DOI: http://dx.doi.org/10.35381/racji.v4i6.287

 

Conducta criminal y su relación con la imputabilidad como elemento del delito

 

Criminal conduct and its relation to imputability as an element of crime

 

Liliana Chirino

abg.lilianaechirino@gmail.com

Tribunal Supremo de Justicia

Grupo de Investigación Koinonía

Venezuela

 

Maribel Giménez

gimenezmaribel1@gmail.com

Universidad Bolivariana de Venezuela

Red de Investigación Koinonía

Grupo de Investigación Koinonía

Venezuela

 

Recibido: 29 de noviembre del 2018

Aprobado: 27 de diciembre del 2018

 

 

RESUMEN

La investigación tuvo por objetivo analizar la conducta criminal y su relación con la imputabilidad como elemento del delito. De esta forma, uno de los debates importantes al plantear la historia de la responsabilidad criminal y la imputabilidad, es que particularmente, en ella, hay un punto de encuentro entre la Psiquiatría y el Derecho, y esa relación psiquiátrica - jurídica presenta diversas fuentes a lo largo de la historia. Se  concluye y destaca que las ciencias periciales y el derecho son disciplinas que siempre ayudarán a satisfacer las necesidades de justicia y a lograr los fines del proceso penal, muy especialmente en la materia de imputabilidad, pues sobre esa determinación recae la responsabilidad o no del imputado, razón por la cual resulta indispensable conocer bien el tema, para de esa manera exista la buena praxis en el ejercicio del derecho y de la administración de justicia.

 

Descriptores: Imputabilidad; derecho humanitario; psiquiatría: comportamiento de grupo.

 

ABSTRACT

The objective of the investigation was to analyze the criminal behavior and its relation with the imputability as an element of the crime. In this way, one of the important debates in raising the history of criminal responsibility and imputability is that, in particular, there is a meeting point between Psychiatry and Law, and that psychiatric-legal relationship presents diverse sources to throughout history. It is concluded and emphasizes that the forensic sciences and law are disciplines that will always help to satisfy the needs of justice and achieve the ends of the criminal process, especially in the matter of imputability, because on that determination lies the responsibility or not of the accused, reason why it is essential to know the subject well, so that there is good practice in the exercise of law and the administration of justice.

 

Descriptors: Imputability; humanitarian law; psychiatry; group behavior.

 

INTRODUCCIÓN

Desde que ha existido la comunidad humana, ha existido un fenómeno constante: la criminalidad. Sería una ilusión creer que ese fenómeno pueda suprimirse, se mantendrá, mientras exista la sociedad, no obstante, a lo que sí se puede aspirar es a disminuir la criminalidad, de manera que se convierta en faltas de poca importancia que causen el menor daño a los posibles intereses individuales y sociales, y es allí donde entra en juego los roles de la criminología y el derecho penal.

En tal sentido, desde lo antiguo, la relación que pudiese existir entre personalidad y delincuencia ha acaparado mucha atención e investigación científica. Y hasta el día de hoy, lo único que parece claro es que no se trata de una relación sencilla o univariada, incertidumbre que se refleja en todas las disciplinas científicas y por supuesto en el ejercicio del Derecho. No obstante, en principio no se preocupó el derecho penal del “autor del delito”, del causante del año individual o social, esto es, del delincuente. Así lo señala (Muñoz, 2008) en su libro Teoría General del delito, donde destaca lo siguiente:

La norma jurídica penal pretende la regulación de conductas humanas y tiene por base la conducta humana que pretende regular. (…) De toda la gama de comportamientos humanos que se dan en la realidad, la norma selecciona una parte de comportamientos humanos que se dan en realidad, (p. 7).

 

No obstante, constituye un gran error concebir un derecho penal estrictamente jurídico, apartado completamente de la sociología, encerrado dentro de los moldes de unas deducciones implacables, olvidando que el delito antes que ser un ente jurídico es un acto humano, en donde la génesis de esa conducta no puede ser olvidada ni por el Legislador ni por el Órgano Jurisdiccional.

De acuerdo con esto, uno de las contextos fundamentales para garantizar la supervivencia de las sociedades y organizaciones modernas, es la representación del control social, así, el derecho y fundamentalmente el derecho penal, son apreciados como un instrumento de control social formal, que no es más que la influencia que la sociedad ejerce sobre el individuo y sobre la planificación de los procesos económicos, para ello, se designan unas normas colectivas, unas autoridades y los poderes sociales, todos modificadores de la conducta humana, que interactúan dentro de un determinado contexto histórico social.

Con el tiempo se vio que este sistema estrictamente objetivo  no era el conveniente y comenzó a pensarse que el protagonista del delito para individualizar la pena que se aplicara. Entonces, la pena, se hizo finalista. Nacieron los sistemas penitenciarios, correccionalistas, o aquellos que tienden a enmendar al reo, a reeducarlo, a readaptarlo a la sociedad.

Es así como se le empezó a dar importancia al aspecto subjetivo, el cual está constituido por la culpabilidad y la imputabilidad. No obstante, antes de llegar al presupuesto de la culpabilidad, es no solo necesario, sino indispensable tocar lo relativo a la imputabilidad, pues ésta constituye el presupuesto obligado de la culpabilidad, en el entendido de que nadie puede ser declarado culpable si no es previamente calificado imputable. Tal como lo señala (Grisanti, 2014) “la imputabilidad es un supuesto indispensable de la culpabilidad, y es por ello que a la imputabilidad se le llama “capacidad de culpabilidad”; para ser culpable hay que ser imputable” (p. 189), no obstante, no toda persona imputable es culpable, pues para ello sería necesario cometer un delito.

