexto jurídico, algunos derechos son reconocidos universalmente, como el derecho a la vida, igualdad, libertad de expresión, educación, salud, trabajo digno y un nivel de vida adecuado.

La seguridad alimentaria, entendida como el acceso continuo y equitativo a alimentos suficientes, seguros y nutritivos, es reconocida como un derecho fundamental dentro del marco de los derechos humanos (Kumar, 2022; Penelas Leguía, 2021). Este concepto se formalizó en el siglo XX, con la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconociendo el derecho a un nivel de vida que garantice salud y bienestar. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) instó a los Estados a erradicar el hambre (Arellano, 2021). En 1996, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación enfatizó que garantizar el acceso a alimentos es responsabilidad compartida (FAO, 1996). En 2004, la FAO fortaleció este compromiso con directrices para implementar este derecho. Esto exige políticas públicas inclusivas, participación activa de la sociedad civil y mecanismos de rendición de cuentas, convirtiendo la seguridad alimentaria en un pilar fundamental de la justicia social y la dignidad humana.

Seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe

En su informe del año 2023 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) enfatiza que no avanza adecuadamente el cumplimiento de la meta propuesta para el año 2030 (meta 2. de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) de erradicar el hambre y la inseguridad alimentaria

A nivel regional, América Latina y el Caribe, durante el 2021 y 2022 no tuvo una tendencia al aumento de la prevalencia de subalimentación, con una reducción de 7% en 2021 a 6,5% en 2022, significando que 2,4 millones de personas dejaron de padecer hambre en nuestra región. Esta tendencia también se observa respecto a la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, la cual disminuyó de un 40,3% en 2021 a 37,5% en 2022, significa que 16,5 millones de personas en América Latina y el Caribe dejaron de padecer la inseguridad alimentaria (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2023).

Sin embargo, la región presenta enormes desafíos. La prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave sigue estando por sobre la estimación global y en niveles superiores a los años previos a la pandemia de COVID. Además, da cuenta que las mujeres continúan padeciendo más la inseguridad alimentaria que los hombres y hay diferencias relevantes por subregiones.

El marco legal como garantía de la seguridad alimentaria en América Latina

El marco legal es clave para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria, al definir las obligaciones estatales para asegurar el acceso a una alimentación adecuada. Mediante leyes y políticas específicas, se crean condiciones que promueven la disponibilidad, accesibilidad y sostenibilidad de los alimentos, contribuyendo a erradicar el hambre y la malnutrición.

En América Latina, aunque la gran mayoría de los países han desarrollado políticas y planes para garantizar el derecho a la alimentación y la Seguridad o Soberanía Alimentaria o ambas, ocho países cuentan con leyes promulgadas que aplican para toda la población, estos son: Guatemala, Brasil, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Honduras , Perú y México, mientras que tres países han implementado leyes para garantizar la seguridad alimentaria a un sector de su población, en este caso se encuentra Argentina que cuenta con la Ley N.º 25.724 del 2003 (Congreso de la Nación de Argentina, 2003) mediante la cual se creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación (PNNA) para atender la emergencia alimentaria y las necesidades nutricionales de los sectores más vulnerables de la población: niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza. Bolivia con la Ley Nº622 de Alimentación Complementaria Escolar en el Marco de la Soberanía Alimentaria y la Economía Plural (Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, 2014) ley boliviana que regula la alimentación escolar y aprobada en el 2014. Colombia con la Ley 1355 de 2009 también conocida como la “Ley de la Obesidad” (Congreso de Colombia, 2009) promulgada en octubre del 2009 que surge en respuesta al creciente problema en Colombia de la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas, reconociéndolas como una prioridad de salud pública. Esta ley establece acciones específicas, como la obligación de los establecimientos educativos de garantizar la disponibilidad de frutas y verduras y adoptar programas de educación alimentaria.

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala.

En el marco legal, el artículo 99 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado debe velar porque la alimentación y nutrición de la población cumplan con los requisitos mínimos de salud.

