El objetivo general de la investigación fue analizar jurídicamente la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario y la vulneración del derecho al debido proceso. El método empleado en la investigación, se basó en el enfoque cualitativo. La técnica de investigación aplicada fue la entrevista; la herramienta o instrumento en el cual se apoyaron es la guía de entrevista; la cual se aplica a ocho expertos que llevan los casos de procesos administrativos contra directores de UGEL en la Región Amazonas. El análisis de las entrevistas se realizó utilizando el software ATLAS.ti el cual permitió agrupar por categorías. Se concluye que, en la aplicación de los procesos administrativos, no se está respetando una norma que establece que las faltas solo son aplicables a las funciones de aula y no abarcan las labores administrativas o funciones propias de los directores de la UGEL. Esto genera una falta de seguridad jurídica.

Descriptores: Derecho a la justicia; disciplina; justicia. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The general objective of the research was to legally analyze the application of the administrative disciplinary procedure and the violation of the right to due process. The method used in the research was based on the qualitative approach. The research technique applied was the interview; the tool or instrument used was the interview guide, which was applied to eight experts who handle cases of administrative proceedings against UGEL directors in the Amazon Region. The analysis of the interviews was carried out using ATLAS.ti software, which allowed grouping by categories. It is concluded that, in the application of administrative processes, a norm is not being respected that establishes that the offenses are only applicable to classroom functions and do not include administrative tasks or functions of the UGEL directors. This generates a lack of legal certainty.

Descriptors: Right to justice; discipline; justice. (UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El procedimiento administrativo disciplinario, es un principio esencial que asegura que todas las personas que participan en un procedimiento disciplinario tengan la posibilidad de expresarse, aportar pruebas, ejercer su defensa y recibir un fallo imparcial de la autoridad competente (Obando et al., 2019). En este sentido, los procesos disciplinarios administrativos no garantizan el derecho básico a ser juzgado en un tiempo razonable (Díaz García y Urzúa, 2017). Aunque se establecen plazos cortos para llevar a cabo los procedimientos, no existen mecanismos legales que aseguren su cumplimiento, lo que significa que no hay consecuencias para la demora injustificada en el propio proceso (Stoykova, 2023).

En Europa, la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario varía según el país, pero generalmente se rige por normas legales y reglamentarias específicas (Mondragón-Duarte, 2019), se lleva a cabo por una autoridad competente que investiga las faltas disciplinarias, notifica los cargos a la persona implicada y garantiza su derecho a la defensa (García, 2020), se realiza una investigación exhaustiva, se permite la presentación de pruebas y argumentos, y se emite una decisión imparcial y motivada (León, 2019). Sin embargo, presentan algunas deficiencias que afectan su efectividad y justicia, como las dilaciones y demoras en los procesos, la falta de uniformidad en su aplicación, las limitaciones en los derechos de defensa, la falta de independencia e imparcialidad, la insuficiente transparencia y la falta de recursos y capacitación (López Sánchez, 2023). En el caso de España, la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario se rige principalmente por la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público y la normativa específica de cada administración pública, pero existen deficiencias que afectan su efectividad y justicia. (Saguer, 2021).

De acuerdo a los argumentos formulados se presenta como objetivo general de la investigación analizar jurídicamente la aplicación del procedimiento administrativo disciplinario y la vulneración del derecho al debido proceso.

