INTRODUCCIÓN
La normativa vigente relacionada a la seguridad ciudadana no establece lineamientos y competencias precisas para las compañías de seguridad, de allí la importancia de analizar la incidencia en cuanto al aporte a la seguridad ciudadana; así como su apoyo de aviso y alerta a la Policía Nacional, sobre la base de un marco legal que avale y garantice su accionar como un ente u organismo competente en términos de seguridad ciudadana. Bajo este contexto es necesario conceptualizar los aspectos relacionados con la seguridad ciudadana como se describe a continuación.
La Ley de Seguridad Pública y del Estado, vigente desde junio del 2017 prescribe que:
Artìculo.23.-La seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador.
En el contexto nacional cabe destacar la evolución histórica e institucionalización respecto a la seguridad pública y privada, así se describe en Policía Nacional del Ecuador (2021). En el año de 1832, el Congreso considerando la necesidad de fijar las bases para formar la Policía, decreta que los Consejos Municipales de las Capitales de Departamento elaboren el Reglamento de Policía que regirá en cada uno de ellos, aclarando que la Policía no tendrá ninguna otra intervención que la que le atribuyen las leyes y deberá quedar bajo la responsabilidad de los Consejos Municipales. En febrero de 1848, es aprobado por el Ejecutivo el Reglamento expedido por el Municipio de Quito, dejando de ser dependencia administrativa municipal y constituyéndose en una entidad que comparte responsabilidades con el poder central con funciones específicas.
La Ley Orgánica de Defensa Nacional (2007) prescribe que los órganos de apoyo a la defensa están constituidos por aquellas instituciones que, por su organización y preparación, están en condiciones de apoyar el cumplimiento de las operaciones militares. Se consideran como tales a las siguientes: aviación civil, comisiones de tránsito, cuerpos de bomberos, marina mercante, compañías de seguridad privadas, policías municipales y otras similares que existieren o se crearen. El planeamiento, organización, preparación y empleo para fines militares es atribución del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo dispuesto en la ley y reglamentos respectivos según el artículo 65 de dicha ley.
Considerando dicho artículo, se ve la necesidad de reforzar las disposiciones, la colaboración y la predisposición de las empresas de seguridad privada para aportar y colaborar con la Policía Nacional en la responsabilidad de seguridad ciudadana. El Estado y el gobierno de turno se enmarcan en un conjunto dinámico de leyes y reglamentos que regulan y dan respuesta a la demanda social y emergen a partir de la promulgación de la carta magna como resultado de la voluntad ciudadana, así se destaca en lo que corresponde a instituciones destinadas a brindar seguridad ciudadana y que, la Constitución de la República del Ecuador (2008) dispone:
Artículo. 163.- La Policía Nacional es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada, cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional. Los miembros de la Policía Nacional tendrán una formación basada en derechos humanos, investigación especializada, control y prevención del delito y utilización de medios de disuasión y conciliación como alternativas al uso de la fuerza.
Por lo mencionado se puede establecer la necesidad que tiene la Policía Nacional de coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas con el objetivo de atender y garantizar la seguridad ciudadana; así como con el orden público. El crecimiento de la industria de la seguridad armada ha estado en línea con el aumento de la violencia en muchos países en desarrollo entre los que se destaca América Latina y el Caribe. Aunque cada contexto es diferente y las generalizaciones deben ser tratadas con precaución, sobre el curso de la última década, la violencia ha crecido y como se mencionó anteriormente, también ha aumentado la demanda por seguridad y por ende las empresas prestadoras de este servicio (Kinosian y Bosworth, 2018).
Por otro lado, la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada dispone que las compañías de vigilancia y seguridad privada no interferián en las funciones que de acuerdo con la Constitución y la ley, corresponden a la Policía Nacional, ni obstaculizar o impedir el paso en las vías o espacio de uso y tránsito públicos (Disposición General, Novena).
En la investigación se plantea como objetivo analizar jurídicamente la limitación de la seguridad ciudadana desde los servicios de vigilancia y protección privada.
MÉTODO
La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017). Se aplica una encuesta a cinco inspectores de vigilancia de la Unidad de Protección de Bienes EPMAPS Quito.
RESULTADOS
Se presentan a continuación los resultados obtenidos.
Figura 1. Seguridad ciudadana.
Elaboración: Los autores.
Es evidente que el 20 % de los encuestados manifiestan tener un conocimiento amplio de lo que implica la seguridad ciudadana en el contexto ecuatoriano, sin embargo, los porcentajes equipados entre poco y mediano conocimiento dan cuenta de la necesidad de actualización y capacitación en temas de seguridad ciudadana que de seguro lo conocen sin mayor significancia para su desempeño en la seguridad privada.
Figura 2. Seguridad privada.
Elaboración: Los autores.
