INTRODUCCIÓN

En países como Honduras, Guatemala y El Salvador existen grupos muy bien organizados denominados pandillas las cuales han sido las responsables de muchos actos brutales en la región (Bozo, 2019). Ecuador según una investigación realizada por Insight Crime (2019) se encuentra entre los cuatro países de la región cuya violencia no ha bajado después de la pandemia.

Entre los principales problemas que se presenta en nuestra región, resalta la violencia urbana, la cual se caracteriza por producirse en espacios públicos, lo cual amenaza el bien colectivo de los pobladores, produciendo temor de no poder vivir en paz y desarrollar sus actividades en forma normal, debido a que la violencia y el miedo, influyen de manera negativa en el desarrollo socio-económico y sustentable de las urbes (Díaz y Mitón, 2017). Es por ello que todo lo referente a la Seguridad Ciudadana es responsabilidad del Estado; pero lamentablemente las instituciones legalmente responsables como son la Policía Nacional y el Sistema de Justicia han perdido la confianza de la ciudadanía, ese problema ha dado lugar a que la sociedad civil busque otras alternativas para su protección, entre ellas la Seguridad Privada.

En este sentido, la seguridad ciudadana es un tema de preocupación en todos los países del mundo. En América Latina, Ecuador no ha sido indiferente a aquello, ha sido catalogado por organismos internacionales dedicados al análisis de la Seguridad, como un país violento y de alta peligrosidad, considerando a la ciudad de Guayaquil un eje de violencia, debido a los continuos enfrentamientos de grupos delictivos, donde ocurren asesinatos en plena calle o en fiestas familiares, se producen secuestros, etc.; quedando Quito, la capital como la segunda ciudad más violenta de Ecuador.

En este orden de ideas, Carrera et al. (2019) afirma que Ecuador es un país inseguro donde es común delitos como hurtos y robos, los cuales pueden estar relacionados con los altos índices de desempleo existentes y con el hecho de que las personas que hayan sido arrestadas se les dificulte mucho conseguir un empleo estable. En las principales ciudades se han acentuado el número de asesinatos (modo sicariato), los feminicidios, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, el micro tráfico, la corrupción, la violencia de género, etc., todo esto ha contribuido para que haya disminuido el nivel de vida de la población ecuatoriana. Penosamente el Estado es responsable de esta situación de inseguridad, esto se acentúa debido a que durante los últimos años los problemas económicos, políticos y sociales no se han destinado los recursos acordes a las necesidades de la institución policial para garantizar la seguridad ciudadana.

Por lo que, la Seguridad Privada surge como alternativa ante la ineficiencia de los organismos legales, es por ello que es necesario investigar todo lo relacionado con ella, su historia y su aparecimiento en el Ecuador, las normas legales que regulan su funcionamiento, su campo de acción y el alcance operativo, los organismos estatales de control y sus atribuciones.

Por los años 1970 a raíz del boom petrolero se instalaron en Ecuador empresas internacionales de explotación de crudo, lo cual trajo un impresionante crecimiento de la banca, la aparición de centros comerciales en las principales ciudades, el crecimiento acelerado de la industria nacional, el crecimiento de varios comercios. (González et al., 2018), y con ello también el incremento en los índices de la delincuencia y la inseguridad, pero a pesar de que hubo un crecimiento del Estado, este no fue acorde con lo relacionado a los servicios de seguridad pública. Este fenómeno fue aprovechado por integrantes del Ejército de Ecuador, quienes se encontraban en los Estados Unidos, bien sea estudiando o en comisión de servicios, siendo ellos los responsables de establecer la primera empresa internacional de Seguridad privada denominada Wackenhut Corporation (López y Rodríguez, 2016).

En tal sentido, la seguridad privada a pesar de ser considerada un negocio, su función operativa involucra actividades de resguardo de instalaciones fijas y móviles, protección de personas, transporte de valores, vigilancias y manejo de dispositivos tecnológicos, investigaciones y otras, competencia legal de los organismos públicos como la Policía Nacional.