La doctrina clásica ha considerado el problema de la imputabilidad a la libertad de la voluntad o libre arbitrio, es decir, la capacidad de entender y de querer la acción que ejecuta un sujeto, aduciendo que quien carece de esa capacidad no actúa libremente y no puede ser culpable de lo que hace. No obstante, según (Muñoz, 2008) “con esa teoría se limita a las facultades intelectivas y volitivas del ser humano, no tomándose en cuenta otros factores como lo son los psíquicos y socioculturales”.

Si bien, el concepto tradicional de la imputabilidad se basa en aquellas ideas de la filosofía que consideran al hombre imputable como ser absolutamente libre, capaz de elegir entre varios haceres posibles y de actuar de un modo distinto al que realmente actuó, algunos autores señalan tal concepción dista mucho de ser convincente, pues, tal como lo dice (Muñoz, 2008):

Se sabe muy poco de las causas ultimas por las que el ser humano actúa y lo poco que sabemos no nos habla precisamente en favor a esa libertad absoluta para actuar (…). Desde los conocimientos psicológicos, psiquiátricos y sociológicos actuales resulta evidente que la conducta humana, normal o patológica, solo es inteligible cuando se analiza dentro del contexto sociocultural en que se da. (p. 112).

 

Por otra parte, el (Código Penal venezolano, 2015), no hace alusión expresa a la imputabilidad, ni enuncia en forma positiva sus requisitos, sino que sigue, de forma menos perfecta dogmáticamente, la fórmula de imputabilidad por enfermedad mental, lo cual se evidencia en su artículo 62 donde establece:

No es punible el que ejecuta la acción hallándose dormido o en estado de enfermedad mental suficiente para privarlo de la conciencia o de la libertad de sus actos”, lo que quiere decir que es necesario que el individuo entienda el significado del acto que realiza (conciencia), y determine si lo realiza o no con entera y absoluta libertad.

 

Ahora bien, el (Código Penal Venezolano, 2015), se basa en la fórmula mixta biológica-psicológica, es decir, para la imputabilidad se debe determinar una condición de carácter biológico como causa y otro de carácter psicológico como efecto, tal como sería el caso de alteraciones de facultades mentales (enfermedad mental) que produzca falta de comprensión del acto o imposibilidad de dirigir las propias acciones. Dentro de esta perspectiva, menciona (Pavón, 2006) que:

Se  hace difícil dar un valor absoluto e invariable de cual enfermedad mental es lo suficientemente grave, puesto que todas las definiciones tienen un carácter de imperfección, el delito es una creación del hombre y la enfermedad mental es un hecho natural, por lo que en el conocimiento del derecho se han debido estudiar estos factores concomitantemente unidos (p.18).

 

Dado que la imputabilidad tiene una base psicológica, que está vinculada con el conjunto de facultades psíquicas mínimas que debe poseer una persona autora de un delito para ser declarado culpable del mismo, es decir, que la imputabilidad es la capacidad que posee el hombre en virtud de la cual los actos que realice y la conciencia de dicha acción le sean atribuibles como hecho punible.

De manera tal, que para algunos autores no deja de parecer inmediatamente criticable a la luz de los actuales conocimientos psicológicos y psiquiátricos, el hecho de que en la determinación de la imputabilidad de un sujeto solo se tengan en cuenta las facultades intelectuales y volitivas y su incidencia en el actuar humano, basado ello en que no se puede reducir a ellas toda la amplia gama de las demás facultades psíquicas. Respecto a ello, (Muñoz, 2008) señala que “parece realmente absurdo aferrarse a un entendimiento tan estrecho de la imputabilidad cuando la psiquiatría y la moderna psicología han demostrado claramente que también las alteraciones de otras facultades psíquicas pueden influir en la imputabilidad de un sujeto” (p. 111).

El problema que ahora se plantea, es el de trasplantar al terreno de la ley la noción genérica de imputabilidad, plasmándola en una fórmula que, sin desvirtuar su finalidad, encierre en su texto todos aquellos casos acreedores de imputabilidad. En relación a ello, las diferentes legislaciones del mundo han adoptado diversos sistemas que pueden reducirse a tres: el biológico puro (referida a la salud mental y la edad); el exclusivamente psicológico (falta de conciencia), y otros que combinan los anteriores con una fórmula mixta biológica-psicológica, como es el caso de la legislación penal venezolana (Grisanti, 2014).

Así las cosas, el  artículo 62 del Código Penal Venezolano (2015) en su parte in fine establece:

Sin embargo, cuando el loco o demente hubiere ejecutado un hecho que equivalga en un cuerdo a delito grave, el tribunal decretará la reclusión en uno de los hospitales o establecimientos destinados a esta clase de enfermos, del cual no podrá salir sin previa autorización del mismo tribunal. Si el delito no fuere grave o si no es el establecimiento adecuado, será entregado a su familia, bajo fianza de custodia, a menos que ella no quiera recibirlo.

 

Es oportuno manifestar que del referido extracto normativo se derivan dos importantes aspectos; uno relativo a los términos utilizados por el legislador y otro que se refiere a las medidas que la ley impone en estos casos. En lo que respecta al primer aspecto, (Grisanti, 2014) menciona que “tal medida resulta muy mal concebida, en el sentido de que emplea términos psiquiátricamente superados: loco en psiquiatría no significa nada y demencia es un término que sirve para distinguir una especie de enfermedad mental involutiva” (p. 185). 

Evidentemente, en ningún momento se pretende trasladar los problemas terminológicos de la Psiquiatría al cambo del Derecho, pues la psiquiatría al establecer sus conceptos tiene prioritariamente en cuenta finalidades que nada tienen que ver con la imputabilidad, sino con el diagnóstico, tratamiento y curación de la enfermedad, finalidad medica muy alejada del ámbito jurisdiccional. No obstante, vincular no solo al Legislador, sino también al Juez y al penalista a los términos psiquiátricos adecuados es preciso, pues, aunque se trate en principio de un ámbito confuso y extraño, los conceptos psiquiátricos están tan relacionados al concepto de la imputabilidad que resulta indiscutiblemente necesario que el abogado penalista actual, este en sintonía con estos términos.