El 6 de abril del 2005, se aprobó el Decreto-Ley 32-2005 (Congreso de la República, 2005) que establece el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN) y entró en vigencia a partir del 2 de mayo del 2005. Esta ley tiene un enfoque mandatorio orientado hacia la Seguridad Alimentaria y tiene como propósito mejorar las condiciones necesarias para superar la inseguridad alimentaria y nutricional, especialmente en las comunidades indígenas, áreas rurales y sectores urbanos marginales. Entre los principales logros de la ley se encuentran reconocer que las causas de la inseguridad alimentaria y nutricional en Guatemala son complejas y están relacionadas con múltiples aspectos del desarrollo. También establece que la formulación de políticas de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN) debe integrarse en las estrategias nacionales de reducción de la pobreza. Establece que el 0.5% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado se destine anualmente a programas y proyectos relacionados con Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

La ley crea organismos ejecutores como son: el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN), la instancia de Consulta y Participación Social (INCOPAS) y el Grupo de Instituciones de Apoyo (GIA).

De esta manera Guatemala se convirtió en el primer país de América Latina en establecer un marco legal para la seguridad alimentaria.

Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil

El marco jurídico de la lucha contra el hambre en Brasil inició con el Decreto N.º 4.582 de 2003, que estableció el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), organismo clave para articular políticas públicas, y se creó el programa Hambre Cero. En el 2004 la Ley N.º 10.836 (2004) creó el Programa Bolsa Familia, un sistema de transferencia de ingresos con impacto en la seguridad alimentaria de las familias vulnerables.

El 15 de septiembre de 2006 se aprobó la LOSAN o Ley Orgánica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Presidência da República, 2006) con enfoque mandatorio hacia la soberanía alimentaria. Sus objetivos incluyen la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) para garantizar el derecho a la alimentación, promover políticas públicas que aseguren acceso regular a alimentos de calidad sin comprometer otras necesidades esenciales, y fomentar prácticas alimentarias saludables, respetuosas de la diversidad cultural y sostenibles en los ámbitos ambiental, económico y social. La LOSAN establece el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA), responsable de asesorar al gobierno en la formulación de políticas y directrices para garantizar el derecho a la alimentación.

A partir del 2016 se comenzó a desmantelar el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN). Se recortaron drásticamente los presupuestos de programas clave, como el de distribución de alimentos para poblaciones vulnerables, cuyo financiamiento en 2018 cayó un 67 % respecto a 2014. Además, se eliminó el Ministerio de Desarrollo Agrario, crucial en la lucha contra la inseguridad alimentaria (Zimmermann y Delgado, 2022).

En 2019 se emitió la Medida Provisional n.º 870/2019, que marcó el inicio del desmonte del SISAN. Esta medida, luego convertida en la Ley n.º 13.844/2019, eliminó el CONSEA y desactivó temporalmente la Cámara Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CAISAN), debilitando las políticas de la seguridad alimentaria. En 2021, el Decreto n.º 10.713/2021 reestructuró la CAISAN, que retomó actividades en 2022 (Zimmermann y Delgado, 2022).

Desde 2022, Brasil ha implementado acciones para revitalizar el SISAN. En 2023 se restableció el CONSEA, recuperando la coordinación entre los niveles federal, estatal y municipal (Recine,2023). Esto incluyó la reactivación de los planes nacionales de la seguridad alimentaria (PLANSAN), suspendidos desde 2019, y reafirmó el compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 2, enfocado en erradicar el hambre y garantizar alimentos seguros y nutritivos para todos.

Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de Venezuela

La Ley promulgada mediante el Decreto N.º 6.071 el 14 de mayo de 2008, en vigor desde el 31 de julio del mismo año, busca garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en Venezuela. Basada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconoce la seguridad alimentaria como un derecho fundamental y promueve fortalecer la producción nacional, reducir importaciones y asegurar el acceso a alimentos nutritivos.

La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de Venezuela (Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, 2008) regula la distribución y comercialización de alimentos para garantizar su acceso equitativo. Además, impulsa la producción agrícola nacional, enfocándose en alimentos básicos para la autosuficiencia, y establece sistemas de almacenamiento estratégico para mantener reservas alimentarias frente a posibles contingencias.

