INTRODUCCIÓN

Como áreas seguras para la ciudadanía se consideraba a América Latina al nombrarla como “zona pacífica”, pero en los últimos tiempos la violencia y la criminalización han acrecentado, haciendo relevancia a que, entre las 50 grandes ciudades más violentas e inseguras del mundo, 42 sean latinoamericanas (Ríos, 2021). A nivel mundial el promedio de homicidios es de 6.2 por cada 100,000 habitantes, pero África del Sur y Centroamérica tienen tasas cuatro veces más altas que el promedio mundial (más de 24 víctimas por 100,000 habitantes), seguidas por América del Sur, África Central y el Caribe (entre 16 y 23 homicidios por cada 100.000 habitantes) (Carrión, 2017). Ecuador ha trascendido en los años, pasando de ser un país seguro a ser considerado en la actualidad inseguro, demostrando altos índices de delitos violentos, como, por ejemplo, actos dirigidos a homicidios y criterios de género, alterando la seguridad ciudadana en cada una de las regiones de Ecuador, debido a su acción violenta.

Se ha obligado a que las instituciones responsables de mantener la seguridad ciudadana, el orden público y la justicia, creen mecanismos de autoría propia sin coyuntura legislativa, esto desencadenó que se atribuyera la responsabilidad a las instituciones públicas para retomar el control en la prevención de todos los actos inseguros y violentos, incitando una reacción en cadena con bajos niveles de confianza por parte de la ciudadanía ante la acción de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas (Andrade, 2019). Pobreza, exclusión, desigualdad, inseguridad, analfabetismo y un mal manejo de las políticas de seguridad ciudadana por parte del Estado Ecuatoriano, causan un efecto dominó del crimen organizado, a través de la lucha de apoderamiento de territorio para la distribución de sustancias sujetas a fiscalización (Villa Mar et al., 2020). La ubicación geográfica de nuestro país incita al crimen organizado y sus grupos delictivos a mantener una lucha de poder por el territorio, una parte esencial de este interés geográfico son las ciudades que están directamente relacionadas a la zona costera o afluentes limítrofes de frontera, como es el distrito sur en la ciudad de Guayaquil, donde acontecen problemas sociales y económicos severos, dejando una sociedad a la deriva de acostumbrarse a los medios que generen dinero fácil y uno de esos medios son las muertas violentas que se realizan en esta zona a cambio de un pago económico.

A mediados del año 2020, la fácil adaptabilidad de las organizaciones criminales exteriorizó nuevas caras en los mercados de la violencia, tanto en el ciberespacio, como en control territorial, aspectos que fueron perfeccionando ante la realidad que sufrió el país después de atravesar una crisis mundial por la presencia del Covid-19, la paralización del país y las severas restricciones que sufrió Ecuador en el año 2020, e inicios del año en curso que es 2021.

Las instituciones estatales como la Fiscalía, la Función Judicial, la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario han presentado ineficiencia y precariedad al controlar el avance progresivo de un problema social, incitando desconfianza en la población ecuatoriana hacia estas instituciones (Cuesta, 2017). La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público de la Policía Nacional del Ecuador, entidad encargada de dirigir el eje preventivo policial, dispone de los índices de las muertes violentas a nivel nacional, reportando un promedio de 17.55 muertes por cada 100 mil habitantes, siendo un indicador preocupante de inseguridad, dado que las muertes violentas son considerado el tipo de delito de mayor impacto social, con un grado de violencia alto y el que se evidencia con mayor facilidad (Carrión, 2017).

Censurar la información de los altos índices de violencia presentados en el país, provocan la respuesta negativa del mismo (Enrique, 2016). El Ministerio del Interior, actualmente denominado Ministerio de Gobierno, en unidad con las diferentes subsecretarias del Estado, elaboraron el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social Pacífica 2019-2030, logrando que se diseñe un plan desafiante para salvaguardar la integridad de las personas y aunque no existía la seguridad ciudadana en los elementos pragmáticos de gobernabilidad (Diana, 2019).

Puntualmente, para mantener el orden social, la convivencia pacífica, la seguridad ciudadana y el orden público, se clasificó a Ecuador en 10 zonas donde las diferentes ciudades se acogen a la distribución con el fin de desconcentrar la acción de la Policía Nacional en un solo punto y que logre distribuirse en los diferentes territorios que son: Zona 1: Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos; Zona 2: Pichincha (excepto el cantón Quito), Napo, Orellana; Zona 3: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pastaza; Zona 4: Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Zona 5: Santa Elena, Guayas (excepto los cantones de Guayaquil, Samborondón, Durán), y Galápagos; Zona 6: Cañar, Azuay, Morona Santiago; Zona 7: El Oro, Loja, Zamora Chinchipe, Zona 8: Cantones de Guayaquil, Samborondón y Durán; Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito, Zona 10: Los Ríos y Bolívar. En cada espacio territorial el accionar policial está enfocado en los principios de acción establecidos en el PSCCP: defensa (soberanía e integridad territorial), seguridad pública (seguridad ciudadana y orden público), gestión de riesgos (riesgos naturales y antrópicos), articulando las entidades del Estado para brindar respuestas de seguridad ciudadana a la población (Pontón y Rivera, 2016). Adicionalmente la Policía Nacional elabora el Plan Estratégico de la Policía Nacional del Ecuador 2017-2021 (Dirplan, 2017), en el que constan los objetivos establecidos que se deben aplicar.