En segundo lugar, lo que respecta a las medidas a tomar, infiere (Grisanti, 2014), que “urge conocer que el estado peligroso del loco no se deduce de la mayor o menor gravedad jurídica de sus reacciones, sino de su agitación y de la capacidad de agredir que el paciente posea” (p. 185) y en tal sentido sostiene que la entrega a la familia bajo fianza de custodia, ha de subordinarse, no a la gravedad ni a la índole adecuada del establecimiento, sino a si el enfermo puede y debe seguir en su casa, pues de acuerdo con el referido autor, es el estado peligroso del enajenado la guía para acordar su internado en un establecimiento de custodia, o la permanencia junto a sus familiares.

Es así como se denota que para la determinación de la imputabilidad, la psiquiatría forense cumple un papel trascendental en el proceso penal, no solo por su diagnóstico clínico sino para determinar como la enfermedad interfiere en el actuar del sujeto activo en la comisión de un ilícito penal. De esta forma, uno de los debates importantes al plantear la historia de la responsabilidad criminal y la imputabilidad, es que particularmente, en ella, hay un punto de encuentro entre la Psiquiatría y el Derecho, y esa relación psiquiátrica-jurídica presenta diversas fuentes a lo largo de la historia.

En el marco de este desarrollo, llama la atención la creciente demanda de informes periciales al psicólogo forense, en materia penal, con el objeto de determinar si existe alguna patología en la estructura de personalidad del imputado que haya podido alterar su responsabilidad penal y/o haga prever su riesgo de reincidencia. Para los profesionales implicados en estas valoraciones se hace necesario un estudio pormenorizado de la conducta criminal y su relación con la imputabilidad.

 

Objetivo de la investigación

Analizar la conducta criminal y su relación con la imputabilidad como elemento del delito.

 

REFERENCIAL TEÓRICO

Conducta criminal

En cuanto a la conducta criminal, (González, 2011), señala que con frecuencia se ha considerado que la conducta delictiva es una expresión o reflejo de la psicopatología particular del delincuente (en el caso de evidenciarse algún tipo de anomalía o alteración psíquica), y posiblemente el estudio y análisis de la conducta delictiva revelará aspectos de la personalidad del encausado. Sin embargo, siguiendo las ideas del precitado autor,  “conocer el motivo de la conducta punible precisa de un estudio más exhaustivo donde será preciso recabar información sobre su biografía, rasgos de personalidad, antecedentes penales, esfera social, cultural, familiar, etc.…”(p. 16)

La conducta criminal está influenciada por el ambiente inmediato en el que ocurre, este no tiene un papel pasivo, sino que participa como elemento criminógeno afectando al comportamiento y al proceso de toma de decisiones del criminal. El crimen, a su vez, no se distribuye de manera azarosa, sino que se concentra alrededor de ambientes que, por sus características, facilitan la actividad criminal. En este sentido, (Mendoza, 1996), establece que la criminología estudia las causas del delito, principalmente la personalidad del delincuente y los motivos de la acción y, entonces, señala no solo penas sino otra clase de sanciones adecuadas a esa personalidad. Por tanto, para el estudio de la personalidad del delincuente, el remedio adecuado puede adoptarse después que se han investigado, no solo el delito sino también sus causas, y, principalmente la personalidad del y los motivos de obrar criminoso.

No obstante, continua explicando el referido autor que este examen de la personalidad del protagonista del hecho no debe comenzar después que se le ha impuesto una pena y se la está cumpliendo en las prisiones esto es, del residuo criminal debe comenzar con el momento mismo del hecho, de modo que los jueces del futuro deben instruir dos expedientes: 1.) El expediente penal, que se refiere exclusivamente al daño causado, a la participación del criminal en el hecho, 2.) el expediente de la personalidad del autor, que los denominan dossier de la personalidad. La sentencia se emprenderá entonces, la decisión de ambos juicios: un juicio sobre el delito y un juicio sobre el autor.

Asimismo, considera (Mendoza, 1996), que “el delincuente es aquel que, teniendo inteligencia y libertad como los demás, quiere cometer hechos que ofenden a los derechos ajenos y a la organización impuesta en a la sociedad” (p. 232); por tanto, para calmar la alarma causada con su acto y para restaurar el orden jurídico violado por él, se le somete a enjuiciamiento, se le declara responsable de su acción y se le castiga.

Partiendo de los estudios realizados por (González, 2011), se recogen a continuación algunas de las principales aportaciones que desde la biología, criminología y la psicología se han hecho al estudio de la personalidad y el fenómeno de la delincuencia:

 

Teorías biológicas

Esta corriente biológica, si bien a priori puede parecer el resurgimiento de teorías deterministas como la  antropología criminal de Lombroso y las biotipologías de (Kretschmer (1921) citado por González, 2011), los recientes hallazgos no pretenden asentar bases deterministas. Son pues, los adelantos en las técnicas de neurociencia y genética aportan oportunidades para identificar las bases neurobiológicas de los trastornos de la personalidad. Siguiendo las ideas de (Haddad y Busnelli, 2005), “la naturaleza de las correlaciones entre los índices biológicos cerebrales y las características clínicas del desorden de personalidad puede proporcionar las claves para establecer la relación entre cerebro y conducta, y el vocabulario neurobiológico de la personalidad” (p. 55).

Resumidamente, los aspectos de los desórdenes de personalidad que están más comúnmente correlacionados con marcadores biológicos moleculares identificables, “son aquellos envueltos en la regulación de los dominios psicobiológicos tales como la afectividad, los modelos de conducta impulsiva, la organización cognitiva, la ansiedad y la inhibición” (González, 2011: 25).

