INTRODUCCIÓN
La seguridad jurídica es un principio fundamental del Estado de derecho que garantiza a los ciudadanos la certeza y la estabilidad en sus relaciones jurídicas; es esencial en una sociedad democrática y tiene una gran importancia en la actualidad, por las siguientes razones: la seguridad jurídica es esencial para garantizar la protección de los derechos humanos, ya que permite que los ciudadanos tengan la certeza de que sus derechos serán respetados y protegidos por el Estado (Plaza, 2019; Andrade et al., 2022).
Por otra parte, la seguridad jurídica también es esencial para atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico. Los inversores necesitan tener la certeza de que sus inversiones estarán protegidas por el Estado y de que esta situación no cambiará de manera arbitraria. La seguridad jurídica es esencial para la resolución de conflictos de manera justa y equitativa; los ciudadanos necesitan saber que pueden confiar en el sistema judicial y que sus conflictos serán resueltos de manera imparcial (Plaza, 2019; Infante et al., 2021). La seguridad jurídica, a nivel mundial, le garantiza al individuo que el Estado impida la violación a sus bienes y a sus derechos; si esto llegara a producirse se le asegura la protección y la reparación de los daños (Carbonell, 2021).
A nivel regional, en América Latina se ha puesto de manifiesto la importancia de la creación de marcos jurídicos previsibles y transparentes, dada su correlación con la disminución de los costes de transacción, el logro de la competitividad y desarrollo económico, factores que indudablemente están vinculados a la capacidad de promover las inversiones nacionales y extranjeras, así como para la implantación y generación de nuevas actividades productivas, lo que favorece a la seguridad jurídica (Aldana, 2019).
En Ecuador, la seguridad jurídica es una conducta dictada por un poder legítimo por medio de autorizaciones y prohibiciones (Crespo et al., 2022), esta es la condición básica por la que un Estado pueda mantener la paz social y la estabilidad política. En la Constitución de la República del Ecuador (2008), se da a conocer que: “Articulo. 82.-El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.
En la presente investigación se plantea como objetivo analizar jurídicamente la vulneración a la seguridad jurídica mediante la violación de los derechos fundamentales.
MÉTODO
La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica.
Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006).
Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).
La técnica de la encuesta utilizada para recabar información sobre el problema descrito, a través de la aplicación de un cuestionario, se aplica a una muestra a 98 personas, de quienes se recopila información sobre la seguridad jurídica fundamentada en la normativa legal ecuatoriana en el sector de San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura.
RESULTADOS
A continuación se analizan cada una de las preguntas desarrolladas con sus resultados.
Pregunta 1. ¿Cree usted que se respeta la seguridad jurídica en el sector de San Antonio?
Figura 1. Respeto a la seguridad jurídica en el sector de San Antonio.
Elaboración: Los autores.
Del número de personas encuestadas, en la figura 1, se determina que 81.6% reconoce que en el sector de San Antonio no se respeta la seguridad jurídica ya que se vulneran los derechos a la vida digna e integridad de las personas pues ocurren extorciones y robos; esto indica que no se respeta adecuadamente la seguridad jurídica.
Pregunta 2. ¿Se siente satisfecho con el respeto a la ley y a sus derechos en este sector?
Figura 2. Satisfacción con el respeto a los derechos y leyes.
Elaboración: Los autores.
En la figura 2, se indica que el 73.5% está poco satisfecho en cuanto al respeto a la ley y al cumplimiento de sus derechos dejando claro que están inconformes en cuanto a la situación que se está viviendo en el sector.
Pregunta 3. ¿Ha sufrido usted alguna extorción o robo?
Figura 3. Experiencias de los moradores del sector de San Antonio.
Elaboración: Los autores.
De todas las personas encuestadas, la figura 3 expresa que el 75.5% ha sido víctima de actos delictivos, ya sean robos o extorciones, llegando a la conclusión de que el sector de San Antonio de Ibarra está en un punto de inseguridad muy alta.
Pregunta 4. Seleccione cuáles son las dos actividades delictivas que con más frecuencia suceden en el sector.
Figura 4. Actividades delictivas más frecuencia en el sector de San Antonio.
Elaboración: Los autores.
Con los datos recolectados, analizados y representados en la gráfica 4, se puede evidenciar que las dos actividades delictivas más comunes en el sector de San Antonio de Ibarra son las extorciones, con 64.3% y el robo a la propiedad privada, con un 72.4%. Estos datos evidencian la vulneración de los derechos a la integridad de las personas y a la vida digna, por lo tanto, a la seguridad jurídica.
Pregunta 5 Seleccione, de los siguientes derechos, aquellos que cree usted que se han vulnerado en los últimos meses en el sector de San Antonio.
Figura 5. Derechos que se vulneran en el sector de San Antonio.
Elaboración: Los autores.
En la figura 5, se expresa que los derechos más vulnerados en los últimos meses en el sector de San Antonio de Ibarra son el derecho a la integridad física de las personas, con el 71.4% y a la paz social, con un 74.5%, indicando así la situación que se vive diariamente en el sector, dejando en claro de que no se respeta la seguridad jurídica.