Como parte de las instituciones que garanticen su implementación, la ley crea dos instituciones, estas son: El Consejo Nacional de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, encargado de coordinar las políticas y estrategias en materia de seguridad agroalimentaria y el Sistema Público Nacional para la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria que está conformado por organismos públicos que ejecutan las políticas relacionadas con la producción, distribución y consumo de los alimentos.

La implementación de la ley ha enfrentado desafíos significativos. A pesar de los esfuerzos por incrementar la producción nacional y garantizar la soberanía alimentaria, Venezuela ha experimentado períodos de escasez de alimentos y dependencia de importaciones (Herrera Cuenca et al., 2022).

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria de Ecuador.

La Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria (LORSA) (Asamblea Nacional de Ecuador, 2009), promulgada el 17 de febrero de 2009 y vigente desde el 5 de mayo de ese año, se enmarca en la Constitución de 2008 que define la soberanía alimentaria como un deber estatal y objetivo estratégico. Con un enfoque mandatorio, busca garantizar la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados para la población ecuatoriana, estableciendo mecanismos que promuevan la producción sostenible y aseguren el cumplimiento de esta obligación por parte del Estado.

La LORSA fomenta el acceso equitativo a la tierra y al agua, promueve la producción sostenible de alimentos, prohíbe el uso de semillas transgénicas y biotecnologías riesgosas, y establece instituciones clave para garantizar la seguridad alimentaria y combatir la desnutrición. Entre ellas, la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (COPISA), que promueve la participación ciudadana en políticas de soberanía alimentaria, y el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN), que coordina acciones de personas, instituciones y organizaciones en Ecuador.

Entre los programas creados se encuentran el Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador 2018-2025 (PIANE) que busca asegurar la atención integral en salud y nutrición, mejorar hábitos alimenticios y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria y el Programa Acción Nutrición del Ministerio de Salud Pública que incluye actividades como consejería en lactancia materna y monitoreo de salud y nutrición (Cordero Ahiman, 2022).

Estos esfuerzos reflejan el compromiso de Ecuador en abordar la seguridad alimentaria y la desnutrición, mediante la creación de instituciones y programas integrales que promueven la producción sostenible de alimentos y mejoran la nutrición de su población.

Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de Nicaragua.

En Nicaragua el 18 de junio del 2009 se promulga la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional también conocida como Ley No. 693 (Asamblea Nacional de Nicaragua, 2009) con un enfoque mandatorio equilibrado de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Entra en vigencia el 16 de julio del 2009 y su objetivo es garantizar el derecho de todos los nicaragüenses a acceder a alimentos suficientes y nutritivos asegurando su disponibilidad a través de políticas públicas estatales. La ley establece el Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASSAN) encargado de coordinar las políticas y acciones para garantizar la seguridad alimentaria en el país. La ley No. 693 promulgaba programas orientados a garantizar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos nutritivos, así como mejorar la productividad de alimentos para facilitar la autosuficiencia, fomentar la educación nutricional y hábitos de alimentación saludable y establecer mecanismos de control de la calidad de los alimentos.

Esta ley en la actualidad ha sufrido varias modificaciones debido a que su implementación ha enfrentado varios desafíos: crisis económicas, el cambio climático y desastres naturales han afectado la producción agrícola y la implementación efectiva de la ley (Fariñas González, 2024).

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SAN) de Honduras, es promulgada mediante el Decreto Nº25-2011, el 21 de marzo del 2011 y rige a partir del 7 de julio del 2011 (Tribunal Superior de Cuentas, 2011). Esta ley con enfoque mandatorio inclinado hacia la Seguridad Alimentaria, establece el marco normativo para estructurar, armonizar y coordinar acciones destinadas a mejorar la calidad de vida de la población hondureña, con especial la atención a los grupos más vulnerables responde a la necesidad de consolidar y fortalecer las acciones en materia de la seguridad alimentaria y nutricional, declarando esta temática como una prioridad nacional.