MÉTODO

El método empleado en la investigación, se basó en el enfoque cualitativo, manejando la recolección y análisis de una tipología documental-bibliográfica. (Hernández Sampieri et al., 2014), lo cual permitió organizar un análisis del objeto de estudio con la intención de descubrir el objetivo presentado por los investigadores. La técnica de investigación aplicada fue la entrevista; la herramienta o instrumento en el cual se apoyaron es la guía de entrevista; la cual se aplica a ocho expertos que llevan los casos de procesos administrativos contra directores de UGEL en la Región Amazonas, lo cual permitió obtener información detallada y precisa, abarcando aspectos como los criterios de evaluación utilizados, las sanciones aplicadas, los plazos de los procedimientos y otros factores relevantes. El análisis de las entrevistas se realizó utilizado el software ATLAS.ti el cual permitió agrupar por categorías.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos, mostrando las categorías que emergieron luego del análisis de las entrevistas aplicadas a los informantes clave. La misma corresponden a:

1. Categoría aplicación de procedimiento administrativo disciplinario.

2. Categoría vulneración del derecho al debido proceso.

3. Categoría aplicación del procedimiento administrativo disciplinario

Figura 1. Categoría aplicación del procedimiento administrativo disciplinario.

Elaboración: Los autores.

Interpretación: Conforme a las respuestas obtenidas se tiene que la mayoría de los entrevistados manifestaron que no se respeta el principio de legalidad, por cuanto durante procedimiento administrativo disciplinario contra directores de UGEL, ante la falta de tipificación precisa, además algunos expertos consideran que no se vulnera dicho derecho por cuanto ya está normado por ley, y que solo se están siguiendo los procedimientos administrativos. Durante el procedimiento administrativo disciplinario contra directores de UGEL, la falta de tipificación, porque cuando la norma no es clara, perjudica a las personas, al no poder ejercer una debida defensa. Para cada proceso administrativo se tiene que establecer de manera clara y concisa cuales son las normas que se deben de utilizar en un procedimiento.

Además, los entrevistados mencionan que no se está respetando una norma que establece que las faltas solo son aplicables a las funciones de aula y no abarcan las labores administrativas o funciones propias de los directores de la UGEL. Esto genera una falta de seguridad jurídica que impide ejercer una defensa eficaz, ya que no se define claramente qué acciones constituyen faltas en su caso específico. En resumen, se argumenta que el incumplimiento de esta norma afecta la capacidad de los directores de la UGEL para proteger sus derechos de manera adecuada.

Figura 2. Categoría vulneración del derecho al debido proceso.

Elaboración: Los autores.

Interpretación: La vulneración del derecho al debido proceso a directores de UGEL se produce cuando no se respetan las garantías y principios fundamentales que protegen sus derechos durante un proceso disciplinario. Esto implica situaciones en las que los directores no tienen oportunidad de defenderse adecuadamente, se le niega acceso a la información pertinente o se toman decisiones sin una evaluación imparcial y justa. Las consecuencias de esta vulneración pueden ser sanciones injustas y desproporcionadas, lo que impacta negativamente en la reputación y la trayectoria profesional de los directores de UGEL. Es crucial asegurar el respeto al debido proceso para salvaguardar los derechos de los directores y garantizar la integridad de los procedimientos disciplinarios.

Frente a ellos los expertos en materia de investigación de este tipo de casos mencionan que, si se presentan limitaciones al derecho de defensa en un procedimiento administrativo, sin importar la forma en que se manifiesten, se estará vulnerando y transgrediendo el principio fundamental del debido proceso. Esto implica que cualquier restricción que dificulte el ejercicio pleno del derecho de defensa, como la negación de acceso a información relevante o la limitación en la presentación de pruebas, atenta contra la equidad y la imparcialidad del procedimiento. En consecuencia, se pone en riesgo la justicia y la protección de los derechos de las partes involucradas, evidenciando la importancia de salvaguardar el derecho de defensa para garantizar un proceso administrativo justo y respetuoso.

