INTRODUCCIÓN

La Constitución de la República de Ecuador (2008) consagra en el artículo 11.8 que los derechos constitucionalmente establecidos serán objeto de su desarrollo progresivo por medio de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. En este sentido, en el país existe una política legislativa proclive a la atención especializada de la vulnerabilidad de la mujer y la familia, que tiene su expresión en la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres (2018) que tiene por objeto servir de base de interpretación para las políticas públicas en esta materia, así como ciertas disposiciones consagradas en el Código Orgánico Integral Penal (2014) que tipifican las conductas y prácticas violentas como delitos, dentro de los cuales destaca la incorporación del femicidio, como manifestación del máximo quebrantamiento de los derechos de las mujeres.

En este sentido, González y Pérez (2016) plantean que una política criminal puede ser entendida como la reacción socio-estatal organizada frente al delito, por lo que se puede inferir que deberá tomar en cuenta todos los elementos que rodean la acción o conducta que se encuentra tipificada, a los fines de su erradicación o al menos disminución de su ocurrencia en la sociedad. Como refieren Ramírez et al. (2020) en el mundo mujeres enfrentan acoso sexual y violencia en espacios públicos, en el transporte público, en las calles, lugares de recreación tales como parques y plazas, mercados.

En este sentido, Castellano (2021) sostiene que la vulnerabilidad múltiple corresponde a un concepto que afirma la coexistencia de diversos factores o ejes de subordinación que tienen ocurrencia y se superponen en la vida de una persona, pero que no son una mera suma de factores, sino un conjunto de circunstancias que elevan o disminuyen el riesgo de quebrantamiento de los derechos de ese individuo. Por lo que, dentro del marco de la legislación existente dichas políticas deberán dedicarse a la atención de los ejes primordiales de la violencia de género de manera integral y multidisciplinaria, que al decir de Bracamonte (2016), deberán tener como estrategia medidas educativas, de sensibilización, de prevención, de protección social, laboral y económica, de tutela institucional, penal y judicial, contemplando acciones positivas mediante medidas de impulso y promoción que tiene como finalidad establecer la igualdad entre los hombres y las mujeres, y en este caso de las mujeres pertenecientes a las comunidades indígenas ecuatorianas. Además, Aguinaga et al. (2019) caracterizan a las mujeres de las comunidades indígenas ecuatorianas como mujeres rurales que tienen una vida con una doble dinámica, que se encuentran interactuando constantemente, ya que, de una parte, se encuentran sometidas a la imposición de una forma de reproducción de la vida que incluye procesos de dominación, y, de otra parte, un proceso de lucha por el reconocimiento de su participación en la propia comunidad, específicamente en atención a su intervención en el trabajo, puesto que como expresan Buitrón y López (2019), la naturalización de su rol reproductivo ha ensombrecido el aporte productivo que realizan las mujeres indígenas, lo cual ha conducido a una mayor carga global de trabajo en relación a la de los hombres rurales, lo cual a todas luces se traduce en violencia de género.

En la presente investigación se plantea como objetivo general analizar jurídicamente las políticas públicas orientadas a la población indígena ecuatoriana para erradicar la violencia contra la mujer.

MÉTODO

La presente investigación utiliza el método cuantitativo la cual produce datos descriptivos, que se originan por la recolección de datos. Apoyado en la revisión documental-bibliográfica. Además, se aplica el método inductivo-deductivo, el cual sugiere que para encontrar una verdad se deben buscar los hechos y no basarse en meras especulaciones, además de partir de afirmaciones generales para llegar a específicas (Dávila, 2006). Se plantea además el método analítico-sintético por medio del cual, se descompone un todo en partes extrayendo cualidades, componentes, relaciones y más para posteriormente unir las partes analizadas y con ello descubrir características y relaciones entre los elementos (Rodríguez y Pérez, 2017).

RESULTADOS

En el año 2012 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2012) publicó una crónica en la cual afirmaba que las mujeres indígenas y afroecuatorianas eran el grupo étnico que más violencia sufre, donde aproximadamente 7 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. Recientemente, el informe elaborado por la Fiscalía General del Estado (2020) plantea que la mayor tasa de mujeres que han sufrido violencia de género se autoidentifican como afroecuatorianas 72%, luego, esta vez corresponde al grupo de las mujeres autoidentificadas como mestizas 65%.

