http://dx.doi.org/10.35381/racji.v7i2.2169
La valoración probatoria frente al principio de inocencia en el procedimiento disciplinario
Evidentiary assessment versus the principle of innocence in disciplinary proceedings
María Soledad Alvarado-Villavicencio
da.mariasav17@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua
Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-9094-6956
Bolívar David Narváez-Montenegro
ua.bolivarnarvaez@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, Tungurahua
Ecuador
https://orcid.org/0000-0002-4695-3398
Recibido: 15 de abril 2022
Revisado: 10 de junio 2022
Aprobado: ‘01 de agosto 2022
Publicado: 15 de agosto 2022
RESUMEN
El objetivo general de la investigación fue analizar jurídicamente la valoración probatoria frente al principio de inocencia en el procedimiento disciplinario. Los autores de este trabajo organizaron un proceso investigativo desde el paradigma cuantitativo con apoyo documental-bibliográfico, en donde la población de estudio, se basó primordialmente en documentos como normas, leyes, tesis, e investigaciones arbitradas, para indagar los escritos con el objeto de estudiarlos y construir conclusiones que favorecen la generación de nuevos conocimientos. Las técnicas de interpretación de la indagación, se consideró el análisis de contenido de la información recopilada, lo que permitió la formulación de resultados. Se concluye que, la falta de normas públicas claras, previas y armonizadas que regulen el ejercicio del derecho de recurso en los procedimientos administrativos puede generar mucha incertidumbre sobre las violaciones administrativas al derecho a la certeza jurídica. Así mismo, existe un consenso normativo sobre el derecho a la presunción de inocencia.
Descriptores: Procedimiento legal; derecho penal; sistemas jurídicos. (Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
The general objective of the research was to legally analyze the evidentiary assessment of the principle of innocence in disciplinary proceedings. The authors of this work organized a research process from the quantitative paradigm with documentary-bibliographic support, where the study population was based primarily on documents such as norms, laws, theses, and refereed research, to investigate the writings in order to study them and build conclusions that favor the generation of new knowledge. The techniques of interpretation of the inquiry, the content analysis of the information collected was considered, which allowed the formulation of results. It is concluded that the lack of clear, prior and harmonized public norms that regulate the exercise of the right to appeal in administrative procedures can generate a lot of uncertainty regarding administrative violations of the right to legal certainty. Likewise, there is a normative consensus on the right to the presumption of innocence.
Descriptors: Legal procedure; criminal law; legal systems. (words takenfrom UNESCO Thesaurus).
INTRODUCCIÓN
El ámbito del Derecho es tan amplio que siempre es conveniente que el futuro abogado escoja una especialización. Se trata, por lo tanto, del ordenamiento jurídico respecto a su organización, sus servicios y sus relaciones con los ciudadanos. Hay que poner de relieve que el derecho administrativo es aquel que recoge las prerrogativas y privilegios de la Administración, en lo que se ha venido a denominar un «derecho de la desigualdad». (Rodríguez Ayuso, 2020).
La importancia del Derecho Administrativo radica en la capacidad que este tiene para organizar y establecer un orden en el funcionamiento de diversos tipos de cargos y funciones que, en definitiva, afectan la calidad de vida de la población. Toda la vida del ciudadano, desde su nacimiento hasta su muerte, se encuentra regulada por esta especialidad del Derecho.
En 2020, una bacteria ocasionó estragos en el planeta, lo que desencadenó una pandemia mundial, en la región de las Américas hay repercusiones que afectan la calidad de vida de las personas; desde los años ochenta del siglo pasado, fenómenos sociales, políticos, económicos y jurídicos han modificado profundamente el sistema jurídico. El proceso contencioso administrativo, es el cauce natural para la discusión y resolución de los litigios, termina con la sentencia dictada por el juez en representación del Estado, en el que por lo menos una de las partes es el Estado. (Pallares Alzamora, 2021).
En este sentido, se tiene al Derecho Administrativo sancionador como el Sistema represivo o de castigo que el ordenamiento jurídico encomienda a la Administración y que forma parte, junto al derecho penal, del iuspuniendi del Estado que castiga con sanciones administrativas los ilícitos menos graves. (Española, s.f.).
