INTRODUCCIÓN
El presente artículo científico parte de la reforma del Código Orgánico Integral Penal (2014) y los evidentes desfases o contradicciones que en este cuerpo normativo se presenta, dado que el mismo no se modificó en un suficiente sustento teórico o considerando la realidad ecuatoriana. La normativa legal proporciona las reglas para llevar a cabo un debido proceso, sin embargo, las penas no se aplican considerando las garantías básicas para la aplicación de las sanciones. Se ha identificado la ausencia de un análisis en la que el legislador ha planteado las razones por las cuales las sanciones son diferentes según la infracción que se derive de un bien jurídico y la pena sea mayor que la lesión de otra connotación o que las sanciones sean similares en casos diferentes. Por lo tanto, para constituir una pena y para que el catálogo de conductas indebidas tenga coherencia, se debe establecer un sistema que respete ciertos criterios a la hora de imponer una sanción privativa de libertad (Cornejo, 2017).
En el COIP se mantienen contradicciones en la gradualidad para la aplicación de sanciones, por lo que se evidencian errores en el criterio jurídico para aplicar las diferentes penas de los delitos. Cabe mencionar, que hay conductas menores con penas que no van de acuerdo al delito cometido por parte del individuo, por lo cual, deben ser analizados y de esta manera establecer una debida aplicación de las penas privativas de libertad.
El artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta que la ley debe establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, ya sean administrativas o de otra naturaleza para de esta manera garantizar los derechos de las personas y no sean vulnerados (Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Según la disposición constitucional, la proporcionalidad exhibe una diferenciación y admite una diversa libertad de configuración legislativa dependiendo de la materia.
El principio de proporcionalidad es el argumento teórico y técnico para que la dosimetría penal pueda lograr resultados en la normativa y en la práctica, por tal razón se debe establecer la exigencia para que la sanción sea proporcional a la gravedad del delito que se ha cometido y de esta manera proteger el bien jurídico. Al momento de crear normas penales, el legislador debe verificar los derechos y principios que se encuentran tipificados en la Constitución de la República del Ecuador para que de esta manera no se vulneren y haya un debido proceso garantizando la tutela efectiva.
Jurídicamente, el docimetría penal constituye la aplicación del principio de proporcionalidad sobre las penas y de esta manera se determina que la sanción debe ser conforme a la gravedad del delito que haya cometido la persona, para de esta menara garantizar el principio de legalidad y no se vulneren sus derechos. Además, el legislador en las infracciones y las penas debe fijar sobre la proporcionalidad abstracta, en el cual debe abordar con amplitud durante el procedimiento del COIP, tomando en cuenta los diferentes criterios sobre la dosimetría penal y arbitrariedad normativa. La sentencia penal, coincide con los principios de la justicia fundamental y la intención de la sentencia es: salvaguardar el respeto a la ley y a una sociedad convincente, aplicando sanciones justas sin vulnerar los derechos del individuo (Goh, 2013); en este sentido la proporcionalidad según el autor es el principio dominante que determina la sentencia.
El COIP tiene deficiencias, como, por ejemplo, un delito de peligro puede considerarse la misma sentencia que un delito de resultado, como podemos evidenciar el tráfico de influencias, tiene una sentencia de privación de libertad de tres a cinco años, sin embargo, se sanciona con la misma pena a la persona que no realizó esta acción sino únicamente lo que hizo fue ofrecer realizar esta conducta. Consiguientemente, no importa si nunca se llegó a ejecutar el hecho que favorezca a tal servidor público, por ende, el ofrecer tiene igual resultado que el realizar o ejecutar la acción típica. Respecto de las penas, es fundamental recalcar que, una persona puede ejecutar varias infracciones en diferentes momentos y ser acreedor de distintas sanciones privativas de libertad en su contra, por medio de sentencias independientes (Zambrano Castro, 2020).
En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente la dosimetría penal: Arbitrariedad normativa y práctica en el Ecuador.
MÉTODO
La presente investigación utiliza el método cuantitativo el cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017). Se aplicará una encuesta a 27 profesionales del derecho que laboran en la Unidad Judicial Penal y Tribunal de Garantías Penales del cantón Latacunga.
RESULTADOS
Resultados de las encuestas a los profesionales del derecho que laboran en la Unidad Judicial Penal y Tribunal de Garantías Penales del Consejo de la Judicatura de Cotopaxi, cantón Latacunga.
1. ¿Considera usted, que existe falta de docimetría penal en el COIP? (sí o no y por qué)
Figura 1. Falta de docimetría penal en el COIP.
Elaboración: Los autores.
La mayoría de los profesionales consultados (80%) indica que sí existe falta de docimetría penal en el COIP, entre las razones mencionan que es necesario que exista una nueva reforma a este cuerpo legal para sancionar ciertos delitos que no se encuentran todavía tipificados en las leyes ecuatorianas. Al considerar que, es fundamental que exista mayor proporcionalidad entre los delitos y las penas. Además, debería identificarse de forma más específica y clara a quienes incumplen la norma para evitar confusiones que llevan a sancionar a inocentes, porque se puede presentar una mala interpretación de la norma. A lo que se suma que existen vacíos legales en el COIP que deben ser analizados que generan falta de dosimetría penal en este código. Las respuestas evidencian que las normas y el derecho penal que son las herramientas que tiene el Estado para usar el poder punitivo deben actualizarse de acuerdo a la necesidad social existente.
2. ¿Considera usted, que existe ausencia de tecnicidad y de argumentación jurídica por parte del legislador a la hora de establecer el catálogo de conductas y sus penas privativas de libertad? (sí o no y por qué).