La ley SAN impulsa la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2010-2022 (ENSAN), que busca entre sus objetivos mejorar la disponibilidad y acceso a alimentos para las familias en situación de la inseguridad alimentaria, reducir la desnutrición crónica y aguda en la población infantil y fortalecer la producción agrícola sostenible y la resiliencia ante el cambio climático.

Para el cumplimiento de los objetivos la Ley SAN estableció la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN) y del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), responsable de diseñar, aprobar y evaluar las políticas públicas y programas en materia de la seguridad alimentaria y nutricional (Nazar Herrera, 2022).

A partir de la promulgación de la Ley SAN en Honduras se han desarrollado programas específicos en comunidades vulnerables, como son el Programa de Agricultura Familiar y el Programa de Alimentación Escolar.

A pesar de los esfuerzos realizados, actualmente Honduras se enfrenta a un desafío importante debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, el 50 % de los fertilizantes agrícolas importados en Honduras, provienen de Rusia y el incremento en el precio de estos insumos aumentará el costo de los alimentos (Lara y Vega, 2022).

La Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Perú

El 23 de julio de 2021 se promulga la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Perú conocida también como Ley N.º 31315 (Congreso de la República del Perú, 2021) y entra en vigencia el siguiente día 24 de julio. Se fundamenta en el reconocimiento del derecho de toda persona a una alimentación adecuada y saludable, en concordancia con la Constitución Política del Perú y compromisos internacionales en materia de derechos humanos y surge en respuesta a la necesidad de establecer un marco legal que permita el desarrollo de políticas públicas orientadas a garantizar la seguridad alimentaria.

Con un enfoque mandatorio en la seguridad alimentaria, la ley garantiza la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos nutritivos, especialmente para grupos vulnerables. Promueve la producción sostenible, fortaleciendo la agricultura familiar y las cadenas productivas locales, y establece mecanismos de coordinación interinstitucional para implementar políticas y programas eficaces. Crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASAN), encargado de articular acciones de entidades públicas y privadas, y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), como órgano rector responsable de formular, coordinar, monitorear y evaluar las políticas públicas en esta área.

La ley impulsa programas para fortalecer la agricultura familiar y garantizar la disponibilidad de alimentos. Además, prioriza estrategias de educación nutricional enfocadas en niños, niñas y adolescentes, y establece sistemas de vigilancia y monitoreo de la seguridad alimentaria a nivel nacional y regional.

A pesar de los esfuerzos, el Centro Peruano de Estudios Sociales ha publicado cifras alarmantes de aumento de la inseguridad alimentaria en el año 2024, donde el 51.7 % de la población se enfrenta a condiciones de la inseguridad alimentaria lo que representa más de 17.6 millones de peruanos, la cifra mayor en toda América Latina (Centro Peruano de Estudios Sociales, 2024).

La Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible de México

Aprobada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2024 (Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 2024) la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible tiene un enfoque mandatorio basado en el derecho humano a la alimentación, garantiza tanto la seguridad como la soberanía alimentaria. Se fundamenta en los principios de universalidad, interdependencia y sostenibilidad, promoviendo una alimentación suficiente, saludable y culturalmente apropiada para todos. La ley fomenta la producción local y sostenible, incluye políticas de nutrición y salud pública con enfoque ambiental, impulsa la educación nutricional y el acceso a información sobre alimentación saludable, y prioriza la atención a los grupos más vulnerables, asegurando su participación en decisiones relacionadas con la alimentación.

La ley crea el SINSAMAC (Sistema Intersectorial Nacional de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad), instancia de coordinación entre distintos niveles de gobierno y la sociedad civil y establece Consejos Intersectoriales Nacionales, Estatales y Municipales, como mecanismos para asegurar la implementación efectiva de las políticas alimentarias.