La presunción de inocencia, es uno de los más importantes logros del producto intelectual humano en materia de derechos, pues se erige como un principio fundamental que siendo elevado a rango constitucional y legal en el Código de Procedimiento Penal Ecuatoriano, consagra y garantiza al ciudadano sometido al derecho contemporáneo a un proceso en el que, de forma primaria y fundamental se lo reconoce como inocente de toda imputación que se formule en su contra, manteniéndola siempre incólume a lo largo de todo el desarrollo de un proceso, permitiendo solo en casos de excepción su prisión preventiva bajo ciertos requisitos legales, para solo luego de una sentencia o resolución que causando ejecutoriada lo declare culpable o responsable de una determinada infracción. (Aguilar García & Andrade Guambaña, 2006).
Por lo tanto, la presunción de inocencia, es una garantía Constitucional, la cual defiende a toda persona que se le haya culpado de algún hecho delictivo, sin tener prueba alguna, es por esto que, en todo Estado de derecho, se le reconoce a una persona inocente, hasta que no haya una investigación cuya finalidad afirme que es culpable. La Constitución de la República del Ecuador reconoce a esta garantía como un derecho, que tiene toda persona hasta que no se le haya demostrado lo contrario o hasta que no se tenga dictada una sentencia ejecutoriada. (Loor Loor, 2020).
En este sentido, el Derecho a la presunción de inocencia es un derecho humano y constitucional, protegido por normas nacionales e internacionales; lo que implica, considerar y tratar al ser humano como inocente. mientras no exista una sentencia ejecutoriada o una resolución en firme que determine lo contrario. En el ámbito disciplinario, el investigado o sumariado no está en la obligación de demostrar su inocencia, pues, la administración pública, en este caso, la institución policial, a través de sus autoridades policiales, tienen bajo su responsabilidad la carga probatoria a través de los diferentes medios probatorios para comprobar la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del autor. (Taipe Lagla, 2021)
En este sentido, Ecuador al ser un Estado constitucional de derechos, soberano y garantista están meramente vinculados a la dignidad de las personas, y esto tiene como obligación a detener todo tipo de violaciones cometidas por jueces que basan sus acciones en una simple criminis o meras presunciones. (Luque González, 2020)
Al respecto, la base fundamental del principio de inocencia es el respeto y la dignidad humana y es por ello que la creación de este como principio universal fue con la finalidad de establecer con los actos de falta de aplicación correcta de la norma, al no utilizar las herramientas adecuadas como la carga de la prueba que le corresponde al Estado. (Vélez Naranjo, 2018)
Por ello, el debido proceso para el derecho a la defensa es el conjunto de derechos y garantías constitucionales y legales que precautelan al procesado dentro de tanto una acción penal como acción administrativa, para defenderse y evitar que los operadores de justicia se extralimiten en la aplicación de la norma. (Benavides Benalcazar, 2017).
Se plantea como objetivo general analizar jurídicamente la valoración probatoria frente al principio de inocencia en el procedimiento disciplinario.
METODOLOGÍA
Los autores de este trabajo organizaron un proceso investigativo desde el paradigma cuantitativo con apoyo documental-bibliográfico, en donde la población de estudio, se basó primordialmente en documentos como normas, leyes, tesis, e investigaciones arbitradas, para indagar los escritos con el objeto de estudiarlos y construir conclusiones que favorecen la generación de nuevos conocimientos. Las técnicas de interpretación de la indagación, se consideró el análisis de contenido de la información recopilada, lo que permitió la formulación de resultados.
RESULTADOS
La sanción del derecho administrativo deriva de la ilegalidad policial y del derecho penal administrativo. De similares características de aplicación, toma prestadas herramientas jurídicas del derecho penal común que resultan útiles por su desarrollada madurez y superioridad teórica.