En este segundo planteamiento el 100% de los encuestados consideran que las compañías de seguridad privada deben tener mayor campo de acción. Este dato es importante porque se podría traducir en la apertura y disponibilidad tácita de colaborar en acciones orientadas a apoyar en la seguridad ciudadana.
Figura 3. Limitación en la normativa.
Elaboración: Los autores.
Es indiscutible que para el 100% de los inspectores de vigilancia encuestados consideran que la limitación de la normativa para el servicio de protección y vigilancia privada afecta a la seguridad ciudadana, concretamente al sistema integrado que promulga la ley. Se denota entonces que las compañías de seguridad y vigilancia privada son subyugadas a la normativa que se considera para dichos estamos y en consecuencia se evidencia la limitación de la normativa para el servicio privado en cuanto a su injerencia en la seguridad ciudadana.
DISCUSIÓN
La seguridad ciudadana es un concepto en permanente construcción que se vincula con la dinámica y demanda social, por lo mismo es uno de los bienes públicos más preciados, que garantiza ejercer derechos y libertades para convivir en un ambiente seguro, pacífico y de confianza. Según Castro Aniyar (2015) el gobierno del Ecuador Impulsó un conjunto de nuevas políticas públicas para reducir el crimen, garantizar la seguridad ciudadana y construir una convivencia social pacífica a nivel nacional, entre los años 2010 y 2014, con resultados positivos, importantes y persistentes durante todo el período.
En este sentido, Ordóñez (2019) plantea lo siguiente:
La seguridad pública es un bien social que se sostiene con la acción de diversos agentes sociales, entre los cuales están el Gobierno y la ciudadanía, ambos como elementos estatales que se encuentran en una continua tensión que depende de la participación ciudadana y de la acción gubernamental. (p. 98).
Tales políticas fueron diseñadas e implementadas por diferentes agentes públicos y civiles, entre las cuales destacan por su impacto las llevadas a cabo por el Ministerio del Interior. La puesta en práctica de estas políticas públicas se basó en múltiples estrategias que permitieron la profundización del rol comunitario de la Policía Nacional, sostenido en el trabajo de gestores civiles, intendentes y personal policial; además de la participación de la comunidad en los programas policiales y en las asambleas ciudadanas.
CONCLUSIONES
La limitación de la normativa para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada incide y merma el cumplimiento eficaz de los objetivos de la seguridad ciudadana, esto es contener y reducir los niveles de violencia en la sociedad; y combatir, desorganizar y reducir la delincuencia organizada, ya que existiendo el talento humano conformado por guardias privados que superan en número a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, bien se podría legislar para que aquellos puedan participar activamente como parte del sistema de seguridad ciudadana, y no de forma excepcional, tal como se encuentra considera en la tercera disposición general de la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por motivar el desarrollo de la Investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
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Asamblea Nacional del Ecuador (2017). Ley de Seguridad Pública y del Estado. [Public and State Security Law]. Quito Ecuador.
Castro, J., y Mancero, D. J. J. (2015). Seguridad ciudadana en Ecuador política ministerial y evaluación de impacto, años 2010-2014. [Citizen security in Ecuador ministerial policy and impact evaluation, years 2010-2014]. Nova Criminis. https://n9.cl/capg82
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. [Inductive and deductive reasoning within the research process in experimental and social sciences]. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847
El Congreso Nacional (2003). Ley de Vigilancia y Seguridad Privada. [Private Security and Surveillance Law]. Capítulo IX: Responsabilidad Civil y Solidaridad Patronal. Disposición novena. Ley 12. Registro Oficial 130. 22 de julio de 2003. https://n9.cl/gnpx1
Kinosian, S., y Bosworth, J. (2018), Security for Sale. Challenges and Good Practices in Regulating Private Military and Security Companies in Latin America. Interamerican Dialogue
Ministro de Justicia y Seguridad Pública (2017). Índice de priorización de municipios. Herramientas para la priorización y focalización de políticas en materia de seguridad ciudadana. [Index of prioritization of municipalities. Tools for the prioritization and targeting of public safety policies]. Infosegura. https://n9.cl/dxszm
Ordóñez, J. (2019). Participación ciudadana y acción gubernamental: una curva de indiferencia para la seguridad pública en México. [Citizen participation and government action: a curve of indifference for public safety in México]. Espiral (Guadalajara), 26(76), 97-132. https://doi.org/10.32870/eees.v26i76.6791
Policía Nacional del Ecuador (2021). Historia. [History]. https://n9.cl/uptha
Presidencia del Congreso Nacional. (2007). Ley Orgánica de la Defensa Nacional. [Organic Law of National Defense]. Ley 74. Registro Oficial 4 de 19-ene.-2007. Última modificación: 28-sep.-2009. Estado: Vigente. https://n9.cl/wl23
Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. [Scientific methods of inquiry and knowledge construction]. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647