INTRODUCCIÓN

El estudio de la problemática del abuso sexual (AS) en niños y adolescentes se sustenta en gran medida en el secreto que prevalece a nivel individual, familiar y social, y ha sido notablemente marginada en la literatura científica (Wald et al., 2019). Para entender sobre los factores de riesgo sociofamiliares en las víctimas de abusos sexuales intrafamiliares, es de carácter fundamental delimitar los términos Abuso Sexual, de lo cual el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, indica:

Artìculo.68.- Sin perjuicio de lo que dispone el COIP sobre la materia, para los efectos del presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio.

Las estadísticas a nivel mundial establecen que cerca del 25% de los niños menores de 5 años, lo que equivale a cerca de 176 millones, reside en un entorno doméstico donde su madre experimenta violencia basada en género, según datos de UNICEF (2021). En el contexto de Ecuador, según datos del año 2021, se observa que, en el año 2010, ocho de cada diez mujeres han experimentado violencia en algún momento de sus vidas. Paralelamente, se registra que un 21% de niños, niñas y adolescentes en el mismo período ha sido víctima de violencia sexual.

Es por ello que, el abuso sexual se configura como una forma de maltrato que presenta particularidades distintivas en sus aspectos médicos, psicológicos y judiciales (Villanueva Sarmiento, 2013). En el ámbito legal de Ecuador, el abuso sexual infantil es tratado como una violación grave de los derechos humanos, con disposiciones que establecen sanciones proporcionales a la gravedad de dicho delito. No obstante, la especificidad de la proximidad afectiva intrafamiliar introduce aspectos cruciales que requieren un análisis más detallado. Las complejidades que surgen en las relaciones familiares pueden obstaculizar la detección y denuncia de casos de abuso, subrayando así la importancia de un enfoque integral. Este enfoque no solo busca castigar el acto delictivo, sino también fomentar medidas preventivas y proporcionar apoyo a las víctimas (Martínez Bustos et al., 2019).

En este contexto, la comparación con legislaciones de otras jurisdicciones se presenta como una herramienta valiosa para identificar prácticas efectivas y áreas susceptibles de mejora. La exploración de experiencias internacionales ofrece una perspectiva enriquecedora que puede orientar tanto la reforma legal como la implementación de políticas más eficaces a nivel nacional. Países que han enfrentado desafíos similares pueden ofrecer valiosas lecciones aprendidas, resaltando estrategias exitosas o enfoques innovadores que podrían adaptarse de manera beneficiosa al contexto legal ecuatoriano.

En la presente investigación se plantea como objetivo general realizar un estudio comparado sobre el delito de abuso sexual infantil condicionado a la proximidad afectiva intrafamiliar.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

Se prestan a continuación los resultados obtenidos.

La protección de la integridad sexual como un bien jurídico resguardado se encuentra respaldada tanto por la Constitución del Ecuador como por los tratados internacionales, los cuales promueven la constante salvaguarda de la dignidad humana, siendo este principio la base de numerosos derechos. En el ámbito de los derechos de libertad, se destaca de manera explícita el derecho a la integridad personal, que se fundamenta en tres subprincipios: la integridad física, psicológica y sexual.

La integridad sexual busca evitar la interferencia de terceros en las decisiones personales sobre la sexualidad, preservando así la autodeterminación en este aspecto (Neyro Bilbao et al., 2015). Es responsabilidad del Estado proteger a los ciudadanos de acciones que puedan perturbar sus decisiones sexuales y afectar su desarrollo. Este deber del Estado va más allá del ámbito penal, ya que el Ecuador se define como un estado constitucional de derechos y justicia, donde todos los derechos consagrados en la Constitución son judicialízales. La materialización de estos derechos depende de garantías normativas, políticas públicas y jurisdiccionales.

Las garantías normativas permiten al legislador ajustar el marco jurídico a lo establecido en la constitución, asegurando que el principio de integridad personal esté formalmente presente en las normas. Por otro lado, las garantías de políticas públicas implican la creación de mecanismos preventivos ante situaciones que puedan alterar el orden social. Sin embargo, en la realidad ecuatoriana, falta un esfuerzo significativo en la implementación de políticas públicas dirigidas a mitigar delitos que afectan la integridad sexual y reproductiva.

Aunque las garantías normativas se aplican para promover la libertad sexual informada, la falta de iniciativas estatales en políticas públicas de prevención muestra una preferencia por la coerción a través de la tipificación de delitos sexuales. A pesar de que la vía ideal sería la prevención mediante políticas públicas, el Estado se inclina por sancionar a través de la coerción, lo que puede entenderse como una forma de populismo penal.