En este sentido, el Derecho Penal tiene sus propios principios; el Derecho Administrativo Sancionador se sirve de esos inicios de forma específica, lo cual no involucra una subordinación al Derecho Penal. En Ecuador, una misma ley está protegida tanto por el derecho penal como por el derecho administrativo sancionador en diferentes espacios de aplicación, por medio del proceso penal y del método sancionador. En el ejercicio de estas potestades se debería asegurar el debido proceso predeterminado en el Art. 76 de la Constitución del Ecuador. (2008) pues, el Derecho Penal resuelve ilícitos penales y el Derecho Administrativo Sancionador resuelve infracciones administrativas. Se manifiesta que la existencia de organismos administrativos sancionadores y de régimen jurídico administrativo sancionador da origen a la norma jurídica administrativa sancionadora La potestad administrativa sancionadora, así como la potestad penal de los jueces y tribunales, forman parte del común estado de ius puniendi. La potestad sancionadora está incluida en el órgano de gestión del Estado, puesto que es impensable que logre consumar su tarea en beneficio de la sociedad, si no tuviera un poder represivo para hacer que el manejo de las funcionalidades del Estado se vuelva razonable y rentable. El Estado lidera la gestión estatal para el ejercicio y funcionamiento de sus funcionalidades.
Entonces actualmente, el Derecho Administrativo Sancionador conoce de las infracciones administrativas cometidas por los particulares contra las dependencias del Estado, de conformidad con el método para la aplicación de sanciones administrativas predeterminado en el Código Orgánico Administrativo (COA).
Por lo tanto, en el Derecho Disciplinario, se entenderá por inmovilización disciplinaria con el objeto de mejorar el servicio público y la sanción por quebrantamiento de la disciplina o desobediencia, todo acto negligente, extemporáneo o antijurídico de un funcionario en ejercicio del servicio público. En este sentido, los burócratas tienen que realizar sus funcionalidades en la manera prevista en los actos jurídicos rectores, y quienes no rinden cuentas. En aquel entorno, los servidores públicos permanecen sujetos a sanciones según las normas creadas por el propio órgano administrativo, basado en sus necesidades y en el ejercicio del poder de dirección, asignándoles la facultad de tipificar las infracciones e obligar sanciones.
Por otro lado, Gómez Pavajeau(2012), indica que el estado jurídico disciplinario contemporáneo se caracteriza por la voluntad de aceptar el inicio de legalidad y del delito, o por lo menos por ejercer la legitimidad de las sanciones, sin embargo no prescribe el inicio de condena. En el inicio de condena se reconoce que las infracciones y sanciones tienen que estar previstas en la ley, o por lo menos que el legislador delegue un precepto directivo al gobernante para que escoja las infracciones administrativas y aplique las sanciones disciplinarias, garantizando la estabilidad jurídica de las infracciones administrativas cuidan de ellos. El ejercicio del derecho a obligar sanciones, así como el ejercicio del derecho a la disciplina, son facultades penales que la ley atribuye a varios órganos u organismos de la gestión pública.
En los tiempos modernos, el término de dignidad se ha reformado: la dignidad de una persona está enraizada en su naturaleza humana, sin embargo, dicha esencia se está separando gradualmente de cualquier origen divino. El término de dignidad humana en nuestro tiempo ignora la religión como base sustancial del criterio, y sin embargo enfatiza el costo del ser humano como ser humano en la manera en que el ser humano es propio y debería ser tratado como tal.
DISCUSIÓN
En la actualidad, el derecho constitucional se encuentra en constante evolución en el contexto de los derechos constitucionales, por lo que desarrollaremos un análisis metodológico del derecho a la presunción de inocencia, así como la relación del mismo con los demás derechos constitucionales y la importancia de mantener la presunción de inocencia es necesaria para la seguridad de la persona investigada.
En los primeros días de la Ley, la inocencia se consideraba una situación sumamente imperfecta, estableciendo que una persona nace inocente desde el nacimiento, este estado dura hasta la muerte y cambia solo cuando la decisión del tribunal prueba lo contrario. En este sentido, la presunción de inocencia es considerada por muchos como un derecho que tiene toda persona "Antes" de ser condenada o acusada. En otras palabras, toda persona tiene derecho a actuar de conformidad con los valores, principios y reglas consagrados en las normas constitucionales, es deber del tribunal, profundamente convencido de que el imputado ha cometido un acto de violación al respeto.