Los datos obtenidos y analizados, hacen que los investigadores diseñen una propuesta, como posible solución al problema: talleres interactivos referidos a la seguridad jurídica en el ordenamiento legal ecuatoriano, dirigidos a los habitantes del sector de San Antonio de Ibarra.
DISCUSIÓN
El primer resultado a analizar, es que se encontró a personas consumiendo sustancias sujetas a fiscalización en un espacio público, como es un parque; esto va en contra de lo establecido en el Artículo 51 de la Ley Orgánica de Salud (2015), en el que se prohíbe la producción, comercialización, distribución y consumo de estupefacientes psicotrópicos y otras sustancias adictivas.
En el sector no existe ningún control ni rotación policial por la zona, esto va en contra de los establecido en el Artículo 4, inciso a, de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (2008), la cual establece que una de las funciones específicas de la policía nacional, es mantener la paz, el orden y la seguridad pública, esto se incumple, al no haber controles policiales que preserven la seguridad de los ciudadanos en el sector de San Antonio de Ibarra.
Se conoce que, en el sector de San Antonio de Ibarra, en calles menos transitadas y por las noches, se dan actos delictivos como robos o extorciones, lo cual atenta contra el Artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (2014) que establece que la persona que sustraiga o se apodere de un bien ajeno, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Al sector de San Antonio de Ibarra, han llegado pandillas como los Tiguerones, los cuales cometen robos en grupo, esto atenta contra el Artículo antes mencionado, el 189, del Código Orgánico Integral Penal (2014), además de que se añade el Artículo 47, inciso 5, del mismo código, en el que se menciona una agravante en el caso de que los infractores sean dos o más. Puede decirse también que la presencia de grupos irregulares de migrantes trae consigo delitos que afectan la seguridad de las personas (Infante et al., 2022; Villamarin et al., 2022), lo que se manifiesta en este sector, afectando la vida de sus moradores.
CONCLUSIONES
La seguridad jurídica en el ordenamiento ecuatoriano es un derecho primordial, establecido en la Constitución de la República del Ecuador (2008), la cual se encarga que se respeten las leyes y los derechos de los ciudadanos, garantizado de tal forma la tranquilidad e integridad de estos. La seguridad jurídica se ha visto vulnerada, esto debido a distintos actos delictivos, como robos o extorciones, los cuales vulneran derechos como la vida digna e integridad de los ciudadanos, esto atenta contra la tranquilidad y buen vivir de los pobladores del sector.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Sede Abarra, por motivar el desarrollo de la Investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Aldana, A. (2019). La seguridad jurídica en América Latina requiere la lucha contra la burocracia. [Legal security in Latin America requires the fight against bureaucracy]. Editorial Aldanada y Abogados.
Andrade, O., Gallegos, S., y Rosillo, L. (2022). Incidencia de la seguridad jurídica y análisis del cobro mediante la tercería coadyuvante en la legislación ecuatoriana. [Incidence of legal certainty and analysis of recovery by means of third party intervention in Ecuadorian legislation]. Universidad y Sociedad, 14(5), 541-551. https://n9.cl/iom21
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Asamblea
Nacional del Ecuador (2008). Ley Orgánica de la Policía Nacional. [Organic Law
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Última
modificación: 20-ago-2008. Estado: Vigente. https://n9.cl/vgul6
Carbonell, M. (2021). La seguridad jurídica del Estado. [The legal security of the state]. https://n9.cl/q4rke
Crespo, Y. A., Carrión, K. E., Paredes, J. A., y Infante, M. E. (2022). Etapas del proceso penal: importancia de la defensa material y técnica. [Stages of criminal proceedings: importance of material and technical defence]. Universidad y Sociedad, 14(S4), 70-80. https://n9.cl/7gmdaf
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. [Inductive and deductive reasoning within the research process in experimental and social sciences]. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847
Infante, M. E., Núñez, J. E., Lizcano, J. E., y Molina, T. J. (2021). Efecto de acciones educativas en los procesos judiciales en los delitos de injurias en ausencia del procesado. [Effect of educational actions in court proceedings in libel offences in the absence of the defendant]. Revista Universidad y Sociedad, 13(4), 32-40. https://n9.cl/noqrh
Plaza Orbe, A. (2019). La seguridad jurídica en el procedimiento de determinación de responsabilidades civiles y administrativas de la Contraloría General del Estado. [Legal certainty in the procedure for determining civil and administrative responsibilities of the State Comptroller General's Office]. (Tesis de Maestría). Universidad Andina Simón Bolívar. https://n9.cl/jtv3s
Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. [Scientific methods of inquiry and knowledge construction]. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647
Villamarin, F. D., Freile, N. G., Vinueza, G. F., y Limaico, J. R. (2022). Inobservancia a los derechos humanos: migración irregular de grupos vulnerables a Ecuador. [Failure to respect human rights: irregular migration of vulnerable groups to Ecuador]. Universidad y Sociedad, 14(S4), 108-117. https://n9.cl/zor3t
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