En el contexto legal de Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) contempla trece delitos específicos diseñados para sancionar conductas que constituyen infracciones contra la integridad sexual. Estos delitos están detallados en la legislación penal del país y se centran en proteger y preservar la seguridad y autonomía sexual de los individuos.

Las consecuencias psicológicas del abuso sexual infantil pueden manifestarse a través de cambios en el comportamiento, evitación del agresor, comportamientos sexualmente inapropiados, problemas físicos, dificultades en la escuela, y pistas indirectas que indican que el abuso está ocurriendo. Es crucial estar atento a estas señales para proporcionar la ayuda necesaria y prevenir que el menor continúe siendo víctima de abuso, especialmente cuando el agresor suele encontrarse en su entorno más cercano. La atención oportuna es imperativa para proteger al menor.

En Ecuador, la Constitución de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia reconocen la necesidad de proteger a los menores de cualquier forma de violencia, incluido el abuso sexual. La proximidad afectiva intrafamiliar, en este contexto, puede complicar la identificación y denuncia del abuso, ya que los lazos emocionales entre el agresor y la víctima a menudo generan barreras para que el menor revele la situación.

Uno de los desafíos que surgen en el marco de la proximidad afectiva intrafamiliar es la dificultad para obtener pruebas y testimonios. En muchos casos, las víctimas pueden sentir temor, lealtad conflicto y vergüenza, lo que dificulta su disposición a hablar sobre el abuso. Además, la sociedad a menudo enfrenta obstáculos para reconocer y abordar el abuso sexual dentro de la familia debido a la presión cultural, la privacidad familiar y la falta de conciencia sobre el tema.

Tabla 1.

Códigos Penales de Ecuador, España y México.

Aspecto	Código Orgánico Integral Penal de Ecuador	Código Penal de España	Código Penal Federal de México
Entrada en Vigor	2014	1995 (con modificaciones)	Legitimado en 1931 (con modificaciones)
Enfoque y Principios	Integralidad entre derecho penal sustantivo y adjetivo. Equilibrio entre derechos de la víctima y del procesado. Enfoque rehabilitador de la pena.	Rigidización con endurecimiento de penas.	Críticas por uso como instrumento primera ratio. Mínima intervención penal desafiada por contexto de violencia.
Abuso Sexual (Ejemplo: Art. 170 COIP - Art. 181 CP España - Art. 260 CP México)	- Penas de 3 a 5 años, 7 a 10 años si hay circunstancias agravantes. - Enfoque rehabilitador, busca la integralidad entre derechos.	- Penas de 1 a 3 años. - Penas de 4 a 10 años si hay acceso carnal. - Distinción de circunstancias agravantes.	- Penas de 6 meses a 4 años. - Penas de 2 a 5 años en casos específicos. - Agravantes relacionadas con la intervención de terceros, relaciones familiares, y abuso de confianza.
Protección a Víctimas y Procesados	Equilibrio entre derechos de víctimas y procesados. Busca la rehabilitación como fin de la pena.	Mayor rigidez en penas, con foco en castigo.	Contexto de violencia y críticas a la utilización del derecho penal en México.
Prisión Preventiva en Casos de Abuso Sexual	No se menciona como medida automática.	Puede ser otorgada de oficio en casos de abuso o violencia sexual contra menores.	Otorgada de oficio en casos de abuso o violencia sexual contra menores.
Consideraciones Específicas	- Integralidad entre derechos y procesos. - Enfoque rehabilitador.	- Rigidización con mayor énfasis en el castigo. - Distinción de circunstancias agravantes.	- Uso del derecho penal como instrumento prima ratio. - Agravantes relacionadas con la intervención de terceros y relaciones familiares.

Elaboración: Los autores

DISCUSIÓN

Los códigos penales de Ecuador, España y México, se evidencian diferencias sustanciales en sus enfoques y principios rectores, así como en la manera en que abordan el delito de abuso sexual. Estas discrepancias plantean desafíos y cuestionamientos desde una perspectiva jurídica y de derechos humanos.

Equilibrio entre derechos y procesos:

· Ecuador: El Código Orgánico Integral Penal (COIP) muestra un compromiso con la integralidad entre el derecho penal sustantivo y adjetivo, equilibrando los derechos de las víctimas con las garantías procesales de los acusados. Este equilibrio se refleja en la búsqueda de la rehabilitación como fin de la pena.

