INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República del Ecuador en su art. 3 literal 8, dispone que es un deber primordial del Estado, garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción Constitución de la República del Ecuador (2008). Así mismo, según el artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, tipifica que la seguridad ciudadana es una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador (Ley de Seguridad Pública y del Estado, 2017).

Identificar las estrategias adecuadas para prevenir el delito de robo, que ayuden a disminuir la cantidad de puntos vulnerables existentes en el barrio El Batán para junto con directivas de seguridad desarrollar planes de contingencia para minimizar la inseguridad. El artículo 393 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que el Estado garantiza la paz ciudadana con la implementación de estrategias concretas, políticas y acciones integradas para esta finalidad (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

Por ello, hay evidencias claras de que las estrategias de prevención del delito bien estructuradas no solo previenen el robo y la victimización, sino que promueven la seguridad de la comunidad contribuyendo al desarrollo de los países, las implementaciones de políticas de seguridad eficaces mejoran la calidad de vida de las personas, además la prevención de actos delictivos ofrece oportunidades para reducir costos generados por la sustracción de bienes (Manual sobre la aplicación eficaz de las directrices para la prevención del delito, 2011). Si bien existen estrategias y planes de seguridad ciudadana en el Ecuador no hay resultados eficientes, para cumplir de manera eficaz con la seguridad de las personas el Estado debe destinar el presupuesto necesario para equipar a la Policía Nacional contando además con normas jurídicas que favorezcan en los procedimientos policiales contra el delito (Armas, 2021).

El Código Orgánico Integral Penal (2014) establece que la persona que mediante amenazas o violencia sustraiga o se apodere de cosa, mueble ajeno, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad, con una pena privativa de libertad de uno a tres años. Las ciudades más grandes del Ecuador como Quito y Guayaquil presentan los más altos índices de robo y delincuencia. Es así que para dar viabilidad a la seguridad ciudadana y convivencia social pacífica en la ciudad de Quito se firmó el 15 de agosto del 2019 un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno y los gobiernos autónomos para proveer personal policial a las unidades de policía comunitaria. Asunto similar ocurrió en el municipio de Guayaquil en agosto del 2019 en donde se firmó un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Gobierno, el ECU 911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, esto facilita el uso de la tecnología no solo para la atención de emergencias sino también para combatir el hurto (Armas, 2021).

Según el Diario El Norte de septiembre de 2020, informa que el barrio El Batán que está junto al mercado 24 de mayo, es uno de los más conflictivos y peligrosos; sus moradores, transeúntes y personas que ejercen el comercio, aseguran que todos los días son víctimas de robo por parte de un grupo de personas que han hecho de esta zona su lugar de operaciones delictivas, por ello es necesario que haya control policial y presencia de agentes de control de forma permanente en este sector, los sospechosos tienen en zozobra a la zona y han sido identificados como consumidores de alcohol artesanal que se expende por el sector y que se deriva en el cometimiento de robos, enfrentamientos a puños y con armas corto punzantes así como amenazas a los transeúntes y comerciantes (El Norte, 2020).

En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente

las estrategias de seguridad ciudadana para prevenir los delitos de robo.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

La seguridad ciudadana considerada como un bien público y un derecho constitucional propone implementar un trabajo conjunto con todos los actores sociales, para facilitar a todos los ciudadanos a desarrollarse en un espacio con el menor riesgo posible libre de amenazas que afecten su integridad personal, sus derechos y a gozar plenamente de sus bienes adquiridos, lo que no está ocurriendo debido a que en los últimos años el fenómeno de la inseguridad ha provocado impactos negativos en todos los estratos sociales. Es así que el concepto de seguridad pública se refiere al mantenimiento de la paz, la ley y el orden público; se puede entender también como la imposición del orden a través del estado de derecho y de la represión, mediante las sanciones judiciales y de la acción policial (Saint Pierre, 2012).

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 238, dispone que, los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana y que en ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la sucesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y concejos regionales.

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COTAD), en el artículo 54, literal n) menciona.- Son funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal crear y coordinar los concejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularan y ejecutaran políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre protección, seguridad y convivencia ciudadana.

