En la presente investigación se planteó como objetivo general analizar jurídicamente la crisis del sistema penitenciario del ecuador y sus diferentes factores jurídicos. El estudio que buscó describir la crisis del sistema penitenciario del Ecuador desde la perspectiva del profesional del derecho, se fundamentó desde los cánones del enfoque positivista y haciendo uso de metodologías cuantitativas. Así mismo, y como estrategia para responder al problema de investigación, se asumió un diseño no experimental, pues, no se manipuló ninguna variable deliberadamente. Además, se apoyó en el análisis documental-bibliográfico, cuyas fuentes están conformadas por leyes, convenios, tesis, entre otros. Por otro lado, se aplicó un cuestionario a 100 profesionales del derecho: Jueces, defensores públicos y/o fiscales. relacionados con el sistema penitenciario de Ecuador. Se concluye que, es evidente la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, donde la vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad, se palpa a través del hacinamiento.

Descriptores: Sistemas jurídicos; crisis política; derechos de los prisioneros. (Tesauro UNESCO).

ABSTRACT

The general objective of this research was to legally analyze the crisis of the penitentiary system in Ecuador and its different legal factors. The study, which sought to describe the crisis of the penitentiary system in Ecuador from the perspective of the legal professional, was based on the canons of the positivist approach and using quantitative methodologies. Likewise, and as a strategy to respond to the research problem, a non-experimental design was assumed, since no variable was deliberately manipulated. In addition, it was supported by documentary-bibliographic analysis, whose sources are made up of laws, agreements, theses, among others. On the other hand, a questionnaire was applied to 100 legal professionals: judges, public defenders and/or prosecutors related to the penitentiary system in Ecuador. It is concluded that the crisis of the Ecuadorian penitentiary system is evident, where the violation of the rights of persons deprived of liberty is felt through overcrowding.

Descriptors: Legal systems; political crisis; prisoner's rights. (words takenfrom UNESCO Thesaurus).

INTRODUCCIÓN

El sistema penitenciario en el Ecuador atraviesa una crisis institucional y funcional profunda, causada por la falta de políticas criminológicas consecuentes con programas y proyectos de rehabilitación integral, hasta ahora inexistentes (Moncayo, 2009), lo que ha generado un debate público de los alcances, límites y supuestos de la rehabilitación social. Pues, el Ecuador está en el quinto puesto de la lista de los países con más muertos en motines penitenciarios. Muestra de ello lo representa las masacres acaecidas en la Cárcel N°1 de la ciudad de Guayaquil, también conocida como penitenciaría del Litoral, siendo la quinta peor cárcel de la región. Para poner en contexto la situación, se tiene que dichas masacres fueron causadas por el motín que se produjo el 29 de septiembre en el año 2021 (Zibell, 2021).

Al respecto, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), advirtió que este motín de la prisión de Guayaquil, el cual produjo muertes de personas privadas de libertad, fue desencadenado por disputas de poder entre bandas criminales de los distintos pabellones carcelarios (BBC News Mundo, 2021).

Cabe resaltar que, tras este violento motín de la prisión de Guayaquil, el 29 de septiembre de 2021, fue declarado el estado de excepción carcelario por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema nacional de rehabilitación social y sin excepción alguna (DW América Latina, 2021). Situación que contradice lo expresado por Andrade (2018), en el sentido de que las cárceles deben ser espacios funcionales para la rehabilitación social de las personas privadas de libertad (PPL), que les dé la posibilidad de aprender el respeto por la ley y por los otros, además, de permitirle su inserción a la sociedad; pues, esto constituye los cimientos de una sociedad civil.

En tal sentido, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de emergencia por el término de 60 días a partir de la suscripción de dicha ordenanza, permitiendo con ello la liberación de los fondos del gobierno y la asistencia militar en el control de las prisiones. Específicamente, el presidente pidió a la Corte Constitucional que les asintiera a los militares entrar en las prisiones, en lugar de proporcionar sólo seguridad externa. Sin embargo, el tribunal respondió que la solución a la crisis penitenciaria requerirá algo más que medidas de emergencia temporales. De allí que, el propio presidente de la República, Guillermo Lasso, asume la estrategia de buscar mecanismos para reducir el hacinamiento carcelario en el país; ya que, este elemento en conjunto con la lucha de poder, el narcotráfico y la corrupción, se constituyen en factores clave generadores de la crisis carcelaria ecuatoriana (Paredes, 2021).