En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente

las estrategias de mejora para el control de las muertes violentas, Guayaquil, Ecuador.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

América Latina y el Caribe tienen una taza de homicidios que bordea el 33% a nivel mundial, 14 de los 20 países más peligrosos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe (Müller, 2018). Con este antecedente, la seguridad ciudadana es considerada una prioridad, orientando como eje central al ser humano frente a las acciones del Estado (Nivelo et al., 2020); más el Plan Estratégico de la Policía Nacional del Ecuador 2017-2021 (Dirplan, 2017), focalizan su acción en brindar una guía de objetivos para que sean aplicados en cada territorio en un proceso de gobernanza disminuyendo la desacreditación social de las entidades públicas y los entes de control ante el aumento de la delincuencia y la violencia en la región en los últimos años. La necesidad de crear las estrategias de mejora para controlar las muertes violentas del distrito sur, surgen a partir de las condiciones que se vive en esta área, las mismas que han permitido constatar mediante operativos, charlas comunitarias y encuestas vía plataformas digitales la ausencia integral de los diferentes departamentos de la Policía Nacional, considerando que a pesar de ser un territorio pequeño, su densidad poblacional es alto, con subdivisiones de circuitos, sub circuitos y barrios que no poseen más de 200 metros de distancia unos con otros, una realidad social en decadencia que no ha podido ser recuperada con el empoderamiento del territorio.

Cabe resaltar y es necesario enumerar que, un factor esencial para reducir el ambiente de violencia es lograr obtener el control del uso de los espacios públicos, de la mano con la vigilancia de los accesos al estero salado mediante el uso de cámaras de vigilancia, complementando con la dotación de lanchas rápidas a la Policía Nacional, para que con su personal táctico especializado que puedan responder de manera pro activa a todos los intentos de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización que tienen origen en el distrito sur. Un foco de atención no solo social sino también político por parte del Estado y sobre todo de interés internacional, ya que las muertes violentas son un factor de medición de la seguridad de un país, dicha situación que se encuentra fuera de control afecta de manera directa la conceptualización de seguridad ciudadana del Ecuador a nivel mundial. Las instituciones de Educación Superior conjuntamente con los institutos de investigación e inteligencia, serán parte fundamental para reforzar las estrategias propuestas en este trabajo de investigación exclusivo para el distrito sur (Guerrero et al., 2021), una acción que suma la participación conjunta de entidades públicas y privadas en beneficio para recuperar la paz, la seguridad ciudadana y garantizar la acción de la Policía Nacional es proteger y servir al país.

DISCUSIÓN

La violencia naturalizada en el área de estudio, obliga al Estado a empoderarse de la realidad del sector, trabajando conjuntamente con la Policía Nacional que opera en esta área, a fin de lograr una sinergia interinstitucional y crear un plan de seguridad ciudadana exclusivo para el Distrito Sur, a través del perfeccionamiento de las estrategias ya establecidas y acogiendo de mejor manera aquellas que mejoren este plan de seguridad, fortaleciendo a su vez el servicio de la Policía Comunitaria y actividades conjuntas con la sociedad civil, siendo indispensable percibir el apoyo del gobierno local para que las personas privadas de libertad puedan incorporarse a actividades económicas, educación a través de los medios de comunicación social para implementar una cultura de paz buscando disminuir la violencia intrafamiliar, de género y delitos contra la integridad sexual y reproductiva, solo entonces se lograrán los objetivos que se persiguen. La visión de mejorar la calidad social de esta área no se conseguirá si las estrategias propuestas no son aplicadas bajo un estricto régimen de cumplimiento. Recalcando que las estrategias propuestas son:

· Implementar de forma integral el modelo de gestión institucional, con el accionar de los ejes de investigaciones e inteligencia de la Policía Nacional.

· Apertura de investigaciones previas a ciudadanos infractores de la ley a fin de ser puestos a órdenes de las autoridades competentes.

· Empoderamiento del territorio en coordinación con las entidades municipales de control de espacios públicos.

· Reforzamiento del servicio de Policía Comunitaria para afianzar la relación sociedad civil-Policía Nacional.

· Control permanente de los accesos al estero salado mediante el uso de cámaras de video vigilancia y puestos permanentes de control con el uso de lanchas rápidas y personal táctico especializado.

· Prohibir sin excepción la circulación de vehículos sin placas de identificación.

· Programa de recompensas por entrega de armas de fuego o información que permita su incautación.

· Control de circulación de todo tipo de vehículos sin placas reglamentarias de identificación, sin excepción.

· Apertura de oficina de análisis del delito.

· Procesos de control de los servidores policiales asignados.

· Rotación permanente del personal policial, con un tiempo límite de 2 años en el territorio.

· Entrega del recurso logístico necesario para el cumplimiento de la misión institucional.

· Conformación de un grupo de control motorizado, con la designación de motocicletas para las actividades preventivas de control.

· Proceso de reentrenamiento al personal policial asignado, previo a su presentación en territorio.

· Modificación de horario de jornadas de trabajo del personal policial.

Un plan estratégico de acción orientado a las necesidades propias del sector atacaría la problemática que la ciudadanía vive, en cuenta a un entorno violento, amenazas, muerte y desconcierto.

El Estado está en la obligación de superar el paradigma relacionado a que, gran parte de los países latinoamericanos presentan una serie de inconvenientes al momento de plantear, diseñar y aplicar políticas gubernamentales con el propósito de solucionar los problemas sociales de inseguridad que afectan la integridad y bienestar de los pobladores, esto se debe principalmente a la ausencia de interés por parte de las autoridades y organismos nacionales cuyo objetivo es velar por la seguridad de los ciudadanos (Gonzales y Barbarán, 2021).

CONCLUSIONES

La realidad social que vive un sector independiente de su ubicación geográfica va de la mano con una adecuada aplicación de la ley e intervención del Estado para que sea una zona de convivencia social pacifica, sin embargo, si estos dos factores no son aplicados para mejorar la situación de la población, aumenta la probabilidad de que se desarrolle territorios óptimos y adaptativos al empoderamiento de la delincuencia.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

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