Todo ello se expresa en la presentación de prueba legal de que la presunta entidad estuvo involucrada en la conducta y luego se establece su intervención con juicio firme y razonable. La presunción de inocencia o inocencia es una garantía constitucional fundamentada en diversos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Ecuador, donde ningún ciudadano puede ser justificado como autor de un delito, a menos que una sentencia firme o ejecutoria confirme su participación. porque no hay condena en juicio válida.
El derecho administrativo tiene una influencia dominante sobre el derecho constitucional, ya que por su propia naturaleza emplea el principio de legalidad como principio inviolable, es en el juicio penal donde se expresa al máximo la presunción de inocencia. Estos derechos constitucionales, reconocidos de la forma más dogmática, tienen mecanismos de protección y efecto muy específicos, como el recurso de amparo o el acto de tutela.
Es importante que su fiscalización sea delegada no solo a los órganos internos del Estado, sino también a los distintos organismos internacionales encargados de velar por la seguridad y respetar los derechos humanos y la constitución, ya que violar o abusar de un juicio justo es meramente una denegación de justicia. El estudio brinda lineamientos para asegurar que los derechos de los imputados o administradores no sean vulnerados durante los procesos judiciales o administrativos y que se establezca una buena administración judicial en pleno cumplimiento de las normas y principios que pretende. Con el fin de garantizar resultados oportunos, se limita la introducción de prueba debido a la libertad del imputado, contraviniendo el principio de tratar al imputado y al imputado como inocente por la ley, violando así los derechos constitucionales.
Por ello, la prueba es un medio por el cual determinados hechos o situaciones ilícitas, cometidas o no por cualquier entidad, pueden ser validadas como válidas, sustentando una decisión disciplinaria definitiva. Velar por que la prueba tenga rango constitucional, por lo que debe ser analizada y reconocida como legítima para poder cumplir con el objeto para el cual ha sido presentada ante la autoridad disciplinaria. Desestimación disciplinaria de las pruebas en su contra.
En tal sentido, como uno de los aspectos innovadores de la valoración de la prueba, los principios del derecho penal son plenamente aplicables al derecho administrativo y al derecho disciplinario. Colectivamente, esta institución legal surge de las objeciones procesales que surgen en un juicio civil que posteriormente se extienden más allá del derecho penal. También ayuda a garantizar una toma de decisiones no repetitiva y más justa para todos los actores involucrados en el proceso.
Por lo tanto, la evaluación basada en evidencia requiere que los datos y la evidencia se obtengan de fuentes legítimas; además, las pruebas obtenidas mediante tortura, intimidación o abusos contra los derechos humanos no tendrán ningún valor; si las hubiere, dichas pruebas serán nulas y sin efecto.
En este sentido, se puede señalar que la valoración de la prueba en la sede administrativa disciplinaria es una actividad razonable del órgano regulador encargado de establecer responsabilidades o procesos disciplinarios contra el funcionario que viola la ley al momento de la decisión final.
CONCLUSIONES
Se ha constatado que la falta de normas públicas claras, previas y armonizadas que regulen el ejercicio del derecho de recurso en los procedimientos administrativos puede generar mucha incertidumbre sobre las violaciones administrativas al derecho a la certeza jurídica.
Así mismo, existe un consenso normativo sobre el derecho a la presunción de inocencia, la certeza de la aplicación de la norma de conformidad con la Constitución puede lograrse a través de normas que pasen a formar parte del ordenamiento jurídico del Ecuador, definiendo los aspectos iniciales claramente relacionados con la gestión pública.
FINANCIAMIENTO
No monetario.
AGRADECIMIENTO
A la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato, por motivar el desarrollo de la Investigación.
REFERENCIAS CONSULTADAS
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Gómez Pavajeau, C. A. (2012). El derecho disciplinario como disciplina jurídica autónoma. [Disciplinary law as an autonomous legal discipline]. Derecho Penal Y Criminología, 33(95), 51–68. Recuperado de: https://n9.cl/xiepme
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Taipe Lagla, R. L. (2021). La presunción de inocencia en el procedimiento administrativo disciplinario en la Policía Nacional. [The presumption of innocence in the administrative disciplinary procedure in the National Police]. Tesis de Maestría. Universidad Andina Simón Bolívar. Recuperado de: https://n9.cl/x2vh7
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