El Código Orgánico de Entidades de Seguridad y Orden Público (COESCOP), en su artículo 64 numeral 6.- ministro o ministra. - coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados su participación en la construcción de la política de seguridad ciudadana, protección interna y orden público. Es relevante mencionar quienes conforman los organismos de control y seguridad según sean sus funciones y competencias en el Art. 2 del Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, señala que las disposiciones de este código son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y se rigen al mismo las siguientes entidades; numeral 5 Entidades complementarias de seguridad de los gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos; literal a) Cuerpos de Control Municipal o Metropolitana; b) Agentes civiles de tránsito c) Cuerpos de bomberos.

Además, para lograr un mejor accionar entre los diferentes actores sociales, así como los organismos de control especialistas en seguridad ciudadana, el COESCOP en el Art. 218 tipifica - Naturaleza. - Las entidades complementarias de seguridad de la Función Ejecutiva y de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales, son organismos con potestad pública en su respectivo ámbito de competencia, que desarrollan operaciones relacionadas con el control del espacio público; prevención, detección, disuasión e investigación de la infracción; apoyo, coordinación, socorro, rescate, atención pre hospitalaria y respuesta ante desastres y emergencias; con la finalidad de realizar una adecuada gestión de riesgos y promover una cultura de paz, colaborando al mantenimiento de la seguridad integral de la sociedad y del Estado.

Se considera también lo que especifica el Código Integral Penal Ecuatoriano COIP en el Art. 189.- Robo. - Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionado con una pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si se ejecuta el robo utilizando sustancias que afectan la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado será sancionado con una pena privativa de cinco a siete años. Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 se sancionará con una pena privativa de libertad de siete a diez años. Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años (COIP, 2014)

En los últimos meses a partir de la reactivación post Covid-19 el comercio, la educación y la actividad laboral, se ha incrementado al igual que la problemática de la inseguridad en el cantón Otavalo, especialmente por el delito de robo, en protesta de los múltiples acontecimientos delictivos y por la falta de políticas de seguridad ciudadana, se ha tomado la decisión por parte de la población indígena el ajusticiamiento a delincuentes aprehendidos en flagrancia.

DISCUSIÓN

La Constitución del año 2008 promulgada por la Asamblea Nacional, dispone una serie de garantías, una de ellas es la seguridad integral que es una de las innovaciones tipificadas en la normativa de más alta jerarquía en Ecuador es así que en el Art. 3, numeral 8, dispone que son deberes primordiales del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción.

El Estado también descentralizó a los gobiernos locales, dándoles autonomía jurisdiccional y administrativa , así como les otorgo funciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, en tanto que la Constitución en el Art. 56 literal n), dispone crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad ciudadana, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana.

Esta normativa ha permitido a los municipios crear ordenanzas, tasas y políticas para resolver diferentes problemáticas urbanas y rurales relacionadas sobre todo con la violencia e inseguridad que es el pedido colectivo para mejorar la convivencia social, en el cantón Otavalo, en donde por disposición legal se ha creado la dirección de seguridad ciudadana la cual debido al desconocimiento de planes proyectos y políticas de seguridad emitidas por el Estado, no está desarrollando acciones efectivas para prevenir los delitos del robo y sus pérdidas económicas que esto conlleva.

Sin embargo, en otros gobiernos locales los esfuerzos realizados por las alcaldías y sus direcciones de seguridad ciudadana para contribuir con la solución de la problemática de la delincuencia se ven limitados por el mismo Gobierno Central ya que aún concentra los plenos poderes a una sola institución, considerando que la misma Constitución menciona un trabajo articulado con todos los organismos de control, ciudadanos y grupos sociales públicos y privados.