Figura 1. Autoidentificación étnica de las mujeres víctimas de violencia de género: comparación de datos 2012 y 2020.

Fuente: INEC (2012) y FGE (2020).

Una de las razones que se pueden considerar para esta prácticamente sutil variación, podría derivar del texto constitucional, así como de la normativa internacional suscrita y ratificada por el Estado ecuatoriano, de las cuales se puede desprender con meridiana claridad, la obligación del Estado en la formulación y ejecución de políticas públicas con el fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres.

Según Goyas et al. (2018), es en cumplimiento del contenido de la precitada norma constitucional que se publicó la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género 2014-2017, la cual ha sido reemplazada por Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021, las cuales son el resultado de la concertación entre el Estado y la sociedad civil en torno a los derechos de género, reconocidos como ya se expresó, tanto constitucionalmente como en el entorno internacional.

Esta agenda nacional, así como los demás instrumentos que forman parte de la política integral de convivencia y seguridad ciudadana para el Estado, funcionan como una herramienta idónea a los fines del abordaje de la seguridad y la convivencia. Es así como este tipo de documento promueve la formulación, coordinación y ejecución de planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, que en el caso de la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI 2018-2021, permite identificar y priorizar el abordaje de las problemáticas que inciden en la violencia contra la mujer, y muy especialmente la mujer indígena, así como identificar estrategias, proyectos y programas para dar respuestas a este grupo vulnerable.

DISCUSIÓN

Según Lavinas (2009) el movimiento indígena ha sido especialmente triunfante en Ecuador, con un fuerte dominio de movilización y participación política, ejemplo de eso son los partidos políticos como Pachakutik y Amauta, así como por medio de la consagración y el reconocimiento de derechos colectivos a través de la constitución de la república, que se presenta como un instrumento multiétnico y plurinacional. Resultados estos que no pueden negar el desarrollo de la identidad cultural y un liderazgo indígena como los elementos democratizantes para la población indígena.

Sin embargo, ese éxito que ha tenido la ampliación de la política étnica ha dejado otras disconformidades aplazadas, como son las que corresponden al nivel de género. La mujer indígena sigue siendo víctima de altos índices de pobreza y violencia, discriminación política y marginalización económica.

La Chica (2020) sostiene que la situación de vulnerabilidad en que se encuentra la mujer indígena no es el resultado de la mera suma de factores yuxtapuestos, es decir, su condición de mujer más pertenecer a una etnia o población indígena, sino de la conexión que tienen esas circunstancias de diversa índole y procedencia, las cuales son difíciles o imposibles de comprender cabalmente, sino desde la interseccionalidad. La vulneración de los derechos de este grupo de mujeres conforma un problema estructural, por lo que no resulta suficiente la mera aplicación de políticas públicas de atención al delito de violencia contra la mujer una vez ocurrido, puesto que esto solo atiende las consecuencias de la situación de vulnerabilidad, sino que precisa de una intensa transformación de la sociedad en su conjunto.

CONCLUSIONES

La violencia de género se encuentra presente en la sociedad ecuatoriana, y las poblaciones indígenas no son la excepción, muy por el contrario, las mujeres indígenas forman parte de un grupo especialísimo de protección en virtud de que se ven sometidas a una múltiple condición de vulneración, por el hecho de ser mujer, indígena, y pertenecer a un grupo de desposeídos económicamente, es decir, que son pobres. Asimismo, los elementos que rodean esta condición de múltiple vulnerabilidad fomentan la violencia contra las mujeres indígenas, no solo de parte de sus parejas, convivientes o cónyuges, sino también por otros sujetos que tienen un rol de autoridad dentro del núcleo familiar, como la figura paterna o filial, por ejemplo, que conforman el mismo grupo étnico, a la vez de generar la posibilidad de que sea violentada por otras personas pertenecientes a otros grupos étnicos.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por motivar el desarrollo de la Investigación.