Figura 2. Ausencia de tecnicidad y argumentación jurídica.
Elaboración: Los autores.
La mayoría de los encuestados (64%) coincide en que no. Entre las razones señalan que cada delito establecido en el COIP cuenta con su respectiva sanción y técnica por lo que se debe aplicar la tecnicidad al momento de su establecimiento por parte del legislador, por lo tanto, es indispensable que dentro del proceso parlamentario se tomen en cuenta las argumentaciones jurídicas y otros insumos para que los legisladores tomen en cuenta toda la información requerida sobre el proyecto de ley al momento de tomar una decisión. Sin embargo, es el juez quien para dictar sentencia privativa de libertad tendrá que realizar un análisis jurídico de las pruebas presentadas en la audiencia. Por el contrario, quienes respondieron que no (36%) señalan que la mayoría de asambleístas no cuentan con la tecnicidad y argumentación jurídica requerida para crear adecuadamente una norma legal, porque de antemano no conocen la normativa legal vigente y su aplicación.
3. ¿Considera usted, que actualmente ha generado afectación al momento de dictar sanciones ante dos o más sentencias privativas de libertad en una persona? (sí o no y por qué).
Figura 3. Afectación al momento de dictar sanciones.
Elaboración: Los autores.
La mayoría de los encuestados (80%) señala que actualmente sí ha generado afectación al momento de dictar sanciones ante dos o más sentencias privativas de libertad en una persona. Se considera que el juez de la Unidad Judicial Penal al momento de aplicar las respectivas sanciones, debe tomar en cuenta los hechos relacionados con la causa que se trata y aplicar el principio de igualdad, ya que el sancionar más de una vez por una misma causa a una persona está en contra de los principios constitucionales.
No obstante, existen casos en los que se incumple este principio, por lo que, este tema provoca debate, ya que existen casos penales en lo que una persona está cumpliendo una pena privativa de libertad y existe otra pena igual por la que debe responder, entonces, se incumpliría el principio mencionado, aun cuando exista acumulación de penas que deban ser cumplidas por el privado de libertad.
DISCUSIÓN
Este estudio aborda la dosimetría penal que jurídicamente tiene que ver con el principio de proporcionalidad, al considerar que la proporcionalidad se vincula con el criterio de imparcialidad en el proceso que lleva a cabo al momento de interpretar las leyes e imponer un castigo proporcional al delito que se comete de acuerdo a su gravedad (Bermeo, 2019). Aspecto teórico que es conocido por los jueces del Tribunal Penal del Consejo de la Judicatura de Latacunga, sin embargo, en la práctica a su criterio no hay un tecnicismo jurídico por parte de los asambleístas que conforman el poder legislativo en el país al momento de definir qué conductas y castigos deben considerarse al momento de emitir una sentencia. Al revisar el articulado del COIP se encuentra que no hay coherencia entre las conductas tipificadas como delitos y las penas se establecen. Así, se evidencia que a delitos menores se asignan penas muy altas o a delitos menores se asignan penas iguales o menores que a los delitos de mayor gravedad.
Lo que evidencia que existen falencias al momento del debate legislativo para la aprobación de las leyes y que, en el país impera una justicia politizada y una politización mediática. Lo que es coherente con resultados de estudios que abordan el tema y señalan que en países democráticos los partidos políticos buscan apoderarse de los distintos poderes del Estado, incluido el de la justicia con la finalidad de usarla para su propio beneficio, a lo que se suma el poder que los medios de comunicación ejercen en la sociedad para favorecer a ciertos grupos políticos (Pulluguari, 2018). La aplicación del principio de proporcionalidad es fundamental porque implica que las penas estén en función de la gravedad del delito o peligrosidad de la persona (Rojas, 2017).
CONCLUSIONES
El COIP se evidencia que existen falencias al momento del debate legislativo para la aprobación de las leyes y que, en el país impera una justicia politizada, para tipificar el mínimo y máximo de las penas dentro de esta normativa, por lo que se recomienda hacer reformas, para que los implicados sean sancionados de acuerdo a la gravedad del delito.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por motivar el desarrollo de la Investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. [Comprehensive Criminal Code]. Registro Oficial Nº 180. https://url2.cl/53c6h
Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, (2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/sia
Bermeo Arcos, P. (2019). Dosimetría penal: la arbitrariedad normativa y práctica. [Criminal dosimetry: regulatory and practical arbitrariness]. Tesis de Maestría. Universidad Andina Simón Bolívar. https://n9.cl/kiaou
Cornejo, J. (2017). La proporcionalidad o dosimetría de las penas. [Proportionality or dosimetry of penalties]. https://n9.cl/m4pk2
Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. [Inductive and deductive reasoning within the research process in experimental and social sciences]. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847
Goh, J. (2013). Proporcionality. An Unattainable Ideal in the Criminal Justice System. https://n9.cl/tzkba
Pulluguari, K. (2018). Politización mediática de la justicia en Ecuador. Estudio de caso: Ecuavisa. [Media politicization of justice in Ecuador. Case study: Ecuavisa]. Tesis de Maestría. Universidad Internacional de Analucía. https://n9.cl/t7lqy
Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. [Scientific methods of inquiry and knowledge construction]. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647
Rojas, I. (2017). La proporcionalidad en las penas. [Proportionality in penalties]. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. https://n9.cl/4omo0
Zambrano Castro, R. (2020). Vulneración en el acceso al régimen semiabierto de las personas condenadas por delito de asesinato en Santo Domingo. [Violation of access to semi-open regime for persons convicted of murder in Santo Domingo]. Tesis de Maestría. Universidad Regional Autónoma de los Andes. https://n9.cl/cu0oy
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