Asimismo, datos provenientes de investigaciones bio-psicológicas sobre diferencias individuales y delincuencia han evidenciado la asociación de la conducta antisocial con factores como lesiones craneales, baja actividad del lóbulo frontal, baja activación del Sistema Nervioso Autónomo, respuesta psico galvánica reducida, baja inteligencia, trastorno de atención con hiperactividad, alta impulsividad, propensión a la búsqueda de sensaciones y tendencia al riesgo, baja empatía, alta extraversión y locus de control externo (Redondo y Pueyo, 2007)

 Particularmente, los que sustentan las teorías biológicas, buscan explicar el comportamiento delictivo en función de anomalías o disfunciones orgánicas, aseverando por consiguiente que son factores endógenos o internos del individuo los que al concurrir en algunas personas les llevan a una predisposición congénita para la comisión de actos antisociales. De acuerdo con (González, 2011), son abundantes las evidencias empíricas que ponen de manifiesto relativo en la actividad de estas regiones, cuestiones biológicas que muy probablemente además vendrán acompañadas de otros factores no meramente biológicos. 

 Asimismo, investigaciones recientes relacionan el comportamiento moral con la actividad cerebral. Así, (Mercadillo, Díaz y Barrios, 2007), argumentan cómo tal comportamiento estaría regulado por una representación cognitiva sustentada por una neuromatriz que requiere de la codificación de sistemas sensoriales, la activación de reacciones fisiológicas reguladas por el tallo cerebral y el procesamiento de estímulos morales y emocionales regulado por la corteza prefrontal medial y orbitofrontal.

Estos autores proponen cuatro tipos de emociones morales: 1) emociones de condena (ira, disgusto, desprecio e indignación); 2) emociones de autoconciencia (vergüenza, pudor y culpa); 3) emociones relativas al sufrimiento ajeno (compasión), y 4) emociones de admiración (gratitud, devoción).

Sus conclusiones señalan que las alteraciones cerebrales que los diversos estudios han asociado a la psicopatía, coinciden también con los correlatos de las emociones morales Continua explicando (González, 2011) que la relación entre daño en el lóbulo frontal y criminalidad, si bien es importante observarlo en un contexto de sistemas neurológicos multicomponentes y no caer en el determinismo frenológico de identificar sin más un área cerebral y su función (o déficit según la alteración estructural).

A la vista de esta situación, resulta lógico plantearse tal y como hacen (Shuman y Gold, 2008) cuál va a ser la respuesta de los tribunales ante la nueva generación de tecnologías de neuroimagen que proveen conocimientos sobre anomalías cerebrales funcionales y estructurales que podrían limitar la autonomía o posibilidad de toma de decisiones de muchos agresores. Pero seguramente las cosas no son tan “simples” como aparentan, y en consonancia con lo propuesto por (Alcázar Córcoles y cols., 2010, citado por González, 2011), si se analiza, por ejemplo, la disfunción de los circuitos prefrontales se observará que probablemente está acompañada de un funcionamiento inadecuado en varias estructuras subcorticales, sus interconexiones y el equilibrio.

 

Teorías criminológicas

Apunta (González, 2011) que los paradigmas criminológicos comportan un conjunto de asunciones previas y de creencias sobre el funcionamiento de la sociedad en general y de la delincuencia en particular. Clásicamente se señalan tres paradigmas o concepciones criminológicas alrededor de las cuales irán creándose distintas teorías: a) Paradigma del “libre albedrío”; b) Paradigma científico o positivista; y c) Paradigma social.

Los dos primeros paradigmas centran su atención en la explicación de la conducta  delictiva, aunque diferenciándose en la perspectiva explicativa que adoptan. El paradigma social tiene por objetivo el análisis de la respuesta al delito (Muñoz, 2008). El paradigma del libro albedrío no deja margen a la consideración que factores individuales influyan sobre el individuo a la hora de cometer un acto delictivo. Desde esta perspectiva se asume que el ser humano tiene la capacidad y libertad para decidir acerca de cometer o no delitos. Si decide hacerlo, se entiende como una expresión de su voluntad.

Así pues, desde esta óptica se entiende que la imposición de penas es el modo más efectivo para disuadir a los ciudadanos de cometer delitos. Los postulados de este paradigma se podrían resumir en los siguientes puntos: las conductas humanas tienden a la obtención del placer y evitación del dolor; todos los seres humanos tienen capacidad suficiente para decidir sobre sus actos, incluidos los delictivos; cuando alguien realiza un delito es porque obtiene beneficio de ello; mediante la imposición de la pena debe contrarrestarse los beneficios que el delincuente espera obtener del delito; las penas cumplen dos fines: la prevención general (mediante la ejemplificación del castigo del delincuente, el resto de ciudadanos no delinquirían) y prevención especial (evitar la reincidencia del delincuente).

Desde este punto de vista, no resulta relevante el estudio de las diferencias individuales en la personalidad de los delincuentes. Pero contrariamente al paradigma del libre albedrío, el paradigma científico o positivista postula que el individuo delinque por factores individuales o sociales. Desde esta perspectiva, el individuo no es libre, ya que hay una serie de factores sociales, biológicos, psicológicos, etc, que le predisponen a delinquir. Por este motivo, y para prevenir el surgimiento de las conductas delictivas hay que profundizar y tratar las causas que pueden provocarlas. Dentro del paradigma científico se enmarcan las teorías sociológicas, biológicas y psicológicas. 

Por otra parte, las “Teorías Integradoras” surgen con el objetivo de trata de integrar el conjunto de conocimientos acumulados por las distintas teorías criminológicas para conseguir un mejor y más completo conocimiento de la delincuencia. (Farrington, 1996) es uno de los principales exponentes de estas teorías integradoras. En su opinión, la delincuencia se produce mediante un proceso de interacción entre el individuo y el ambiente, que él divide en distintas etapas.