DISCUSIÓN

Frente a los resultados expuestos se muestra que no se está respetando una norma que establece que las faltas solo son aplicables a las funciones de aula y no abarcan las labores administrativas o funciones propias de los directores de la UGEL. Además, que la aplicación del Procedimiento Administrativo Disciplinario contra los directores de la UGEL vulnera el debido proceso, ya que se sanciona a estos directores sin contar con una norma expresa que defina las faltas por las cuales pueden ser sancionados. Dan sustento a lo planteado, autores como Colunche y Cerrón (2022), donde han identificado una estrecha relación entre la efectividad de las garantías constitucionales y el proceso disciplinario administrativo, el análisis resalta la importancia de asegurar que el procedimiento disciplinario administrativo respete y proteja los derechos constitucionales de los administrados. Esto implica corregir cualquier violación a dichos derechos y establecer un mecanismo de defensa efectivo para aquellos que se vean perjudicados. Del mismo modo, Carranza (2019) señala que en la Unidad de Gestión Educativa Local existe una carencia de un régimen disciplinario establecido por el Ministerio de Educación, lo cual obstaculiza la aplicación de un debido proceso administrativo disciplinario a los docentes contratados.

La vulneración de los derechos en el proceso refleja un problema y, en ese sentido, se deben establecer estrategias que ayuden a la correcta aplicación del procedimiento administrativo disciplinario, guardando semejanza con Machaca (2019) donde constató que el proceso administrativo disciplinario aplicado a los docentes de la UGEL infringió en gran medida los principios constitucionales. Sin embargo, Huamán (2019) contradice esta afirmación al evidenciar un nivel significativo de incumplimiento en la aplicación del debido proceso, lo cual resulta en una vulneración de los derechos de los docentes en los procedimientos administrativos llevados a cabo por la UGEL. Esto implica que no se está cumpliendo con todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben ser respetadas en todas las etapas procesales, incluso en los procedimientos administrativos que pueden afectar a los docentes.

En cambio, López (2018) tras analizar el proceso administrativo disciplinario, ha concluido que, aunque se aplican los principios del procedimiento sancionador de la Ley General del Procedimiento Administrativo, existe una discrepancia en la ejecución de las sanciones, ya que se recurre a normas del procedimiento general en lugar de seguir los principios establecidos. Del mismo modo Collado (2022) encontró resultados que resaltan la importancia de llevar a cabo una revisión exhaustiva del régimen disciplinario vigente y realizar mejoras significativas. El propósito de estas mejoras es garantizar que el proceso disciplinario sea imparcial, equitativo y respete plenamente los derechos de los administrados en el ámbito educativo.

En consonancia con lo expuesto, el estudio realizado por Flores (2019) ha revelado que los procesos administrativos disciplinarios no cumplieron con el Debido Procedimiento ni tuvieron en cuenta los principios del Derecho Administrativo Disciplinario, durante el análisis de los expedientes disciplinarios, se constataron violaciones a los derechos constitucionales de los administrados debido a la falta de preparación de los miembros involucrados. De manera similar en su estudio, Mondragón-Duarte (2020) destaca la importancia del derecho disciplinario en la estructura pública de cualquier organización estatal, sin importar su naturaleza, con el fin de supervisar y controlar la conducta de los funcionarios públicos de acuerdo con los principios establecidos en la legislación vigente, y así asegurar el cumplimiento de los objetivos e intereses del Estado.

CONCLUSIONES

En la aplicación de los procesos administrativos no se está respetando una norma que establece que las faltas solo son aplicables a las funciones de aula, y no abarcan las labores administrativas o funciones propias de los directores de la UGEL. Esto genera una falta de seguridad jurídica que impide ejercer una defensa eficaz, ya que no se define claramente qué acciones constituyen faltas en su caso específico. Se presentan limitaciones al derecho de defensa en un procedimiento administrativo, sin importar la forma en que se manifiesten, se estará vulnerando y transgrediendo el principio fundamental del debido proceso. Esto implica que cualquier restricción que dificulte el ejercicio pleno del derecho de defensa, como la negación de acceso a información relevante o la limitación en la presentación de pruebas, atenta contra la equidad y la imparcialidad del procedimiento.

FINANCIAMIENTO

No monetario.

AGRADECIMIENTO

A la Universidad César Vallejo, por motivar el desarrollo de la Investigación.

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