A propósito de esto, se emiten los decretos 264 y 265 para indultar a las personas privadas de libertad (PPL). En tal sentido, refiere el periódico El Comercio. (2021), que a razón de la estrategia para reducir el hacinamiento en las cárceles y minimizar la crisis del sistema penitenciario ecuatoriano, se prescribe el Decreto 264 que indulta a los PPL que hayan sido sentenciadas por las infracciones previstas en los artículos 383 y 386 del Código Orgánico Integral Penal. Cabe resaltar que, dicho decreto solo indulta a las personas condenadas por infracciones de tránsito “que no impliquen muertes ni lesiones”.

Con respecto a las condiciones de las PPL, cabe decir que la sobrepoblación y el hacinamiento, son problemáticas que ponen en evidencia la crisis penitenciaria; asimismo, son situaciones que vienen acompañadas de las restricciones al derecho a la salud por la falta de personal e insumos médicos; la carencia de alimentos en los Centro de Rehabilitación Social (CRS), por falta de financiamiento económico; la privación de bienes personales y objetos como: medicina, alimentos y productos de aseo personal, la cual se ha convertido en una práctica deshumanizante. Pues, desde la concepción humanista, el hecho de estar privado de libertad, no restringe el goce de la atención médica requerida y la alimentación adecuada, como derechos básicos que tiene todo recluso como ser humano. En este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), ha abordado aspectos generales relacionados con las condiciones de reclusión que deben ser observadas en los centros penitenciarios, con énfasis en el rol del Estado como garante de los derechos de las personas privadas de libertad. De ahí que, la Convención Americana sobre Derechos Humano (OEA, 1969), en los términos del artículo 5 establece que toda persona privada de libertad tiene derecho de ser tratado con el respeto debido a la dignidad inherente como ser humano y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal.

En concordancia con esto, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador. (2008), determina que las personas privadas de libertad son un grupo de atención prioritaria, y conforme al artículo 51 tienen derechos reconocidos. En concreto, el Estado ecuatoriano, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de los derechos de las PPL.

Todo lo esbozado, pone en evidencia la necesidad y la importancia de abordar el tema de la crisis carcelaria en Ecuador y plantear una discusión que vaya más allá de las respuestas tradicionales. En tal sentido, este abordaje de dicho fenómeno como problema de la realidad puede darse en torno a la situación de la población recluida, que, en conjunto a la organización y composición, la gestión administrativa y financiera, se constituyen en tres ejes potenciales para el análisis de la crisis del sistema carcelario.

Se plantea como objetivo general analizar jurídicamente la crisis del sistema penitenciario del ecuador y sus diferentes factores jurídicos.

METODOLOGÍA

El estudio que busca describir la crisis del sistema penitenciario del Ecuador desde la perspectiva del profesional del derecho, se fundamentó desde los cánones del enfoque positivista y haciendo uso de metodologías cuantitativas (Palella & Martins, 2015). Asimismo, y como estrategia para responder al problema de investigación, se asumió un diseño no experimental, pues, no se manipuló ninguna variable deliberadamente. Además, se apoya en el análisis documental-bibliográfico, cuyas fuentes están conformadas por leyes, convenios, tesis, periódicos, entre otros. Por otro lado, se aplicó un cuestionario a 100 profesionales del derecho: Jueces, defensores públicos y/o fiscales. relacionados con el sistema penitenciario de Ecuador.

RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del cuestionario a 100 profesionales del derecho, en ejercicio laboral de: jueces, defensores públicos y/o fiscales.

1. ¿Usted como profesional en la materia de Derecho, considera que en los centros penitenciarios se vulneran los derechos de las personas privadas de libertad?

Tabla 1.

Vulnerabilidad.

RESPUESTA	FRECUENCIA	PROCENTAJE
SI	97	97
NO	3	3
TOTAL	100	100%