Con su Teoría Integradora, Farrington diferencia entre “tendencia antisocial” de un individuo y “decisión” de cometer el delito. Tras sus investigaciones, el autor señala que “la delincuencia alcanza su cota máxima entre los 14 y 20 años, porque los chicos (especialmente aquellos de clase baja que abandonaron la escuela) tienen fuertes deseos de excitación, cosas materiales y estatus entre sus iguales, pocas posibilidades de satisfacer estos deseos legalmente y poco que perder. Por el contrario, después de los 20años, los deseos se atenúan o se vuelven más realistas, hay más posibilidades de adquirir esas metas más limitadas legalmente, y los costos de la delincuencia son mayores”.

 

 

 

Teorías psicologías

Desde la rama de la Psicología se ha defendido que existen rasgos y características individuales que predisponen al delito. De acuerdo con (González, 2011) las propuestas actuales se dirigen a focalizar más la atención en los síntomas o rasgos descriptivos de cada trastorno de la personalidad que en el análisis del trastorno de la personalidad como conglomerado. Posiblemente el cuadro en su conjunto esté relacionado con el modo en el que la conducta delictiva se “modela” y se motiva, mientras que la explicación de por qué un individuo ha pasado “al acto” (al delito) puede que se encuentre aludiendo a rasgos que aparecen descritos en distintos trastornos de la personalidad (ej. impulsividad, frialdad emocional, falta de empatía). 

 

METODOLOGÍA

Se trabajó con la investigación documental, en este sentido  (Arias, 2012), señala que “la investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundario”, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas. En razón a ello, es que la presente investigación se enmarca dentro de un diseño documental, puesto que se estudia y analiza un compendio de datos recopilados, que contienen información sobre la conducta criminal e imputabilidad, procedentes de distintas doctrinas, jurisprudencias, leyes, tesis, entre otros medios bibliográficos que fundamentan a esta investigación documental.

En cuanto a la población de estudio, (Hernández, Fernández y Baptista, 2008) señalan que la población corresponde a “la globalidad del universo de elementos dentro de unas circunstancias y espacio determinado, que pueden ser incluida con pertinencia para el estudio a desarrollar” (p. 89). En este sentido, la población que conforma la presente investigación está constituida por leyes (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y Código Penal), doctrinas, jurisprudencias, tesis, entre otros que fundamentan el contenido teórico y jurídico de la investigación, es decir, la conducta criminal y su relación con la imputabilidad como elemento del delito.

Como técnica de análisis de la información, se trabajó con el análisis de contenido, el cual permitió analizar las variables de estudio y generar la relación de las mismas, está técnica permite al investigador escrutar las líneas de documentos para establecer el mensaje emitido, comparándola con la realidad de estudio, estableciéndose así, la contrastación necesaria para cumplir con el objetivo de la investigación.

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Se presentan los resultados obtenidos a través de la información recolectada, los cuales se describen a continuación:

 

Definir los conceptos relativos a la conducta criminal y sus principales teorías explicativas,

Se puede decir que en la historia de la psicología, de la psiquiatría y de la criminología abundan los  estudios que han tratado de encontrar diferencias individuales en la conducta delictiva y  posibles tipologías de delincuentes. Así, el foco de atención ha sido versátil con el transcurso de los años, desde el determinismo antropológico y biológico hasta aspectos puramente psicológicos del delincuente.

Tal como lo afirma (González, 2011) “conocer el motivo de la conducta punible precisa de un estudio más exhaustivo donde será preciso recabar información sobre su biografía, rasgos de personalidad, antecedentes penales, esfera social, cultural, familiar, entre otros”. Con base en tal razonamiento, y demás autores citados que tratan sobre el tema, es por lo que se infiere que en lo que respecta al conocimiento del hombre criminal

Es  necesario realizar la investigación completa de su personalidad desde su nacimiento hasta el momento de cometer el acto, para indagar las causas y establecer un tratamiento adecuado a esa personalidad, destacando que para diagnosticar el caso y señalarlo, hay que individualizar el delincuente en la propia ley, durante el proceso y en la fase de ejecución del tratamiento.

Asimismo, se pudo evidenciar que el conocimiento de las distintas corrientes o teorías, permite analizar desde distintas perspectivas qué factores pueden explicar que, por ejemplo, dos individuos diagnosticados con el mismo trastorno de la personalidad puedan reaccionar de modos distintos (lícito vs ilícito) o que no se pueda generalizar que por el mero hecho de padecer un trastorno específico de la personalidad el individuo está destinado a ser un delincuente.

De esta forma, de las teorías estudiadas se destacan los siguientes aspectos: es de resaltar en cuanto a la teoría biológica, que la misma considera el crimen como producto de una constitución genética particular y ha establecido la relación de la conducta antisocial con factores como lesiones craneales, baja actividad del lóbulo frontal, baja activación del Sistema Nervioso Autónomo, entre otros elementos.

A su vez, respecto a la teoría psicológica, se destaca el hecho de la influencia de la deficiencia mental en el origen de las conductas criminales. Así, esta teoría reafirma que la delincuencia es el síntoma de conflictos internos de la persona, ubicados generalmente en el nivel inconsciente de la mente humana y, por consiguiente no sujetos al control de la razón; y por otro lado, tales conflictos son una enfermedad, la cual si no es tratada irá empeorando de modo progresivo (González, 2011).

Por último, en cuanto a la teoría criminológica, el aspecto destacado de la misma se basa en el hecho de que los criminólogos se interesan por comprender varios factores, como la tasa de delitos, el patrón de los tipos de delitos cometidos y otras tendencias identificables (Garrido, Stangeland y Redondo, 2001), que de algún modo permitirían diferenciar características personales del delincuente.

Es  decir, esta corriente admite realizar análisis de la conducta delictiva: permite distinguir a los individuos que cometen delitos, analizar los delitos que estos cometen y propiciar un análisis más detallado de esos elementos en función de los tipos de delitos resultantes. De lo anteriormente expuesto, se concluye que el abordaje multidisciplinar de la conducta criminal contribuye en su conjunto a un mejor entendimiento de los fenómenos delictivos. 