La ley promueve programas como las Canastas Normativas Regionales, que garantizan un consumo adecuado según las necesidades nutricionales y culturales de cada región; el Programa de Producción Sostenible y Autosuficiencia, que fomenta huertos comunitarios y establece reservas estratégicas de granos y semillas para emergencias; y el Programa para la Reducción del Desperdicio de Alimentos, que impulsa cadenas cortas de distribución, conectando directamente a productores y consumidores para minimizar el desperdicio por deterioro. Los actuales desafíos de la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible de México son en cuanto a su implementación, la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, también garantizar los recursos necesarios y establecer mecanismos de control y evaluación de los diferentes programas que debe ir de la mano de la educación y concienciación (Ibarra et al., 2025).Principio del formulario

DISCUSIÓN

Las leyes sobre seguridad y soberanía alimentaria en América Latina en el contexto de los derechos humanos y el marco normativo internacional, reflejan esfuerzos significativos para garantizar el derecho fundamental a una alimentación adecuada. Aunque comparten principios comunes, como la protección de derechos, la promoción de la inclusión social y el desarrollo sostenible, también presentan diferencias marcadas en sus enfoques, alcance y eficacia.

Los aspectos comunes de las leyes son en primer lugar el reconocimiento del derecho a la alimentación adecuada, todas las leyes analizadas, desde el Decreto-Ley 32-2005 de Guatemala hasta la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible de México, reconocen el derecho a una alimentación suficiente, saludable y culturalmente apropiada como un derecho fundamental, en concordancia con los tratados internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, todas crean estructuras institucionales ya sean sistemas nacionales o consejos intersectoriales encargados de coordinar y ejecutar políticas públicas relacionadas con la seguridad alimentaria. En tercer lugar, todas promueven la inclusión social y el desarrollo sostenible, enfatizando el fortalecimiento de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y la inclusión de sectores vulnerables en las políticas de la seguridad alimentaria, buscando abordar las desigualdades estructurales y fomentar sistemas sostenibles de producción y distribución.

A pesar de estas similitudes, las leyes presentan diferencias significativas en cuanto a su enfoque, alcance y énfasis específico. En cuanto al enfoque normativo, en Guatemala y Brasil, las leyes tienen un enfoque predominantemente mandatorio, con obligaciones claras para el Estado y la asignación de presupuestos específicos (0.5% del presupuesto en el caso de Guatemala). En países como Colombia y Bolivia, el enfoque es sectorial, con leyes orientadas a grupos específicos o problemas particulares, como la Ley de Alimentación Escolar en Bolivia y la "Ley de la Obesidad" en Colombia. Otro aspecto que las diferencia es el alcance y sostenibilidad. Las leyes de países como Ecuador y Nicaragua priorizan la soberanía alimentaria, incluyendo restricciones específicas como la prohibición de semillas transgénicas (Ecuador) o programas de educación nutricional. En contraste, Brasil y Perú han adoptado enfoques más amplios, orientados tanto a la seguridad como a la soberanía alimentaria, promoviendo la participación intersectorial y la sostenibilidad.

En el enfoque legislativo también presentan diferencias, países como Guatemala y Perú han adoptado un enfoque de la seguridad alimentaria, por otra parte, Ecuador y Venezuela enfatizan la soberanía alimentaria priorizando la autosuficiencia nacional y la reducción de la dependencia de las importaciones. En el caso de Nicaragua, Honduras, México y Brasil tienen un enfoque holístico e integral combinando elementos de seguridad y soberanía alimentaria en sus legislaciones.

En cuanto a los contextos de implementación y retrocesos, Brasil, a pesar de haber establecido un marco robusto con programas emblemáticos como "Hambre Cero", experimentó retrocesos significativos durante los años de 2016 a 2022. Sin embargo, en 2023, el país retomó sus compromisos en la materia. Sobre las particularidades culturales y normativas tenemos el caso de Ecuador que prohíbe explícitamente el uso de semillas transgénicas y tecnologías de alto riesgo, reflejando un compromiso con la biodiversidad y la sostenibilidad.

CONCLUSIONES

El análisis comparativo de las legislaciones sobre seguridad y soberanía alimentaria en América Latina permite reconocer los avances significativos en la consolidación del derecho a la alimentación como un pilar fundamental de las políticas públicas. A través de sistemas legales diversos, los países de la región han sentado las bases para garantizar la disponibilidad, el acceso y la sostenibilidad de los alimentos. Sin embargo, también se identifican importantes retos en cuanto a la implementación, financiamiento y adaptación de estas normativas a los contextos específicos de cada nación.