Sin que exista ningún tipo de polémicas o discrepancias institucionales el COESCOP en el Art. 2. Tipifica, Ámbito, las disposiciones de este código son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y se rigen al mismo las siguientes entidades, numeral 1) Policía Nacional, Numeral 5) Entidades complementarias de seguridad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos:

Los criterios emitidos por parte de los especialistas en las entrevistas concuerdan en un 100% de que es necesaria la aplicación de estrategias de seguridad ciudadana en el cantón Otavalo por el incremento de múltiples denuncias que han sido receptadas por cada una de las instancias que cumplen las funciones de seguridad ciudadana así como en el comando de la Policía Nacional, el ECU 911, la Comisaria Nacional, la Comisaria Municipal y la Jefatura Política , denuncias receptadas especialmente de los lugares donde se ejerce el comercio, uno de los sectores conflictivos es el barrio El Batán que por su cercanía al mercado municipal 24 de Mayo tiene una gran afluencia de personas facilitando el accionar de los delincuentes.

Además, los criterios emitidos por los directivos y moradores del barrio, a través de una encuesta, el 92% de los encuestados, consideran que el sector es inseguro, A pesar de que el municipio cuenta con una dirección de seguridad ciudadana no se ha planteado planes y políticas locales de seguridad ciudadana por tal motivo los moradores del sector se sienten desprotegidos y al margen de la delincuencia.

Otro factor que genera los delitos de robo en el sector se debe a la ubicación geográfica es un lugar comercial que a pesar de no tener la infraestructura sus viviendas fueron adecuadas para el expendio de productos comerciales y alojamiento a bajo costo, este sector populoso desde hace algún tiempo ha sido considerado como zona roja, debido al expendio de licor artesanal en viviendas camufladas, razón por la cual hay una gran afluencia de personas adictos al licor que generan malestar en sus habitantes a esto se suma la gran afluencia de migrantes los cuales por la falta de recursos económicos y fuentes de empleo tienen que estar inmersos en actos delictivos cuyas víctimas son los moradores del lugar quienes a causa del robo sufren agresiones y pérdidas económicas. Los delincuentes en la mayoría de los casos son identificados, apropiándose de las bancas que están ubicadas a lo largo de la calle principal Abdón Calderón misma que atraviesa por el barrio El Batán, estos sitios son utilizados para ingerir bebidas alcohólicas y otras substancias prohibidas, sin importarles que por el sector circulan personas de todas las edades y que bajo el efecto de la embriaguez también cometen delitos.

CONCLUSIONES

Se pudo constatar que los habitantes del sector añoran las épocas pasadas en donde el barrio El Batán era un lugar muy tranquilo con muy poca o ninguna delincuencia donde todos los vecinos se conocían, tenían buenas relaciones interpersonales producto de ello se consolidó en ellos el exceso de confianza, por lo que sus viviendas fueron construidas sin medidas de seguridad en puertas y ventanas lo que se convierten en inseguras a expensas del cometimiento de ilícitos por parte de delincuentes.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes; por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Armas, G. (25 de mayo de 2021). Seguridad ciudadana, desde la óptica del COESCOP. [Citizen security, from COESCOP's point of view]. Derechoecuador.com/seguridad

Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. [Comprehensive Criminal Code]. Registro Oficial Nº 180. https://url2.cl/53c6h

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/i1ch

Asamblea Nacional de la República del Ecuador (2017). Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. [Organic Code of the Public Security and Public Order Entities]. Año I. Nº19. https://n9.cl/coescop

Asamblea Nacional (2009). Ley de Seguridad Publica y del Estado. Ley 0 Registro Oficial Suplemento 35 de 28-sep.-2009 Ultima modificación: 09-jun.-2014 Estado: Vigente. https://n9.cl/b2ckz

Asamblea Nacional (2010). Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. [Organic Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization]. https://n9.cl/u4059

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. [Inductive and deductive reasoning within the research process in experimental and social sciences]. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847

Diario El Norte. (11 de sep. de 2020). Moradores afirman que Barrio el Batan es tierra de nadie. [Residents claim that Barrio el Batan is no man's land].

Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. [Scientific methods of inquiry and knowledge construction]. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647

Saint Pierre, H. (2012). Fundamentos para pensar la distinción entre defensa y seguridad. [Basis for thinking about the distinction between defense and security]. En M. Donadio. Atlas comparativo de la defensa en América ( pp. 42-43). Buenos Aires: RESDAL

UNDOC. (2011). Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices para la prevención del delito. [Handbook on Effective Implementation of the Guidelines for the Prevention of Crime]. Series de Manuales sobre Justicia Penal.

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