En la actualidad no cabe duda que la etiología de la delincuencia es multifactorial, no atribuible unívocamente a la presencia de factores específicos, que si bien son claves, no en todos los casos resultan determinantes, razón por la cual resulta interesante destacar que se apoya la idea de (González, 2011), en el entendido de que “ni la mayoría de psicópatas son delincuentes, ni la mayoría de delincuentes son psicópatas”. Así, se afirma que las tipologías resultan a veces, tan ambiguas que asignan a la personalidad psicopática del delincuente unos “rasgos” que, en pluralidad, no parecen privativos de éste, sino compartidos por otras muchas personalidades no criminales.

Por último, es preciso concluir que otra de las aportaciones relevantes de la Criminología al estudio de la conducta criminal, está referida a la investigación acerca de los perfiles criminales.  De hecho, los esfuerzos realizados por distintos grupos de investigadores para confeccionar tipologías y sistemas de clasificación de delincuentes, con base en su personalidad, nunca han resultado totalmente aceptados y confirmados, no validándose la hipótesis de “perfil de personalidad propio” del delincuente. No obstante, lo que sí que parece contar con suficiente aval científico es que entre los delincuentes existen individuos afectados por distintos grados y tipos de trastornos psicológicos crónicos.

 

Estudiar las nociones esenciales sobre la imputabilidad como elemento constitutivo el delito, 

Si bien es cierto, el hombre como ser responsable y como parte de una sociedad, está amparado bajo ciertas reglas de conducta que permiten la convivencia armónica, el orden y la paz social. En este sentido, no se puede concebir la idea de una sociedad organizada, sin la existencia de un ordenamiento jurídico, y el hombre como sujeto responsable debe soportar las consecuencias de su accionar para este supuesto. De lo anterior se infiere que el tema de la responsabilidad penal, indubitable, hace referencia expresa a las razones por las cuales el delincuente debe soportar las consecuencias legales de su infracción.

De la revisión bibliográfica realizada se pudo evidenciar que existen dos posturas en torno al tema de la responsabilidad penal: la clásica y la positiva. Respecto a la primera, se destacó que la misma se fundamenta en la autonomía moral y libre albedrio del hombre, quien como sujeto capaz de comprender la naturaleza de su accionar, posee la capacidad de realizarlo o no, y que al inclinarse por una conducta jurídicamente reprochable lo hace voluntariamente con conocimiento de sus consecuencias, donde la pena viene a constituir un elemento de castigo y retribución.

En cuanto a la corriente positivista, se constató que preceptúa la negación de la libertad moral del hombre, es decir, que el fundamento de la responsabilidad penal no debe buscarse en el autor del delito sino en la sociedad, de manera que el hombre no tiene responsabilidad moral y solo es responsable por el hecho de vivir en sociedad, razón por la cual la pena viene a ser la reacción social contra la infracción.

Por otro lado, y basado en los conceptos aportados por autores como Grisanti (2014), Cabello (2000),  y Muñoz (2008) se puede decir que el delito desde el punto de vista jurídico, es toda conducta sancionada por la ley y que se trata de una acción tipificada en la ley como antijurídica y culpable, lo cual corresponde con la concepción tripartita del delito, que lo concibe sobre la base de tres elementos o aspectos esenciales: la acción típica, antijuricidad y la culpabilidad.

Asimismo, fue de notar que otros autores como (Arteaga, 2008) se inclinan sobre la concepción bipartita, de acuerdo con la cual solo se pueden distinguir dos elementos en la constitución del delito, uno objetivo constituida por el comportamiento exterior y uno subjetivo, relativo a  la voluntad o culpabilidad.

 De  acuerdo con esta corriente, la antijuricidad no constituye un elemento del delito, sino el delito en sí. Respecto a esta polarización de posturas, se infiere que normalmente son el acto, la tipicidad, la antijurídica, la imputabilidad y la culpabilidad, las características comunes a todo delito, destacándose que solo con la constatación positiva de esos elementos se puede decir que existe delito y su autor puede ser castigado con la pena que se asigne a cada caso en concreto al delito en la ley, pues si de manera contraria llegase a excluirse uno de ellos por concurrir alguno de sus elementos negativos, excluirán también a su vez la existencia del delito y por tanto de la responsabilidad penal del autor.

Sin embargo, se pudo evidenciar que la normativa penal vigente venezolana no estipula un concepto neto del término “imputabilidad”, sino que recoge sólo las causas de inimputabilidad que eximen de responsabilidad criminal, así como las eximentes incompletas que solo la atenúan, por lo que se determina que es necesaria una lectura en sentido inverso para poder tener una definición el concepto “imputabilidad”. Dentro de tales causas de inimputabilidad, se evidenció que tanto la doctrina como la normativa legal son contestes al proponer la minoría de edad y la enajenación mental suficiente como eximentes que excluyen la responsabilidad penal al sujeto.

No obstante, sería un error matizar en negro y blanco el aspecto de la responsabilidad penal, es decir, ceñirse únicamente al hecho de que un sujeto puede ser imputable o no, pues la doctrina ha señalado un punto intermedio entre la responsabilidad completa y su exclusión, lo cual ha sido catalogado como imputabilidad disminuida, en la cual se va a situar a las personas que no se encuentran ni completamente enfermos ni completamente sanos.

Cabe destacar que tanto la doctrina como la ley prevén también eximentes incompletas para aquellos casos en los cuales el sujeto activo ha perpetrado el hecho en un estado de privación de sus cabales debido al uso de sustancias alcohólicas (ordinal 3 y 5 del artículo 64 del código penal, año) o de drogas (ordinal 3 y 5 de la ley de drogas).