El reconocimiento del derecho a la alimentación en todas las legislaciones analizadas destaca como un logro significativo. A su vez, la creación de sistemas intersectoriales y consejos nacionales en cada país permite una coordinación más efectiva de las políticas, aunque persisten desigualdades en su funcionamiento debido a limitaciones presupuestarias y barreras administrativas. Las diferencias en los enfoques normativos y su implementación resaltan la diversidad cultural, política y económica de la región. Esta diversidad muestra que no existe un modelo único aplicable a todos los contextos, sino que las legislaciones deben adaptarse a las necesidades y realidades específicas de cada nación.

Finalmente, los desafíos estructurales, como la pobreza, el cambio climático y las crisis políticas, continúan limitando el impacto de las leyes en la erradicación del hambre y la desnutrición. En este contexto, resulta esencial fomentar la cooperación regional y fortalecer los mecanismos de evaluación y financiamiento para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas.

FINANCIAMIENTO

No monetario

AGRADECIMIENTO

A la RED-GEDI por el apoyo y articulación de los conocimientos para el dearrollo de la presente investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Arellano Esparza, C. A. (2021). Seguridad alimentaria y política pública: un desafío civilizatorio. Estudios sociales. Revista de alimentación contemporánea y desarrollo regional, 32(59). https://doi.org/10.24836/es.v32i59.1203

Asamblea Nacional de Ecuador. (2009). Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria. (Registro Oficial 583 Año 2009). https://n9.cl/9ye9e

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2008). Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. (Gaceta Oficial N.º 38.895). https://n9.cl/yoivt

Asamblea Nacional de Nicaragua. (2009). Ley No. 693: Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. (La Gaceta, Diario Oficial N.º 133) https://n9.cl/hcywi

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. (2024). Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible. (Diario Oficial de la Federación). https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAAS.pdf

Centro Peruano de Estudios Sociales. (2024). SOFI 2024: Perú alcanza el 51.7% en inseguridad alimentaria. https://n9.cl/l56r3

Congreso de Colombia. (2009). Ley 1355 de 2009. (Diario Oficial número 47.502) https://n9.cl/jwvft

Congreso de la Nación de Argentina. (2003). Ley 25.724: Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. (Boletín Oficial de la República Argentina 29 de abril de 2003). https://n9.cl/2oixe

Congreso de la República. (2005). Decreto 32-2005. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (Diario Oficial de Centro América). https://www.congreso.gob.gt/detalle_pdf/decretos/12814

Congreso de la República del Perú. (2021). Ley N.º 31315: Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. (Diario Oficial El Peruano). https://n9.cl/9w3b4

Cordero Ahiman, O. V. (2022). Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria de Ecuador. Revista chilena de nutrición, 49, 34-38. http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182022000400034

Cuvi Rodríguez, M. (2022). El derecho a la alimentación: Aportes para la nueva Constitución de Chile. Revista chilena de nutrición, 49, 11-16. http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182022000400011

Fariñas González, N. L. (2024). Producción Agrícola Sostenible y Seguridad Alimentaria en Nicaragua. Revista Electrónica de Investigación en Ciencias Económicas, 12(23), 19–43. https://doi.org/10.5377/reice.v12i23.18276

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia. (2014). Ley 622: Ley de alimentación escolar en el marco de la soberanía alimentaria y la economía plural. (715NEC). http://gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscar/622

Herrera Cuenca, M., Sifontes, Y., Ramírez, G., Hernández, P., Vásquez, M., & Maingon, T. (2022, December). Encuesta de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Venezuela 2020-2021. Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición (OVSAN). Anales Venezolanos de Nutrición, 35(2), 81-98. https://doi.org/10.54624/2022.35.2.002

Ibarra, E. O., Hernández, M., & Ortega-Ibarra, I. H. (2025). Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible: Nueva Política Pública para la Seguridad Alimentaria y Nutricional Mexicana. DIVULGARE Boletín Científico de la Escuela Superior de Actopan, 12(23), 59-6. https://n9.cl/sh09lz

