INTRODUCCIÓN
El trabajo es un derecho fundamental reconocido internacionalmente que permite a las personas acceder a un empleo digno y a un ingreso que les permita satisfacer sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, existen ciertos grupos de personas que no pueden acceder a este derecho, como las personas privadas de libertad por pensión alimenticia. La privación de la libertad por esta causa se da cuando el juez dicta una orden de detención por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia de sus hijos, lo que puede llevar a la persona detenida a perder su empleo o a no poder acceder a uno.
Para los autores Guevara Panimboza et al. (2023) destacan que:
El procedimiento que toman las autoridades con las medidas judiciales por incumplir el pago de las pensiones alimenticias, ya que el deudor de la pensión alimenticia, una vez que el Juez dicte sentencia hacia el para llevarlo a prisión, está afectando de igual manera el derecho a la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, porque teniendo en prisión al deudor no garantiza que va a pagar la pensión alimenticia. (p. 89)
El interés superior del niño es un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos que reconoce que todas las decisiones que afecten a los niños y niñas deben ser tomadas en su beneficio y protección. En este sentido, el derecho al trabajo de los padres o tutores es crucial para garantizar el bienestar y desarrollo de los niños y niñas, especialmente en aquellos casos en los que la pensión alimenticia es la única fuente de ingresos.
Al respecto, Punina Ávila (2018) manifiesta lo siguiente:
En el Ecuador dentro de la sustanciación del Juicio de Alimentos se lo hace a petición de parte, lo que implica que la autoridad competente tan solo administra justicia en respuesta a lo que las partes implicadas soliciten dentro del juicio, pero no se toma en cuenta el interés superior del alimentado. (p. 7)
El acceso al trabajo para las personas privadas de libertad por pensión alimenticia es un tema de preocupación para diversos actores sociales y gubernamentales, especialmente en aquellos países donde la tasa de detención por esta causa es elevada. A nivel internacional, se han identificado barreras y obstáculos que impiden el acceso al trabajo en este contexto, tales como la discriminación, la falta de capacitación, la falta de acceso a recursos y la estigmatización social.
En tal sentido, el acceso al trabajo para las personas privadas de libertad por pensión alimenticia puede ser limitado por diversas razones, tales como la discriminación, la falta de capacitación y el estigma social. Estas barreras pueden dificultar el acceso al empleo, lo que puede generar una situación de desigualdad y exclusión social. Por lo tanto, es importante analizar las políticas y programas existentes para promover el acceso al trabajo en este contexto, así como las medidas que se pueden adoptar para superar las barreras y obstáculos existentes.
En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente
el derecho al trabajo para las personas privada de libertad por pensión alimenticia.
MÉTODO
La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017). Se realizó la encuesta a 100 profesionales del Derecho, conocedores del ámbito constitucional.
RESULTADOS
1. ¿Considera usted que todas las personas tienen derecho al trabajo?
Figura 1. Derecho al trabajo.
Elaboración: Los autores.
De acuerdo con los datos obtenidos según la gráfica 1, el 100% de los abogados encuestados, si consideran que todos tienen derecho al trabajo dentro del Ecuador.
2. ¿Cree usted que el Estado ecuatoriano debe garantizar el derecho al trabajo de todos los ecuatorianos?
Figura 2. Garantía del Estado del derecho al trabajo.
Elaboración: Los autores.
De acuerdo con los datos obtenidos y según la figura 2, el 100% de los abogados encuestados, mencionan que el estado ecuatoriano debe garantizar el derecho al trabajo a todos los ecuatorianos.
3. ¿Cómo abogado de profesión, consideraría usted que es prudente impulsar al desarrollo del trabajo a las personas privadas de libertad por pensiones alimenticias?
Figura 3. El trabajo de las personas privadas de libertad.
Elaboración: Los autores.
De acuerdo con los datos obtenidos el 100% de los abogados encuestados, mencionan que, si es prudente el impulsar este tipo de iniciativas, para estos grupos prioritarios. (Figura 3).
4. ¿Sabe y conoce que es el principio del “Interés superior del niño”?
Figura 4. Interés superior del niño.
Elaboración: Los autores.
De acuerdo con los datos obtenidos y representado en la figura 4, el 80% de los abogados encuestados, mencionan que, si conocen acerca de este principio, el otro 13.3% menciona que talvez y el restante menciona que no.
5. ¿Considera que la propuesta de que las personas privadas de libertad tengan la oportunidad de trabajar para contribuir con sus obligaciones paternales ayuda a la protección del menor?
Figura 5. Protección del menor.
Elaboración: Los autores.
De acuerdo con los datos obtenidos y según la figura 5, el 93% de los abogados encuestados eligieron que este tipo de iniciativas si contribuye de manera directa a la protección del menor, mientras que el porcentaje restante menciona que talvez.
DISCUSIÓN
La problemática de la falta de trabajo para las personas que están privadas de libertad por pensión alimenticia es compleja y requiere de soluciones integrales y coordinadas entre diferentes actores del sistema. El Estado ecuatoriano ha llegado a determinar la forma en que deben ser protegidos los menores de edad, específicamente en el Art. 44 de la norma constitucional (Argoti Reyes, 2021). En este sentido, el incumplimiento de la pensión alimenticia a los infantes y adolescentes puede afectar de diferentes maneras en la carencia de garantías básicas como: alimentos, educación, salud, entre otros (Villarruel et al., 2024).