Pese a estas circunstancias de las cuales se hablan en el presente aparte, es de considerar que mismos factores como embriaguez y uso de drogas que en ciertos casos, como ya se explicó constituyen atenuantes, en otros, de manera muy contraria, constituyen formas de agravación de las penas (ordinal 1, articulo 64 del código penal y ordinal 1 del artículo 180 de la Ley de Drogas);

Pues  tal como lo señala la doctrina de juristas como (Grisanti, 2014), (Arteaga, 2006) o (Muñoz, 2008), la imputabilidad en estos casos va dirigida a la acción precedente a la conducta típica, acción precedente que genera el fundamento de la responsabilidad, pues si bien al momento de cometer el hecho delictivo las facultades volitivas e intelectuales del sujeto se encuentran comprometidas, fue su voluntad anterior de querer utilizar el alcohol o las drogas como medio facilitador para cometer el crimen, lo que lleva a acentuar su responsabilidad respecto a tal acto antijurídico.

 

CONCLUSIÓN

Se denota que la integración de los resultados obtenidos por varios sectores de la ciencia del hombre, es hoy absolutamente necesaria en la investigación de la conducta delictiva. Disciplinas como la sociología, la antropología, la genética, la psicología, la psiquiatría, entre otras más, proporcionan adecuada respuesta a las preguntas: ¿quién es el hombre que ha delinquido?, ¿cuáles son sus cualidades hereditarias?, ¿cuál es su biografía?, ¿por qué ha delinquido?, ¿dónde se cobija la causalidad?, ¿de dónde partieron la motivación y las ocultas fuentes de la conducta antisocial?. En resumen, contribuyen, sin lugar a dudas, a establecer la historiografía del delincuente y el análisis de la realidad cultural en la que prosperó, lo cual claramente es de relevancia para el derecho penal.  

En relación al recorrido teórico sobre el contenido de la responsabilidad criminal, puede afirmarse que no es posible agotarlo en un solo estudio, pues implica una gran disimilitud y variabilidad de temas intrínsecos. El punto central al respecto se refiere a la pregunta acerca de si la persona estaba en plenas facultades psicológicas y físicas en el momento de la comisión de un crimen, lo cual es resuelto con el concepto de imputabilidad, de acuerdo con el cual, si la persona se encuentra privada de la conciencia y libertad de sus actos, no podrá responder entonces por el hecho cometido.

Si bien la mayoría de personas diagnosticadas con un trastorno mental no llegará a delinquir o a desarrollar una trayectoria criminal, el caso  de llegar a hacerlo y solicitársele al psiquiatra forense una valoración que oriente sobre su imputabilidad, será preciso superar las evaluaciones psicopatológicas clásicas (aspectos cognitivos, afectivos, comportamentales, relacionales, psicobiográficos, sociales, estilo de vida, etc.) y otorgar también relevancia a variables sobre la motivación delictiva y crimino dinámicas, como el modus operandi, la relación existente con la víctima y las reacciones post-delictivas del imputado.

La importancia de la determinación de alguna enfermedad mental, trastorno o posible circunstancia que incapacite la conciencia del imputado, no radica en la etiqueta diagnóstica en sí misma, sino en ayudar a comprender y explicar la posible relación de la anomalía psíquica con el delito y, en su caso, poder determinar si la misma fue la causa que lo precipitó (afectación de la capacidad cognitiva y/o volitiva del imputado) o más bien solo puede decirse que lo modeló.

Del mismo modo que se percibe con nitidez el interés que temas como la conducta “anormal” del hombre y el aspecto subjetivo del delito han despertado a lo largo de los años, también es patente la gran incertidumbre que todavía hoy despiertan. Este último aspecto se refleja en múltiples aspectos: confusión conceptual y de criterios diagnósticos, dudas respecto al curso, pronóstico y posibilidades terapéuticas para los trastornos de la personalidad, escasez de recursos específicos para su tratamiento clínico y jurídico (Grisanti, 2014 y Mendoza, 1996).

En relación a ello, la reflexión inmediata que surge ante estas circunstancias es la necesidad de  profundizar en el estudio multidisciplinar de estas anomalías psíquicas de un modo  específico, no generalizador, que permita identificar las características descriptivas intrínsecas de cada uno de los subtipos de trastornos y que facilite la correcta labor de asesoramiento del psicólogo forense. 

Por último, se concluye y destaca que las ciencias periciales y el derecho son disciplinas que siempre ayudarán a satisfacer las necesidades de justicia y a lograr los fines del proceso penal, muy especialmente en la materia de imputabilidad, pues sobre esa determinación recae la responsabilidad o no del imputado, razón por la cual resulta indispensable conocer bien el tema, para de esa manera exista la buena praxis en el ejercicio del derecho y de la administración de justicia.

Los órganos jurisdiccionales y los funcionarios que integran el Sistema de Administración de Justicia, deben siempre dar cabida a las disciplinas auxiliares de ésta, en el caso específico, al peritaje psiquiátrico forense en los casos de determinar la responsabilidad del sujeto, para que de manera objetiva, racional, basado en principios científicos y demostrables en juicio se logre juicios justos donde prevalezcan los derechos y garantías fundamentales de cada ciudadano. En este sentido, (Delgado y Pérez. 2018) señalan que “Tanto la determinación de la edad penal como su disminución en ámbitos internacionales han sido objeto de un debate doctrinal punitivo, biológico, psicológico y social y aun así no se ha llegado a conclusiones satisfactorias”. (p. 34).

Es pertinente que las ciencias jurídicas se pongan de acuerdos en criterios como la edad, el sexo, para articular penas que sean coherentes a las mismas, de ese modo, el índice de criminalidad podría disminuir si los delincuentes perciben que son castigados según la proporción del delito cometido, en razón del contexto de edad y género, situación que además dignifica la persona humana por cuanto se emplea la equidad y justicia, en este sentido, (Aldana e Isea, 2018), plantean que “Desde la visión transcendentalista de la filosofía moral kantiana, el ser humano en compañía de sus semejantes cooperan para construir una sociedad basada en principios axiológicos orientadores del buen vivir” (p. 22).