En un principio los servicios de seguridad privada eran orientados únicamente al cuidado de instituciones, equipos industriales y transporte de valores, pero a partir de los años 80 y 90 dos décadas de crisis originadas por la baja en los precios del petróleo, las exigencias de los pagos puntuales de la deuda externa con excesivas tasas de interés sumado a ellos algunos desastres propios de la naturaleza, en el Ecuador al igual que en muchos países latinoamericanos se genera una grave crisis económica (Chiriboga, 2004). Esto originó un incremento de los problemas sociales, de la pobreza extrema y de la delincuencia, lo que paradójicamente dio lugar a que las compañías de seguridad privada tuvieran un despunte casi sin control; según datos proporcionados por la Súper Intendencia de Compañías, hasta el año 1990 en Ecuador operaban 54 empresas de Seguridad Privada. Para el año 2006 este número se incrementó llegando a 849, para el año 2012 la Policía Nacional registraba el establecimiento de 135 empresas de seguridad. La seguridad privada se ha vuelto una empresa muy rentable en los últimos años, es por ello que este sector es el menos interesado en resolver los problemas de inseguridad que existe, sino muy por lo contrario necesitan incrementar la percepción de inseguridad en la población, y muchas veces se vale de los medios de comunicación para ello (Carrión, 2009).

El Estado es el responsable de la Seguridad Ciudadana, es por ello que ha creado el ECU-911, donde la Seguridad Privada aparece como una alternativa ante la ineficiencia del Estado. Hasta el momento carece de un sustento legal definido, se rige bajo una ley y un reglamento que son permisivos en lo comercial, que se caracterizan por tener vacíos en legales en su campo de acción administrativa y operativa, razón por la cual no le permite pertenecer al Comité Intersectorial de Seguridad ECU-911.

La seguridad ciudadana en el Ecuador es la responsabilidad legal del Estado, como lo consagra Ley de Seguridad Pública y del Estado (2009) en el:

Artículo. 3.- De la garantía de seguridad pública. -Es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador, y de la estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales.

En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente

la seguridad privada como integrante del comité intersectorial del servicio integrado de seguridad Ecu-911.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

El concepto de “Seguridad Ciudadana” como tal, se visualiza por primera vez en nuestro país en la Constitución del 2008 como una responsabilidad exclusiva y excluyente de la Policía Nacional como se manifiesta en el art. 163, en el cual se define que la Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil pero facultada para el porte y uso de armas, cuya actuación se basa en criterios técnicos, y que desde el punto de vista organizacional está basada en un sistema jerárquico, cuyos principios de actuación se rigen por la disciplina, el profesionalismo y la especialización de sus actuaciones, también se establece que la misión de esta institución dentro del ámbito de la seguridad ciudadana es velar por el mantenimiento del orden público, y hacer respetar los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional.

Para hacer cumplir lo establecido en la constitución de la república del Ecuador, se promulgo la Ley de Seguridad Pública y del Estado en el año 2009, la cual en su Artículo. 23, ratifica que la seguridad ciudadana es una política de Estado, y cuyo propósito es el mejorar los mecanismos que conlleven a garantizar los derechos humanos, particularmente aquellos referidos a disfrutar de una vida libre de violencia y criminalidad, por lo que es fundamental tomar las acciones que conduzcan a la reducción de los índices delictivo en el país, mediante medidas que procuren garantizar la protección e integridad de las víctimas, cuyo fin último es el de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos ecuatorianos.

Como se puede determinar según estos artículos la Seguridad Ciudadana es una política de Estado, lo cual implica que legalmente la misma debe ser aplicada independientemente del gobierno de turno y de la ideología de este, además estas normativas obligan a las instituciones como el Ministerio de Gobierno y a la Policía Nacional, a implementar planes, programas y proyectos en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados con el objetivo de asegura el ejercicio de los derechos y la seguridad de la población, sobre todo a la Policía Nacional, sobre la cual recae una gran responsabilidad, pues de acuerdo a su misión que consta en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (2017), en su Artículo 60,la misión de este órgano de seguridad es el ejecutar acciones para la protección interna, la seguridad ciudadana, el mantenimiento del orden público, para lo cual este instrumento jurídico establece una serie de competencias, que tienen como finalidad colaborar con los organismos de administración de justicia del país mediante la ejecución de acciones de prevención, investigación e inteligencia para la mitigación del delito, todo dentro de un marco de cooperación mutua y respeto entre las instituciones.