Kılıç, R. (2022). The Problem of Hunger In The World and A New Model Proposal To Solve This Problem. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 11(21), 63-68. https://doi.org/10.55589/bsbd.1107538

Krutilin, A. A., Bazieva, A. M., Dugina, T. A., & Giyazov, A. T. (2022). Sustainable Agriculture for Food Security: Conceptual Framework and Benefits of Digitalization. In: Popkova, E.G., Sergi, B.S. (Eds.). Sustainable Agriculture. Environmental Footprints and Eco-design of Products and Processes. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8731-0_4

Kumar, P. (2022). Fight against hunger and poverty in rural India. J. Soc. Econ. Dev., 24(Suppl 1), 125-146. https://doi.org/10.1007/s40847-022-00217-w

Lara Arévalo, J., & Vega, A. (2022). Alternativas ante el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania en la seguridad alimentaria de Honduras. Innovare: Revista de ciencia y tecnología, 11(1), 52-54. https://n9.cl/qnzmt

Lobo Guerra, L. (2022). Relevancia de contar con leyes marco: La experiencia del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Revista chilena de nutrición, 49, 24-28. http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182022000400024

Maffra, L. & Hayes, H. (2023). The Fight against Hunger in Brazil: From Politicization to Indifference. Latin American Perspectives, 50(1), 149-164. https://doi.org/10.1177/0094582X231152905

Maisiri, M., Pherane, M., Ayantokun, P.B., Matooane, L.S., Dunn, M., & Matamanda, A.R. (2024). No Hunger SDG and Urban Health in Mangaung. En: Matamanda, A.R., Nel, V. (eds.) Sustainable Development Goals and Urban Health. Sustainable Development Goals Series. (pp. 33-48). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-68734-1_3

Moran, M. (2015). Hambre y seguridad alimentaria. Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

Moya, D. F. L. (2021). Las políticas públicas como garantía de los derechos fundamentales. Sociedad & Tecnología, 4(S1), 44-60. https://n9.cl/biwcv

Nazar Herrera, B. M. (2022). Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Honduras (LEY-SAN). Revista chilena de nutrición, 49, 29-33. http://dx.doi.org/10.4067/s0717-75182022000400029

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (2023). América Latina y el Caribe-Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2023: Estadísticas y tendencias. FAO; FIDA; OMS; PMA; UNICEF. https://doi.org/10.4060/cc8514es

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (1996). Informe de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. (FAO.org WFS 96/1). https://www.fao.org/4/w3548s/w3548s00.htm

Parlamento Latinoamericano y Caribeño. (2012). Ley Marco el Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria. (Sitio web oficial del PARLATINO) https://n9.cl/3vxji

Penelas Leguía, A., López Sanz, J.M., Gutiérrez Rodríguez, P., & Cuesta Valiño, P. (2021). Application of Cause-Related Marketing in the Fight Against Hunger: Case “Good Restaurants”. In: Galan-Ladero, M.M., Galera-Casquet, C., Alves, H.M. (Eds.) Cause-Related Marketing. Classroom Companion: Business. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-65455-9_8

Presidência da República. (2006). Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN).( Diário Oficial da União). https://n9.cl/smm25c

Recine, E. G. I. G. (2023). O Consea voltou! Ou como resistir em tempos desafiadores. Cadernos de saude publica, 39(6), e00086523. https://doi.org/10.1590/0102-311xpt086523

Tribunal Superior de Cuentas. (2011). Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Gob.hn; ( Biblioteca Virtual TSC). https://n9.cl/ixu14

Zambiasi, T. (2023). Ordinary Spaces and Extraordinary Transformations: Ação da Cidadania's Fight Against Hunger. R. Katál., Florianópolis, 26(3), 446-454. https://doi.org/10.1590/1982-0259.2023.e93189

Zimmermann, S. A., & Delgado, N. G. (2022). El desmonte del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sisan) y la garantía del Derecho Humano a la Alimentación en Brasil. Polis (Santiago), 21(63), 32-51. http://dx.doi.org/10.32735/s0718-6568/2022-n63-1771

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