La justicia debe ser garante de elevar la dignidad humana para propiciar el buen vivir, esto implica compaginar acciones con los diversos organismos públicos y privados, en pro de fomentar una educación preventiva que permita contribuir en la disminución de la criminalidad, y cuando sea cometido un delito, la sociedad tenga conciencian de la importancia que se castigue con prontitud y en proporción a la magnitud del mismo, de lo que se trata es de fomentar una ciudadanía protagónica.

 

REFERENCIAS CONSULTADAS

1.    Aldana Zavala, J., & Isea, J. (2018). Derechos Humanos y Dignidad Humana. IUSTITIA SOCIALIS, 3(4), 8-23. Recuperado de http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/119/101

 

2.    Arias, F. (2012). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. Episteme 5º edición. Caracas, Venezuela.

 

3.    Código Penal Venezolano (2015). Gaceta Oficial N° 6.078 Extraordinario del 12 de junio de 2015.

 

4.    Delgado Rincón, M., & Lorena, S. (2018). Sistema Sancionatorio Administrativo con Medidas de Protección Socio-Educativas para los Niños, Niñas y Adolescentes. IUSTITIA SOCIALIS, 3(4), 24-36. Recuperado de http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/120/102

 

5.    Farrington, D.P. (1996). Criminal career research in the United Kingdom. Bristish Journal of Criminology, 32, pp. 521-536.

 

6.    Garrido, V., Stangeland, P. y Redondo, S. (2006) Principios de Criminología (3ª. Ed). Valencia: Tirant Lo Blanch.

 

7.    González (2011). Trastornos de la personalidad: influencia sobre la conducta delictiva y repercusiones forenses en la jurisdicción penal. Trabajo de grado para optar al título de Doctor en Psicología Clínica y Salud. Universidad Complutense de Madrid. España.

 

8.    Grisanti H. (2014). Derecho Penal. Parte General. Editorial Vadell Hermanos.Venezuela..

 

9.    Haddad, C.A. y Busnelli, M.R. (2005). Trastorno borderline y su correlatoneurobiológico. Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, vol. 12.

 

10. Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2008). Metodología de la investigación (4ta ed.). McGraw-Hill. México.

 

11. Mercadillo, R., Díaz, J.L., Barrios, F. (2007). Neurobiología de las emociones morales. Salud Mental, vol. 30.

 

12. Mendoza J. (1996) Curso de Criminología. 9na Edición. Caracas, Venezuela.

 

13. Muñoz. F, (2008) Teoría general del delito, 4ª ed., Tirant lo blanch, Valencia, Venezuela.

 

14. Pavón. F. (2006) Imputabilidad e inimputabilidad, 3ª ed., Porrúa. México.

 

15. Redondo, S. y Pueyo, A. (2007). La psicología de la delincuencia. Papeles del Psicólogo, vol. 28, pp. 147-156.

 

16. Shuman, D. y Gold, L. (2008). Without Thinking: impulsive agresión and criminal responsability. Behavioral Sciences and the Law, 26, pp. 723-734.

 

 

REFERENCES CONSULTED

1.    Aldana Zavala, J., & Isea, J. (2018). Human Rights and Human Dignity. IUSTITIA SOCIALIS, 3 (4), 8-23. Retrieved from http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/119/101

2.    Arias, F. (2012). The research project: Introduction to scientific methodology. Episteme 5th edition. Caracas Venezuela.

3.    Venezuelan Penal Code (2015). Official Gazette N ° 6.078 Extraordinary of June 12, 2015.

4.    Delgado Rincón, M., & Lorena, S. (2018). Administrative Sanctioning System with Socio-Educational Protection Measures for Children and Adolescents. IUSTITIA SOCIALIS, 3 (4), 24-36. Retrieved from http://fundacionkoinonia.com.ve/ojs/index.php/Iustitia_Socialis/article/view/120/102

5.    Farrington, D.P. (nineteen ninety six). Criminal career research in the United Kingdom. Bristish Journal of Criminology, 32, pp. 521-536.

6.    Garrido, V., Stangeland, P. and Redondo, S. (2006) Principles of Criminology (3rd Ed.). Valencia: Tirant Lo Blanch.

7.    González (2011). Personality disorders: influence on criminal behavior and forensic repercussions in the criminal jurisdiction. Degree work to qualify for the title of Doctor in Clinical Psychology and Health. Complutense University of Madrid. Spain.

8.    Grisanti H. (2014). Criminal law. General Part Editorial Vadell Hermanos.Venezuela ..

9.    Haddad, C.A. and Busnelli, M.R. (2005). Borderline disorder and its biological-biological correlate. Alcmeon, Revista Argentina de Clínica Neuropsiquiátrica, vol. 12

10. Hernández, R., Fernández, C. and Baptista, P. (2008). Research methodology (4th ed.). McGraw-Hill. Mexico.

11. Mercadillo, R., Diaz, J.L., Barrios, F. (2007). Neurobiology of moral emotions. Mental Health, vol. 30

12. Mendoza J. (1996) Course in Criminology. 9th Edition. Caracas Venezuela.

13. Muñoz. F, (2008) General theory of crime, 4th ed., Tirant lo blanch, Valencia, Venezuela.

14. Pavón. F. (2006) Imputability and inimputability, 3rd ed., Porrúa. Mexico.

15. Redondo, S. and Pueyo, A. (2007). The psychology of crime. Papers of the Psychologist, vol. 28, pp. 147-156.

16. Shuman, D. and Gold, L. (2008). Without Thinking: impulsive aggression and criminal responsability. Behavioral Sciences and the Law, 26, pp. 723-734.

 

 

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