Seguridad privada en el Ecuador

La seguridad privada es un sector que ofrece servicios de vigilancia, protección e investigaciones a personas naturales y jurídicas, empresas públicas y privadas y a quienes lo requieran a cambio de una remuneración económica, llamadas “Compañías de vigilancia y seguridad privada”, en la actualidad estas empresas se rigen bajo la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

Normativa legal que regula la seguridad privada en el Ecuador

En sus inicios las Compañías de Seguridad privada funcionaban al margen de las regulaciones estatales, las mismas se regían solamente bajo el amparo de la Ley de tenencia de armas que elaborada en el año 1972 durante la dictadura militar, exclusivamente para el permiso, control de tenencia y porte de armas. En el año 2003 el Congreso Nacional aprueba la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, donde se determina el objeto de la Ley en su Artículo 1, establece que el objetivo de este instrumento jurídico es el de regular las actividades relacionadas con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad en beneficio tanto de personas naturales como jurídicas, así como para el resguardo de bienes muebles e inmuebles y objetos de valor; el cual es ofrecido por compañías de vigilancia y seguridad privada, que deben son legalmente reconocidas, defendiéndose como la prestación de servicios en el ámbito de seguridad de carácter privado, aquellos que se prestan a cambio de una remuneración.

Al entrar en vigencia esta Ley establece claramente la obligación de las empresas y compañías de seguridad privada a legalizar su situación jurídica; sin embargo, el control del Estado ha sido muy débil o casi nulo, lo que ha dado lugar que muchas compañías de vigilancia y seguridad privada crezcan en forma ilegal, aglutinando en sus filas probablemente personal no idóneo y con poca capacitación y portando armas en un número superior al de la misma Policía Nacional.

En este sentido en el artículo 8 de Ley de Vigilancia y Seguridad Privada se establece que la finalidad de las compañías de vigilancia y seguridad privada es el de prevenir la ocurrencia de hechos delictivos en función de proteger los bienes muebles, inmuebles e instalaciones de personas naturales y jurídicas, mediante la el resguardo de lo mismo, así como acciones inherentes al transporte de valores; así como actividades de investigación en materia delictiva, además de estar facultado para la instalación y monitoreo de sistemas de vigilancia y seguridad basado en el uso de equipos tecnológicos. En consecuencia, adicional a las actividades mencionadas en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada únicamente podrán realizar aquellas actividades que le sean conexas y relacionadas.

DISCUSIÓN

Como resultado del análisis bibliográfico de la información jurídica ecuatoriana, la base legal y el criterio de los expertos, queda claro que la seguridad tanto integral como ciudadana, es responsabilidad del Estado, y es este quien para enfrentar este fenómeno ha creado políticas, planes, normas, estrategias, que sin embargo no han funcionado como se esperaba o su eficiencia ha sido deficiente.

Uno de los aspectos que han llevado al crecimiento las empresas de Seguridad Privada, es que los organismos encargados legalmente de la seguridad ciudadana, tanto la Policía Nacional, así como el Sistema de Justicia prácticamente han perdido credibilidad y como consecuencia de ello se han adoptado por otras alternativas, entre ellas la contratación de Seguridad Privada.

Aunque, la Seguridad Privada en Ecuador y el resto del mundo, es considerada como una empresa de negocios, cuya función es brindar seguridad en campos como: seguridad física, vigilancia, transporte de valores, cuidado de personas naturales o jurídicas, que emplean procesos y hasta métodos de tipo policía, estos se encuentran amparados por la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada y su Reglamento, que delimita su accionar operativo, no obstante la existencia de este marco regulatorio, aún se requieren de medidas que robustezcan su accionar y promocionen las buenas prácticas de seguridad por parte de las empresas de este servicio privados.

CONCLUSIONES

Aunque la Seguridad Privada aparece como una alternativa a la insuficiencia de los organismos estatales para garantizar la seguridad ciudadana, su accionar debe ser articulado con los organismos de seguridad pública, dado que la Seguridad Ciudadana es responsabilidad exclusiva del Estado, siendo su responsabilidad dictar el marco normativo, cuyo accionar recaerá sobre la Policía Nacional.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por motivar el desarrollo de la Investigación.

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