Sin embargo, según la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión, en Quevedo, hasta julio de 2021, se han reportado 26 muertes violentas, a comparación del año anterior que fueron 18 (ALDIA, 2021). Lo que propicia un mayor número de privados de libertad.
En la Constitución de la República del Ecuador (2008) indica:
Articulo. 67.- El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.
Así mismo, el Código de la Niñez y Adolescencia (2003) destaca, responsabilidades parentales en materia de alimentos
Artículo 2.- Del derecho de alimentos. - El derecho a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los alimentarios que incluye:
1. Alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente;
2. Salud integral: prevención, atención médica y provisión de medicinas;
3. Educación;
4. Cuidado;
5. Vestuario adecuado;
6. Vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos;
7. Transporte;
8. Cultura, recreación y deportes; y,
9. Rehabilitación y ayudas técnicas si el derecho habiente tuviere alguna discapacidad temporal o definitiva.
Además, la Declaración de los Derechos del Niño. (1989) adoptada por el Estado sienta sus bases en el “Interés superior del niño”, señala que:
Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables
de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. (p. 10)
A continuación, se presentan algunas propuestas que podrían contribuir a contrarrestar esta situación:
· Capacitación y formación técnica: Una de las principales barreras para que las personas privadas de libertad por pensión alimenticia consigan empleo es la falta de habilidades y conocimientos técnicos que les permitan desempeñarse en un puesto de trabajo. Por lo tanto, se propone que se ofrezcan programas de capacitación y formación técnica que les brinden las herramientas necesarias para insertarse en el mercado laboral una vez que recuperen su libertad.
· Incentivos para las empresas: Otra medida que podría fomentar la contratación de personas privadas de libertad por pensión alimenticia es la implementación de incentivos fiscales para las empresas que los contraten. De esta forma, se estaría incentivando a las empresas a que den oportunidades laborales a esta población vulnerable.
· Programas de reinserción laboral: Los programas de reinserción laboral son una estrategia importante para apoyar la transición de las personas privadas de libertad al mercado laboral. Estos programas podrían incluir apoyo para la búsqueda de empleo, capacitación y formación laboral, y asistencia en la elaboración de currículums y entrevistas de trabajo.
· Fomentar el emprendimiento: El emprendimiento puede ser una alternativa para aquellas personas que tienen dificultades para encontrar empleo. Por lo tanto, se podría fomentar el emprendimiento entre las personas privadas de libertad por pensión alimenticia mediante la capacitación y el apoyo financiero para la creación de pequeños negocios.
· Sensibilización y educación: Por último, es importante promover la sensibilización y educación sobre la importancia del pago de las pensiones alimenticias. Esto podría lograrse mediante campañas de concientización en medios de comunicación, escuelas, empresas, entre otros, con el objetivo de reducir el número de personas privadas de libertad por esta causa y, por ende, aumentar sus oportunidades laborales.
CONCLUSIONES
La falta de trabajo para las personas privadas de libertad por pensión alimenticia afecta negativamente tanto a los padres como a los hijos involucrados. Esto puede generar una mayor dificultad para cumplir con las obligaciones alimentarias, aumentando el riesgo de pobreza y exclusión social, y generando un impacto negativo en el desarrollo y bienestar de los hijos.
Es necesario promover medidas que protejan el interés superior del niño, tales como programas de capacitación y empleo para las personas privadas de libertad por pensión alimenticia. Estos programas podrían contribuir a mejorar la situación económica de los padres, reducir el impacto negativo en los hijos y cumplir con las obligaciones alimentarias de manera más efectiva.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Sede Quevedo, por motivar el desarrollo de la Investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
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Argoti Reyes, E. M. (2021). La prisión por el no pago de pensiones alimenticias. [Imprisonment for non-payment of maintenance payments]. Palabra, 2(1), 98-120. https://n9.cl/wx39f
Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/i1ch
Congreso Nacional del Ecuador (2003). Código de la Niñez y Adolescencia. [Childhood and Adolescence Code]. Ley No. 2002-100. Ley 100. Registro Oficial 737 de 03-ene.-2003. Última modificación: 29-jul.-2019. Estado: Reformado. https://n9.cl/xv83p
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. [Inductive and deductive reasoning within the research process in experimental and social sciences]. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847
Guevara Panimboza, N. S., Verdezoto Vargas, F. A., y España Herrería, M. E. (2023). Ilegitimidad de las medidas judiciales por incumplimiento de las pensiones alimenticias. [Illegitimacy of judicial measures for non-compliance with maintenance payments]. IUSTITIA SOCIALIS, 8(3), 87-97. https://doi.org/10.35381/racji.v8i3.3001
Organización de las Naciones Unidas (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. [Convention on the Rights of the Child]. UNICEF Comité Español. https://n9.cl/pnq7
Punina Ávila, G. (2018). El pago de la pensión alimenticia y el interés superior del alimentado. [The payment of maintenance and the best interests of the person being maintained]. (Tesis de Pregrado). Universidad Técnica de Ambato. https://n9.cl/7btx3
Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. [Scientific methods of inquiry and knowledge construction]. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647
Villarruel, Z. G., Proaño, A., Terán, M. D., y Lizcano-Chapeta, C. J. (2024). Incumplimiento de las pensiones alimenticias y los apremios personales en materia de alimentos. [Non-compliance with maintenance claims and maintenance orders]. IUSTITIA SOCIALIS, 9(1), 13-23. https://doi.org/10.35381/racji.v9i1.3437