· España: El Código Penal español tiende a adoptar un enfoque más rígido y punitivo, evidenciado en el endurecimiento de penas. Este enfoque plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las sanciones y su coherencia con los principios fundamentales del derecho penal.

· México: El Código Penal Federal mexicano, aunque presenta disposiciones específicas, es criticado por su utilización como instrumento prima ratio en lugar de última ratio. Esto sugiere la necesidad de reconsiderar la proporcionalidad de las intervenciones penales en un contexto de violencia.

Prisión preventiva y presunción de inocencia:

· Ecuador: No se menciona la prisión preventiva de manera automática, lo que respeta la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

· España: La posibilidad de otorgar prisión preventiva de oficio en casos de abuso sexual plantea interrogantes sobre la presunción de inocencia, ya que la privación de libertad se convierte en una medida anticipada.

· México: La otorgación automática de prisión preventiva en casos de abuso sexual contra menores podría ser cuestionada desde la perspectiva de la presunción de inocencia y la necesidad de evaluar individualmente la peligrosidad del imputado.

Enfoque de Género y Vulnerabilidad:

· Ecuador y España: Ambos códigos reconocen circunstancias agravantes relacionadas con la vulnerabilidad de la víctima, como la edad o discapacidad. Sin embargo, España establece penas más severas para casos específicos, mientras que Ecuador enfatiza la integralidad y la rehabilitación.

· México: La consideración de agravantes relacionadas con la intervención directa de terceros, relaciones familiares y abuso de confianza destaca la importancia de reconocer las dinámicas de poder y vulnerabilidad en los delitos de abuso sexual.

La estructura y enfoque del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, que pone un énfasis destacado en la rehabilitación y en la integralidad de derechos, presenta desafíos significativos que requieren una evaluación cuidadosa. La falta de rigidez en las penas, aunque refleja la intención de priorizar la reintegración, podría ser percibida como una debilidad en la capacidad del sistema para disuadir eficazmente delitos de gravedad, como el abuso sexual. La efectividad del sistema penal no solo debe contemplar la rehabilitación, sino también la prevención activa del delito y la protección de la sociedad, aspectos que podrían necesitar un equilibrio más preciso.

Además, la omisión de disposiciones claras sobre la prisión preventiva podría suscitar inquietudes sobre la efectividad del sistema en casos de abuso sexual. La falta de una regulación específica podría traducirse en una aplicación desigual de medidas de coerción, lo que plantea preguntas sobre la protección de las víctimas, la presunción de inocencia y la necesidad de abordar los casos de manera individualizada. Esta laguna legal podría derivar en situaciones donde la ausencia de prisión preventiva de oficio pueda poner en riesgo a la sociedad y desafiar la capacidad del sistema para garantizar un juicio justo.

En última instancia, es imperativo abordar estas problemáticas para fortalecer la coherencia y eficacia del COIP, asegurando que sus disposiciones no solo reflejen principios rehabilitadores, sino también resguarden la prevención del delito y salvaguarden los derechos fundamentales de todas las partes involucradas en el sistema de justicia penal.

CONCLUSIONES

La evaluación exhaustiva de la legislación ecuatoriana en relación con el abuso sexual infantil revela aspectos positivos y oportunidades de mejora. En términos de mejores prácticas, destaca la aproximación integral del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que busca un equilibrio justo entre los derechos de las víctimas y las garantías procesales de los acusados. Este enfoque, que prioriza la rehabilitación como objetivo último de la pena, refleja un compromiso con la justicia restaurativa. Además, la consideración de circunstancias agravantes asociadas a la vulnerabilidad de la víctima, como la edad o discapacidad, evidencia una comprensión sensible de las complejas dinámicas presentes en los delitos de abuso sexual.

Sin embargo, se identifican áreas críticas de mejora en la legislación vigente. La flexibilidad en las penas, aunque busca resaltar la intención de priorizar la reintegración, podría interpretarse como una debilidad en la capacidad del sistema para disuadir efectivamente delitos graves como el abuso sexual infantil. Asimismo, la ausencia de disposiciones claras sobre la prisión preventiva plantea cuestionamientos sobre la aplicación uniforme de medidas coercitivas y sus implicaciones en términos de protección a las víctimas y presunción de inocencia. Estas limitaciones resaltan la urgencia de reformas específicas que refuercen la coherencia y eficacia del COIP, garantizando una justicia equitativa y una protección efectiva contra el abuso sexual infantil.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A todos los actores sociales involucrados en el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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