REFERENCIAS CONSULTADAS

Aguinaga, A., Astudillo, D., y López, N. (2019). Género y territorio: condiciones de reproducción de la vida, política pública y participación de las mujeres indígenas, campesinas y agricultoras en Ecuador. [Gender and territory: conditions for the reproduction of life, public policy and participation of indigenous, peasant and farmer women in Ecuador]. Estado y comunes: Revista de políticas y problemas públicos, 1(8), 227-252. https://n9.cl/2gklb6

Asamblea Nacional (2014). Código Orgánico Integral Penal. [Comprehensive Criminal Code]. Registro Oficial Nº 180. https://url2.cl/53c6h

Asamblea Nacional Constituyente de la República del Ecuador, (2008). Constitución de la República del Ecuador. [Constitution of the Republic of Ecuador]. Montecristi. Registro Oficial 449 de 20-oct-2008. https://n9.cl/sia

Asamblea Nacional República del Ecuador (2018) Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. [Law to Prevent and Eradicate Violence against Women] Ley 0 Registro Oficial Suplemento 175 de 05-feb-2018. https://n9.cl/h7v9h

Bracamontes, P. (2016). La necesidad de una ley integral para hacer frente a la violencia de género en España (LO 1/2004). [The need for a comprehensive law to address gender-based violence in Spain (LO 1/2004)]. La ventana. Revista de estudios de género, 5(43), 125-173. https://n9.cl/3jyno

Buitrón, V., y López, M. (2019). El trabajo femenino indígena en la economía agrícola familiar en la Amazonía del Ecuador. [Indigenous women's work in the family agricultural economy in the Ecuadorian Amazon]. Espacio y Desarrollo, 33, 67-89. https://n9.cl/03ojc

Castellano, E. (2021). Tratamiento de la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género en los instrumentos convencionales del Derecho del Trabajo y en el Derecho Comparado, con especial atención de las dobles o triples vulnerabilidades. [Treatment of the social and labor insertion of women victims of gender violence in the conventional instruments of Labor Law and in Comparative Law, with special attention to double or triple vulnerabilities]. Trabajo, Persona, Derecho, Mercado: Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social, 2, 13-38. https://n9.cl/jybdpm

Dávila Newman, G. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. [Inductive and deductive reasoning within the research process in experimental and social sciences]. Laurus, 12(Ext), 180-205. https://n9.cl/nx847

Fiscalía General del Estado. (2020). Análisis de la violencia de género. [Analysis of gender violence]. https://n9.cl/eu574

González, M., y Pérez, C. (2016). La política criminal y la seguridad ciudadana en Latinoamérica: apreciaciones actuales. [Criminal policy and citizen security in Latin America: current insights]. International e-Journal of Criminal Science, 3(10), 1-24. https://n9.cl/gq1uq

Goyas, L., Zambrano, S., y Cabanes, I. (2018). Violencia contra la mujer y regulación jurídica del femicidio en Ecuador. [Violence against women and legal regulation of femicide in Ecuador]. Dikê: Revista de Investigación en Derecho, Criminología y Consultoría Jurídica, 23, 129-150. https://n9.cl/nhgbd

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2012). Violencia de género: el primer paso es no ser una víctima más. [Gender violence: the first step is not to be a victim again]. https://n9.cl/ytxdfw

La Chica, M. (2020). Indígena, mujer y niña: grupos en situación de vulnerabilidad en un contexto multicultural. [ Indigenous, women and girls: vulnerable groups in a multicultural context]. Debate Feminista, 61, 134-156. https://n9.cl/zi0ez

Lavinas, M. (2009). La violencia como factor de exclusión política: mujeres indígenas en Chimborazo. Participación y políticas de mujeres indígenas en contextos latinoamericanos recientes. [Violence as a factor of political exclusion: indigenous women in Chimborazo. Participation and politics of indigenous women in recent Latin American contexts]. https://n9.cl/fbs80

Ramírez, J., Alarcón, R., y Ortega, S. (2020). Violencia de género en Latinoamérica: Estrategias para su prevención y erradicación. [Gender violence in Latin America: Strategies for its prevention and eradication]. Revista de Ciencias Sociales (Ve), 26(4), 260-275. https://n9.cl/js0rl

Rodríguez, A., y Pérez, A. O. (2017). Métodos científicos de indagación y de construcción del conocimiento. [Scientific methods of inquiry and knowledge construction]. Revista EAN, 82, 179-200. https://doi.org/10.21158/01208160.n82.2017.1647

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